En Mendoza hay 60 conflictos por la tierra entre productores familiares y privados, la mayoría de los cuales están judicializados. Esta situación ha provocado que muchos puesteros estén imputados por usurpar la tierra donde habitan y producen desde hace generaciones. Aunque existen conflictos en todos los departamentos, estos se concentran en Lavalle, el Valle de Uco y el sur, según datos de la delegación Mendoza de la Subsecretaría de Agricultura Familiar.

La problemática, que se replica en todo el país, tiene múltiples causas. Algunas de las más relevantes son los cambios que se registraron en la estructura agraria en las últimas décadas. En el libro La Argentina Rural, el geógrafo e investigador del Conicet, Marcelo Sili, asegura que la concentración de tierra en manos de empresas nacionales y extranjeras perjudicó la expansión y el desarrollo de la agricultura familiar, ya que impuso un modelo extensivo y mecanizado, con menos necesidad de mano de obra, de población y de infraestructura social.

Estos cambios en la estructura agraria tuvieron un impacto profundo para los 25 mil productores familiares locales. Si se comparan los resultados de los censos agropecuarios de 1988 y 2002, Mendoza perdió 4565 explotaciones productivas.

La falta de estadísticas sobre esta problemática es uno de los puntos débiles para buscar soluciones. Para intentar superar esto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación publicó en 2013 los resultados del Relevamiento y Sistematización de Problemas de la Tierra, que individualizó 857 situaciones de conflicto –32 de los cuales corresponden a Mendoza–, que afectan a 63 843 familias de agricultores familiares. Esta fue una muestra, ya que sólo se consignaron algunos de los casos existentes en cada provincia.
 

En conflicto

La referente del Programa Agua, Tierra y Hábitat de la delegación Mendoza de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Mariana Díaz Valentín, confirmó que en la provincia existen unos 60 conflictos judicializados entre campesinos y privados. Aseguró que la problemática se agudizó en los últimos años por el avance del modelo de monocultivo, con una producción masificada y con las ganancias como único faro.

La ingeniera agrónoma explicó que esta nueva estructura agraria provocó el corrimiento de la frontera agrícola y el desalojo de familias campesinas, que aumentaron los cinturones de pobreza de las zonas urbanas. Y destacó el papel clave que tienen los agricultores familiares, ya que producen un gran porcentaje de los alimentos que la sociedad consume, con respeto por el medio ambiente.

Díaz Valentín explicó que en los últimos diez años se pusieron en marcha políticas públicas para fortalecer al sector de la agricultura familiar, que durante muchos años estuvo atomizado y no tenía voz en las mesas de decisión. La Subsecretaría puso en marcha talleres de capacitación, para que las personas conozcan sus derechos, además de tener un rol activo cuando se desata un conflicto.

La profesional explicó que uno de los conceptos que trabajan en los talleres es justamente el modo de convertirse en dueños de la tierra. De acuerdo con las leyes argentinas, es tan importante un título de propiedad, como la posesión veinteañal, es decir, haber vivido pacíficamente y producido en forma ininterrumpida durante ese lapso en el mismo lugar.

La ingeniera agrónoma recalcó que a nivel nacional y provincial se aprobaron leyes clave, como la de Arraigo o la de Agricultura Familiar, la que frenó por tres años los desalojos. Pese a esto, señaló que es necesario seguir trabajando, ya que por falta de recursos no se concretó un programa de regularización de tenencia de la tierra.
 

Usurpar la propia tierra

La familia de Emilio Maturano se instaló en puesto Estación Jocolí, en Lavalle, en el 33. Desde ese momento crían ganado, cultivan la tierra y trabajan en forma comunitaria junto a otras 40 familias. En 2011 perdieron la tranquilidad cuando un privado reclamó como propio el campo e intentó instalarse allí. Los campesinos defendieron sus derechos, pero terminaron imputados por amenazas, por portación de armas –sus cuchillos– o por usurpación de la tierra que sienten como propia.

Emilio se lamentó de que la lucha sea tan desigual. Dijo que la Justicia siempre ampara a quien tiene los recursos económicos o un supuesto título, sin dar importancia a quienes viven y trabajan la tierra desde hace generaciones.

El puestero explicó que la comunidad está organizada y que defenderá sus derechos porque quieren conservar su forma de vida y de producción comunitarias. Dijo que si se dejan avasallar, el único camino es migrar a los cinturones de pobreza de la ciudad.

Diego Montón, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST), explicó que la mayoría de los conflictos se concentra en el sur provincial y que 30 puesteros de la organización fueron imputados por distintas causas, entre ellas, usurpación o amenazas. Montón apuntó contra la Dirección Provincial de Catastro. Dijo que no cumple con los protocolos necesarios a la hora de visar planos, mensuras y certificados catastrales en los casos en que la gente no tiene la posesión.

El ingeniero agrónomo explicó que los campesinos se enfrentan a especuladores inmobiliarios, algunos de los cuales representan a capitales extranjeros. Coincidió en que la mirada judicial privilegia a quienes dicen tener un título, sin tener en cuenta a quienes tienen la posesión de la tierra.

Hay 60 conflictos entre campesinos y privados, latentes en todo el territorio provincial. Son 60 conflictos que pusieron en jaque la forma de vida y de producción que desde hace generaciones mantienen los productores familiares.