Tres nuevos nietos aparecidos y 18 sentencias judiciales –tres de ellas en juicios por apropiación– que se traducen en 121 condenados, fueron el saldo numérico del año que cierra respecto del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, un proceso que reconocidos juristas han catalogado como un ejemplo en la región y en el mundo. En comparación con los números del año pasado, hubo un leve crecimiento, no sólo porque hubo cuatro juicios más que los 14 que en 2014 llegaron a su fin, sino porque, según los datos del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en septiembre ya eran 68 los imputados condenados por primera vez, lo que superaba a los 61 que se registraron en todo 2014.

En las sentencias de este año hay algunos datos para destacar. El 13 de junio, en Tucumán, fue condenado un exjuez de la dictadura por primera vez. Manlio Martínez recibió el castigo por los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento en la investigación de la matanza de cinco militantes de Montoneros.

También hubo tres juicios por apropiación de menores durante la dictadura cívico-militar. En abril, Ana María Grimaldos fue condenada a seis años de cárcel por la apropiación de Javier Penino Viñas, nacido en la ESMA cuando su madre Cecilia Viñas estaba secuestrada, en 1977. En junio fue el turno del matrimonio apropiador de Florencia Laura Reinhold Siver, integrado por Juan Carlos Lavia y Serafina Marchese. El médico obstetra que falsificó el certificado de nacimiento, Francisco De Luca, fue condenado a cinco años de prisión.

El 21 de diciembre terminó el tercer juicio por esos delitos por la apropiación de Pablo Athanasiu Laschan. El matrimonio formado por el expolicía federal Enrique López y su esposa Carmen Saunier fueron sentenciados a ocho años y seis meses y cinco años respectivamente, y el excomisario entregador del bebé, Juan Dib, a 7 años y seis meses de prisión.

La semana anterior terminó el juicio que se sustanciaba por escrito (Código Penal viejo) en la causa Área Paraná por crímenes cometidos en esa ciudad contra 53 víctimas. La sentencia del juez de primera instancia Leandro Ríos, que se demoró mucho tiempo, dejó siete condenados, pero seis de ellos con penas muchas más bajas que las pedidas por los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti. Algunas penas fueron muy bajas y dos de los condenados fueron liberados tras la sentencia. La pena más alta fue a perpetua al ayudante de la Policía Federal Cosme Ignacio Marino Demonte, y la más baja, a tres años de ejecución condicional.
 

Lo que resta

Entre los juicios restantes se destaca el juicio por la muerte de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, conocidos como los "Mártires de Chamical", en el que la justicia riojana condenó al exalférez Ángel Ricardo Pezzetta a prisión perpetua.

El 19 de octubre, el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata dictó otro fallo ejemplar cuando condenó a ocho marinos y agentes de Prefectura de la zona de La Plata por la persecución y tortura de trabajadores portuarios y obreros de empresas de La Plata, Berisso y Ensenada.

El 10 de abril pasado, la justicia de San Luis dictó la sentencia más contundente del año: 28 represores fueron condenados, nueve de ellos a prisión perpetua, mientras que el resto recibieron penas de 3 a 20 años de cárcel. Se investigaron los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, asociación ilícita, violación y encubrimiento.

Además hubo sentencias por crímenes en el circuito represivo de Junín, Campo de Mayo, Formosa, Córdoba –otra vez Luciano Benjamín Menéndez–, Salta, la zona norte bonaerense –en la causa “Saint Amant”–, Jujuy, San Martín, Catamarca y Bahía Blanca. Los números globales desde la reapertura de las causas hasta ahora, según la Procuraduría, son importantes: 679 imputados sentenciados (622 condenados y 57 absueltos), 883 personas con procesamiento, 57 prófugos y 227 imputados que fallecieron impunes.