La Justicia Provincial y la Federal cuentan con 330 solicitudes de presos que han pedido la prisión domiciliaria. La mayoría de quienes la solicitaron son internos que han cometido delitos contra la integridad sexual, ya que gran porcentaje de los alojados en cárceles locales que superan los 60 años son los que han cometido violaciones, abusos y crímenes gravísimos, y están cumpliendo largas condenas.

De todas formas, que hayan hecho el pedido no quiere decir que se les otorgó el beneficio. De hecho, la mayoría de los internos que están gozando de prisión domiciliaria están condenados o procesados por robos y hurtos.

Jornada tensa tras protesta de los internos de la cárcel de Boulogne Sur Mer

Internos del penal de Boulogne Sur Mer realizaron este lunes una protesta en los techos de la cárcel de Capital para reclamar mayores medidas de salubridad ante el avance del coronavirus. La protesta se centró en la aplicación de protocolos de salud en los complejos penitenciarios, incluyendo entrega de elementos de limpieza.

“En mi juzgado hay 72 pedidos y se han otorgado 17 prisiones domiciliarias. Y este 25 % es el que se repite en casi toda la Justicia. Principalmente han recibido el beneficio los que han cometido delitos contra la propiedad”, explicó el juez de Ejecución Penal Provincial, Sebastián Sarmiento, a diario Los Andes. Con respecto a las solicitudes, agregó: “Los condenados por delitos sexuales pertenecen a la franja etaria que va de los 35 a los 60 años y son los que más pedidos han hecho, pero no se los hemos otorgado. Muchos han desistido en el camino porque en el domicilio que indicaron no los quiere recibir, porque en estos casos hay un rechazo muy fuerte del núcleo familiar. Además, tenemos en cuenta el interés de la víctima y los informes. También han sido rechazados algunos que ponen domicilios que están en peores condiciones que la cárcel”.

Abrieron un canal de diálogo para analizar pedidos de los internos

Luego de los reclamos de internos e internas de dos penitenciarías de Mendoza se abrió un canal de diálogo. Acordaron sentarse a dialogar integrantes de la Justicia, del Servicio Penitenciario y de organizaciones de derechos humanos para analizar los reclamos de las personas privadas de libertad.

Es que tras el hábeas corpus colectivo presentado por la ONG Xumek al que dio lugar el juez penal Sebastián Sarmiento el 30 de marzo y la resolución de la Cámara de Casación Penal Federal, se ampliaron los parámetros para otorgar la prisión domiciliaria. Antes solo se le daba a un interno que cursaba un enfermedad terminal o necesitaba un tratamiento específico. Ahora, por el riesgo del COVID-19, la hipertensión, la diabetes, el EPOC y tener más de 60 años han pasado a ser factores de riesgo. De todas formas, siempre se analiza caso por caso y el juez determina si es pertinente.

Con respecto a la Justicia Federal, en Mendoza hay 835 detenidos, y en todo Cuyo, 1126. En Almafuerte hay 625 internos: 569 hombres y 56 mujeres. El resto de los detenidos federales están distribuidos en cárceles provinciales (San Felipe, Boulogne Sur Mer y El Borbollón). Hasta el momento, se han concedido 35 prisiones domiciliarias. 

“A nivel país, se han otorgado el 10 % de prisiones domiciliarias con respecto a la población carcelaria, y en Mendoza no llegamos al 5 %. De los 800 detenidos, el 10 % es población de riesgo. La mayoría de las concedidas son internos con delitos que tienen que ver con las drogas”, detalló el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Juan Ignacio Pérez Curci. Desde el Ejecutivo provincial, aclararon que no están de acuerdo con las prisiones domiciliarias, salvo que lo amerite la situación y lo apruebe un juez. “El mero hecho de estar en grupo de riesgo no implica que esa personas vaya a salir de la cárcel. Se tiene que tener en cuenta el tipo de delito, la situación particular y la voz de la víctima”, señalaron desde la Casa de Gobierno.

Fernández avaló la domiciliaria para presos comunes por el coronavirus

En medio de un clima de tensión en las cárceles del país, con motines y enfrentamientos dentro de los establecimientos, el presidente Alberto Fernández avaló que los presos comunes que integren los grupos de riesgo de contagio de coronavirus​ salgan de prisión y accedan al beneficio de la domiciliaria.