Un solo gatillazo le bastó a Walter García Lenis para terminar con la vida de Franco Díaz, de 19 años, y herir de gravedad a Johana Jacquelina Flores, de 27 años, el 5 de mayo de 2012, hechos por los cuales desde el último viernes cumple condena perpetua en la Penitenciaría Provincial, luego de que la Primera Cámara del Crimen lo encontrara “autor, culpable y responsable” de los mismos. También fue inhabilitado de por vida de sus funciones.

La magnitud del operativo policial que tuvo lugar ese día en las inmediaciones de una vivienda ubicada en el Barrio Palumbo de Godoy Cruz, mientras se realizaba una fiesta, auspició el fatídico escenario que con frecuencia recrea la Policía provincial contra jóvenes de sectores populares.

Aquella noche, tras recibir reiteradas denuncias por “ruidos molestos”, la Comisaría 40 y la Unidad Especial de Patrullaje de Godoy Cruz aunaron esfuerzos con el fin de dispersar a las personas que participaban del festejo. Dicho despliegue causó impactó entre los jóvenes e inmediatamente trataron de resistir el ingreso de los policías a la casa, quienes respondieron con balas de goma.

El descontrol, lejos de ser apaciguado, fue en aumento, por lo cual llegaron al domicilio más refuerzos policiales, entre los que se encontraba García Lenis. El ahora ex agente de la unidad de patrullaje llevaba un año y medio de servicio en la fuerza y había actuado en otros operativos similares; es decir, conocía los procedimientos establecidos en la ley orgánica 6722 que señala el uso de arma de fuego como último recurso de la intervención policial y solo cuando sea el único medio idóneo para proteger la vida o integridad física de las personas involucradas en dicha situación.

Sin embargo, García Lenis no dudó en cargar su arma reglamentaria y disparar en dirección a la fiesta desde la ventanilla del móvil en que se transportaba como acompañante mientras transitaba frente a la puerta de la casa. El proyectil alcanzó a Franco –ingresó por su mentón y salió por su nuca– para desembocar segundos después en el maxilar de Jacquelina.

Así consta en la investigación que dio instrucción a la causa, corroborada por la mayor parte de los 69 testigos que entre el 6 y el 7 de agosto brindaron testimonio ante el Tribunal de la Primera Cámara del Crimen. Muchos de ellos –amigos de la víctima, peritos y principalmente la sobreviviente de esa noche, Jacquelina Flores– ya habían hecho su aporte durante la etapa de las indagatorias.

La fiscal de Cámara subrogante, Claudia Ríos, alegó que ambas instancias le dieron “la certeza” de que la bala que hirió de muerte a Franco y que dejó secuelas permanentes en Jacquelina salió del arma de García Lenis. Pero principalmente, en correspondencia con la querella, evidenció que durante los disturbios de aquella noche no existieron motivos para que el efectivo policial disparara. “García Lenis sabía que si disparaba podía causar la muerte, actuó con desprecio a la vida humana”.

El tribunal hizo lugar de manera unánime al pedido de la fiscalía: Walter García Lenis fue condenado a prisión perpetua y separado de sus funciones por el resto de su vida. Es un fallo que pasa a reconocerse como “histórico” en la larga historia de violencia institucional y e impunidad que se reconoce en las fuerzas de seguridad en la  provincia.




Una condena histórica

La sentencia fue considerada “un importante avance institucional” por los abogados de la Asociación de Derechos Humanos Xumek, que representaron a la familia de Franco Díaz y a Jacquelina Flores. “No creo que sea posible hablar de condenas ejemplares, pero fue un fallo muy significativo”, dijo el Dr. Sergio Salinas con referencia a Mendoza, al aludir a la violencia institucional constatable en todo el país, con la mayor parte de los casos sin resolver.

El doctor Diego Lavado había celebrado desde la audiencia de los alegatos “el cambio de actitud de la Policía de Mendoza por la manera en que trabajó durante los peritajes y las indagatorias” del crimen de Franco, en comparación con otros hechos de gatillo fácil en los cuales se ha ocupado de falsear pruebas. Uno de los más recientes es el asesinato de Jonathan Chandía en 2006, cuyo homicida fue condenado a perpetua, pero la patota que pretendió encubrirlo permanece libre y sin investigar.

“Pienso que esta vez hicieron las cosas como deben hacerlas, los entiendo como los principales acusadores de García Lenis”, dijo Lavado. Para el abogado, el cambio de actitud de la policía mostró un indicio de aprendizaje que surge de una larga historia de arbitrariedad y abuso institucional.

Las vueltas de la Justicia

El juicio contra Walter García Lenis se desarrolló durante cinco audiencias. Las tres primeras mantuvieron en vilo a la Asociación Xumek y a la Campaña Contra la Violencia Institucional hasta el turno de los alegatos, cuando la fiscal decidió ceñirse a la investigación inicial y solicitó al tribunal presidido por Víctor Comeglio la pena de prisión perpetua para el policía imputado.

Previamente, durante la etapa testimonial, se había escuchado el testimonio de un testigo de identidad reservada que contradecía la investigación oficial, tendiente a desvincular a García Lenis del asesinato. La ambigüedad del relato, sumado a reparos sobre el desempeño que presentó la fiscal en la primera parte del proceso, llevó a que el abogado querellante, Lucas Lecour, expusiera su preocupación en los medios de comunicación.

En diálogo con Radio Nacional Mendoza y Edición UNCuyo, Lecour explicó que Ríos fue quien otorgó la prisión domiciliaria a García Lenis durante la imputación. Además, denunció que durante los debates “se comportaba  más como defensora que como funcionaria del Ministerio Público”.

Días antes a la lectura de los alegatos, en entrevista con esa radio, el referente de la mesa nacional de la Campaña Contra la Violencia Institucional, doctor Alfredo Guevara Escayola, advirtió que si la fiscal no reveía su actitud promovería su destitución. También planteó la posibilidad de pedir que se investigue al fiscal Javier Pascua, quien intervino en la causa y a último momento se abstuvo de presentarse en el juicio.

Guevara representó a la familia de Díaz y a Jacquelina Flores hasta septiembre de 2012 y conoció en detalle la investigación que desde el inicio ubicó al policía García Lenis como responsable directo del crimen. “Evidentes y forzados” le resultaron aquellos intentos de enmarañar las pericias surgidas desde la indagatorias.

Además de hacer un recorrido por las pruebas, el abogado recordó en esa nota que fueron el subcomisario Francisco Verna –a cargo del operativo esa noche– y el comisario Juan Carlos Calleri –jefe de la Policía de Mendoza– los primeros que hicieron la denuncia y dijeron quién había sido el autor del disparo que mató al joven y lesionó a Jacquelina. Más tarde esto fue ratificado por otros policías y testigos.

Si bien se trató de un juicio corto, la intensidad de los giros en su desarrollo empañó por momentos la expectativa del desenlace justo. Durante la etapa de los alegatos, la fiscal Claudia Ríos se ciñó a nuevamente a la investigación de la causa y la vuelta final fue para el lado de la Justicia.

La recurrencia política

Durante la entrevista radial se consultó a Guevara sobre las responsabilidades políticas que habilitan que los casos de gatillo fácil queden impunes en la provincia. El abogado explicó que las situaciones de violencia institucional implican también al poder judicial, no solo al poder político a través de la policía.

Acerca de la ausencia de reconocimiento oficial a las recurrentes ejecuciones policiales a jóvenes de barrios populares, Guevara sostuvo que “está claro que no son casos aislados y es una idea reiterativa del poder político en serio de Mendoza, no solo del gobernador y otros funcionarios”.

El 6 de mayo de 2012, el gobernador Francisco Pérez y el Ministro de Seguridad Carlos Aranda interpretaron públicamente el asesinato de Franco Díaz como “un caso aislado”. El 10 de agosto siguiente, Maximiliano Ríos, de 16 años, fue asesinado mientras dormía por tres balazos de policías del GES que ingresaron a su casa en Las Heras con una orden de allamiento. Tres meses después, el 12 de noviembre, un policía confundió a Ezequiel Torres con un ladrón y le disparó, lo que provocó su muerte inmediata.

“La complicidad es del poder real. Siempre fueron recurrentes. Eran recurrentes sobre todo en el gobierno de Cobos, donde había un discurso mucho más parecido al de Rico, al de Carlos Rico Tejeiro y al de Aldo Rico. Y también el Partido Demócrata, que tenido hasta hace muy poco a un represor en el Ministerio de Seguridad”.




“Justicia era lo único que pedíamos”, expresaban mientras se retiraban de Tribunales la abuela, el papá y el hermano de Franco Díaz una vez dictada la sentencia contra Walter García Lenis. Luz Torres, Roque Díaz y Marcelo Díaz se acompañaron durante todo el juicio, atentos a darse fuerzas unos a otros ante los insólitos giros que, por momentos, hicieron dudar de la posibilidad de justicia.