Día de la Memoria: 24 imágenes de un 24 de marzo histórico

Sociedad

Con ese objetivo, la Secretaría de Derechos Humanos, que encabeza Horacio Pietragalla Corti, "lleva adelante, desde su creación, un trabajo muy importante en el acompañamiento de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas", destacó la funcionaria. "Nunca hay que quedarse con los brazos cruzados. Para Argentina, Memoria, Verdad y Justicia es una política de Estado que funciona en las distintas agencias. Estamos desde la Secretaría, la Cancillería y cada embajada trabajando con esa función. No se deja todo en manos de las víctimas", subrayó Pochak.

Para ello, la subsecretaria consideró que fue necesario "mucho activismo" para impulsar los juicios en otros países. Destacó el trabajo del movimiento de derechos humanos en la Argentina, que "ha tejido a lo largo de los últimos 40 años redes importantes", como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

"En la Argentina, tenemos mucha experiencia con abogados de Alemania, España e Italia, que lograron aplicar el principio de jurisdicción internacional en sus países", apuntó.

La funcionaria recordó el caso del exteniente de la Armada Argentina Roberto Guillermo Bravo, que se encuentra "claramente identificado" por participar en los fusilamientos cometidos en la Masacre de Trelew, en agosto de 1972. Bravo "fue el único que no pudo ser juzgado porque se fugó a Estados Unidos", donde hasta el momento continúa gozando de la impunidad, aunque pesan sobre él un pedido de extradición y una demanda civil impulsada por los familiares de las víctimas de Trelew y organizaciones de derechos humanos. "Como Estados Unidos no lo extraditó nunca, se esta intentando realizar un juicio civil. La sanción que se prevé no es de prisión, sino que la pena puede ser quitarle los documentos, expulsarlo del país y una sanción económica. Ese proceso oral y público se iba a realizar en febrero o marzo, pero se suspendió porque se alegaron razones médicas", contó.

También citó el antecedente del exagente del Batallón 601 de Ejército argentino Aníbal Teodoro Gauto, residente en Israel e imputado por la Justicia Federal de La Plata por su participación en los crímenes que se perpetraron en el centro clandestino de detención ilegal denominado como "La Cacha". El problema es que, en el año 2003, logró fugarse al Estado hebreo, donde cuenta con la ciudadanía, lo que posibilitó evitar comparecer ante los tribunales argentinos. "Hay grupos de activistas que están impulsando que Israel lo juzgue o le quite la ciudadanía. Él mintió y dijo que no estaba siendo investigado por ningún delito para ingresar en el país, y esa declaración migratoria es trucha. Ese es uno de los argumentos para que lo envíen de regreso a Argentina", apuntó Pochak.

Por su parte, el Coordinador del Equipo Jurídico de Abuelas, Emanuel Lovelli, explicó que, durante los años 80 y 90, hubo "muchas familias apropiadoras" que se escaparon a diferentes países con los menores. Uno de los destinos más frecuentes fue Paraguay, donde el gobierno de facto de Alfredo Stroessner "se mantuvo durante mucho tiempo".

"Los procesos extraditorios son muy complejos y engorrosos porque tiene que haber un convenio entre los países; si no, se dificulta, porque hay trabas de las que se benefician quienes cuentan con la condición de ciudadanía. Por eso, es muy importante mantener vigentes las alertas migratorias", explicó el letrado. Lovelli fundamentó que, "sin dudas, debe haber muchos nietos desaparecidos en el exterior" que todavía no recuperaron sus verdaderas identidades.

De hecho, desde Abuelas y Cancillería, se impulsa la campaña "Argentina te Busca", dirigida a aquellos nietos que pueden permanecer en el extranjero, y que tiene el objetivo de encontrar a los 350 niños nacidos en cautiverio que siguen desaparecidos. "Sabemos que hay nietos en el exterior, se han encontrado en Estados Unidos, España, Holanda. Algunos se fueron por propio impulso y hay quienes fueron llevados y criados sin la posibilidad de acceder a estas noticias. Luego se acercaron a Abuelas, o se los notificó por una causa judicial por la que se investigaba su origen y era necesaria una prueba de ADN", afirmó.

El abogado apuntó que, aunque ha pasado mucho tiempo y es cada vez más difícil encontrar justicia , "no se pierden las esperanzas de hallar a los nietos y de que los represores prófugos sean juzgados". "Con respecto a las nietos, Abuelas sigue con la campaña muy fuerte de difusión y transmitiendo el mensaje para que se pueda encontrar a todos o la mayor cantidad posible", completó.