La resolución acerca de la naturaleza de las firmas del exmandatario Néstor Kirchner (de puño y letra o apócrifas) en los documentos de Hotesur podría resultar una complicación en las causas que acusan a su familia de corrupción. Aunque el resultado de los peritajes aún no llega a manos de la justicia y su veredicto final se desconoce, varios medios se han apresurado en anunciar que confirmarían una adulteración dolosa para encubrir negocios irregulares y lavado de dinero.

El cuerpo de peritos caligráficos designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, compuesto por Juan Santiago Rattaro (por la Corte), Alejandro Centofanti (por la Policía Federal) y José María Buitrago (por la defensa), se aproxima a la fecha de presentación del informe final. Éste fue solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien justificó la medida aclarando que hay sospechas de "inscripciones originales que lucen en las fojas tachadas, raspadas o tapadas con corrector líquido".

Las peripecias de los documentos bajo la mira se iniciaron en julio de 2015 cuando el juez Claudio Bonadio allanó las oficinas de la sociedad Hotesur. En este momento, la sobrina del matrimonio Kirchner y presidenta de la empresa pidió 48 horas para entregar los papeles a la justicia.

En noviembre del mismo año, la causa cambió a manos del juez Daniel Rafecas, quien permitió a la defensa llevarse las cajas bajo custodia de la prefectura con el fin de fotocopiar los documentos. Es en este hecho en el que se basan Margarita Stolbizer (como denunciante) y el fiscal Carlos Stornelli para señalar la sospecha de adulteración de estos documentos, borrando e incluyendo firmas, en diciembre de 2015.

Al mismo tiempo, los representantes de Hotesur solicitaron ante la Inspección General de Justicia (IGJ) un cambio societario que, según especificaron en el pedido, se había dado nueve meses antes. El trámite fue denegado por irregularidades.

En febrero de 2016, el juez Rafecas rechazó las denuncias de la diputada nacional y el fiscal Stornelli aludiendo que sólo buscaban "sembrar dudas donde de modo alguno las hay", y aseguró que "toda la documentación correspondiente a estas actuaciones se encuentra bajo estricto resguardo". A la vez, el magistrado se declaró incompetente para la causa, recayendo la responsabilidad de la investigación sobre el juez Julián Ercolini.

Ya con un nuevo juez a la cabeza –el tercero que transita por la causa–, el fiscal Pollicita ordenó el 10 de agosto el peritaje caligráfico con un plazo máximo de resolución de un mes pero, iniciado el trabajo, los especialistas pidieron una ampliación de plazos, ya que sólo habían podido avanzar sobre el 2 % de las 380 cajas secuestradas. La respuesta del fiscal fue afirmativa y se añadieron 3 meses de plazo, fecha próxima a cumplirse.