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05 DE DICIEMBRE DE 2024
Su padrastro y su madre arriesgan penas de prisión perpetua por haber matado a la nena a golpes.
Claudia Rivas, abuela materna de Luciana, denunció que pidió reiteradas veces la custodia de la pequeña pero no le hicieron caso (Foto: gentileza Sitio Andino)
Hoy comenzará en la Séptima Cámara del Crimen el debate de la causa por la muerte de Luciana Rodríguez, la pequeña que falleció el 15 de enero de 2014 a causa de múltiples golpes. Están imputados el padrastro de la nena, Jorge Orellano, y su madre, Evelin Rodríguez. Ambos arriesgan la pena de prisión perpetua.
La fiscal de Instrucción de Capital, Daniela Chaler, lideró la investigación y, en ese marco, tomó numerosas declaraciones a testigos y realizó pericias psicológicas y psiquiátricas a los imputados, las que determinaron que Orellano y Rodríguez fueron plenamente concientes de sus actos. Así, el padrastro de la pequeña está imputado por homicidio agravado por alevosía, mientras que su madre quedó imputada por homicidio agravado por el vínculo en omisión impropia, es decir que la fiscal consideró que, si bien no participó en las golpizas, no hizo nada para detenerlas. Ambos arriesgan una pena de prisión perpetua.
Una muerte evitable
El 15 de enero de 2014 Luciana Rodríguez fue trasladada a la clínica Santa María, en Capital, por su padrastro. Pese a los esfuerzos médicos, la pequeña murió y, según los resultados de la autopsia, la causa del fallecimiento fueron las múltiples lesiones que presentaba la nena.
Horas después de la muerte, su madre y su padrastro fueron detenidos e imputados por la doctora Chaler. Además, la fiscal especial Claudia Ríos abrió una investigación de oficio e imputó a seis trabajadores de la Dirección de Niñez y Adolescencia (Dinaf) que tuvieron intervención en el caso, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La razón fue que se comprobó que el sistema de protección recibió diez denuncias por los malos tratos que sufría la pequeña. La abuela de la nena y su tía denunciaron ante los medios de comunicación que la Dinaf restituyó a la pequeña a su hogar, cuando habían advertido sobre la violencia que padecía.
Esta causa aún está pendiente de resolución.
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