El largo camino hacia una nueva Ley de Educación Provincial

Que Mendoza estaba necesitando una amplia y abierta discusión de la que emergiera un anteproyecto de ley serio para llegar a la sanción de una nueva ley provincial de educación, no hay dudas. Claro está que no podíamos seguir funcionando en materia de educación con una ley que, nacida en el 2002 al amparo de la Ley Federal de Educación, presenta claras contradicciones respecto a varios aspectos regulados por la Ley de Educación Nacional vigente, sancionada en 2006.

Que el anteproyecto actual que ha llegado para su análisis a los establecimientos educativos y que culminará en dicha ley tiene, entre otros aspectos, una gran oportunidad de dinamizar las toma de decisiones  democratizando la gestión  al interior de las instituciones y no ha logrado cubrir esas expectativas, ya sea por falta de iniciativas al respecto o intencionalidades subyacentes, es una realidad imposible de ser negada.

¿Y, entonces, por qué no? De la lectura del anteproyecto se puede tener una mirada auspiciosa sobre la escucha de voces que exceden a la del propio gobierno, eso es un gran paso ya que se crean distintos órganos consultivos con participación de diferentes sectores de la sociedad relacionados con la educación.  Ahora bien, aunque muchos de los planteos a lo largo de todo el anteproyecto enfatizan el carácter cooperativo del trabajo en cada nivel educativo y administrativo, intentando romper encapsulamientos y abordajes parcializados típicos del Sistema Educativo decimonónico, vislumbrándose el tendido cada vez más rico de redes de cara a la complejidad de lo educativo; no se ha avanzado hacia mejores y mayores niveles de participación al interior de las instituciones educativas, en el contexto de una política instrumental descentralizada que da mayores espacios de autonomía a las provincias y a sus unidades básicas de funcionamiento.

Es evidente la ausencia en el anteproyecto y, por ello,  lo fundamental de su inclusión dentro del órgano de gobierno institucional, de consejos escolares, como espacios de participación de las comunidades educativas, conformados por claustros que representen a los distintos actores institucionales (padres, docentes, no docentes, alumnos y el equipo directivo). Esos consejos podrían tornarse en órganos resolutivos respecto a tomas de decisiones fundamentales que deben llevarse adelante. Esta es una discusión que ha estado ausente en los distintos debates acerca de este anteproyecto pero que no puede estarlo en el marco de una tendencia general hacia gestiones abiertas y democráticas. Se está perdiendo una oportunidad histórica de hacer efectivos planteos que sí marcan la necesidad de democratizar pero que terminan siendo generalidades que, en la práctica de gestión institucional, no se hacen efectivas, perdiéndose como meras intenciones.

Para una sociedad que se pretenda democrática, la participación es consubstancial a su esencia. Es en el marco de un proceso de reforma educativa en que la educación y, específicamente, el funcionamiento de las instituciones educativas, en sintonía con las transformaciones políticas, socioculturales a nivel local y mundial, requiere romper la estructura jerárquica tan enraizada en las dinámicas de gestión.

La educación constituye una política de Estado, plasmada en la ley y es la herramienta fundamental en la formación de la ciudadanía democrática. Formar en democracia implica generar mecanismos de participación que garanticen que lo que se enseña es lo que se practica en el seno de las propias instituciones.