¿Cuál ha sido históricamente la realidad de los trabajadores rurales en la provincia?

La realidad del trabajador rural en Mendoza tiene directa vinculación con lo que sucede a nivel nacional, con la particularidad de que la economía local se asienta en la producción agrícola. En ese sentido, me refiero a que la realidad de los trabajadores rurales ha sido totalmente silenciada. Los estados nacionales, provinciales y municipales durante décadas no estuvieron presentes en el territorio. Cuando se derogó el estado de derecho, pasó a regir lo que se conoce como “la ley del patrón de estancia”, donde la norma la marca el dueño de la tierra y la maquinaria.  

En la provincia la realidad del trabajador ha sido ocultada a la par que se hablaba de “la Mendoza productiva, pujante” en donde el eje estaba puesto sobre los productores y nunca sobre el trabajador. Aun existen  condiciones de vida paupérrimas, trabajadores a los que se les paga con fichas - en muchos casos obligados  a comprar con esas mismas fichas en los locales de los patrones -, carpas en lugar de viviendas dignas, etc.

Otra realidad es la complejidad que trae a nuestra economía regional el tipo de mano de obra intensiva que se requiere. Por ejemplo, el alto flujo migrante que llega a la provincia para trabajar queda expuesto a graves situaciones de  explotación por la falta de documentación.

¿Cuál ha sido la representación de estos trabajadores o la manera en que se han organizado?

En Mendoza se dio la particularidad de que hay diferentes  experiencias históricas dependiendo de los sectores. A nivel nacional tenemos la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que nace al calor del primer peronismo con el primer Estatuto del Peón Rural y con la sanción de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario. La UATRE tuvo sus picos en los gobiernos peronistas a través de los grados de organización que iba presentando. Después los cambios de proyectos políticos en el país repercuten en la provincia respecto a la organización y en el grado mismo de representación. 

El último tiempo ha sido peor aún. Es cuando el propio sindicato pasó a darle la espalda a los trabajadores, siendo que el sindicato es el que tiene que controlar y hacer cumplir la ley.  Cuando estaban a cargo del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Rurales (ex RENATRE, hoy RENATEA), no solo no aumentaron los niveles de registración sino que estaban en connivencia con las mismas patronales agropecuarias.

En Mendoza tenemos la historia de un sector de los trabajadores que es una figura particular porque no se da en todas las provincias, la del contratista de viña – el trabajador que está bajo relación de dependencia, cobra un salario pero también accede a un porcentaje de la producción-. Esta figura se impuso por el alto grado de organización de los trabajadores, tanto que en la década de los 70  impulsó la Ley del Contratista de Viña. Con la dictadura este sindicato fue muy golpeado. Recién hoy los trabajadores de La Consulta recuperan la sede que les fue arrebatada en esos años.

En los 80 y los 90, con el impacto de la políticas neoliberales sobre el sector, el sindicato sufrió un retroceso respecto a la cantidad de afiliados. En los últimos años se da un gran crecimiento, la dinámica vuelve a surgir, se percibe un avance en la organización de los trabajadores. Hoy analizan la posibilidad de acceder a una bodega para gestionarla de manera cooperativa.

Otro sector que trabaja fuertemente y que ha logrado una ingeniería institucional interesante a partir de la política del gobierno nacional, es la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA).  Hace muy poco consiguieron firmar un convenio de corresponsabilidad gremial que permite que los aportes de todos los trabajadores se tramiten de manera conjunta en un momento determinado con las patronales del sector.

Es necesario reforzar el ámbito frutihortícola y ajero donde hay un vacío de UATRE. Las irregularidades que se constatan es que hay muchos trabajadores indocumentados, inmigrantes, por lo cual la organización se hace más difícil. Pero sí te doy la certeza de que existe una lucha en el territorio donde cae la idea de una Mendoza estática y conservadora y el sentido de que la vendimia es solamente de los productores.

Tenemos una historia y  un presente donde los trabajadores también son parte, son el sujeto principal generador de la riqueza de la provincia y el país. Por eso también se da este cambio de época que estamos viviendo, donde se visibilizan las problemáticas y  las contradicciones.  Donde se pone en escena la existencia del trabajador rural y la explotación que sufre. La idea es que eso termine, avanzar para erradicar este tipo de realidades. Y hay decisiones y hechos concretos que señalan el avance de esta transformación.

¿Y en materia de legislación sobre los trabajadores rurales?

En el caso de Mendoza, pero también a nivel nacional,  los procesos populares y políticos se cristalizan en una normativa. Cuando en los 90 el neoliberalismo avanzaba, sus reformas quedan cristalizadas en la Constitución y en la Reforma del Estado. En el caso más actual es cuando el gobierno nacional decide avanzar en la problemática del trabajo rural, lo hace con la sanción del Nuevo Régimen de Trabajo Agrario a través de la Ley 26727. La misma se asienta en la igualdad de derecho del trabajador rural con relación a cualquier otro trabajador. 

La ausencia durante mucho tiempo de medida una medida como esta estuvo muy naturalizada con la idea impuesta culturalmente de que “por qué el obrero tiene que tener licencia si la tierra se trabaja todo el año”, por ejemplo. 

El nuevo régimen tiene como eje la mejora de derechos, esto es las jubilaciones a los 57 años, acceso a vivienda digna, higiene y seguridad, entre otros. Y también la creación de los organismos de control, como el RENATEA.

Además hay organizaciones que están trabajando fuertemente en el territorio, ya que esta es la forma en el estado garantiza los cambios. En Mendoza hay que destacar las barriadas de ajeros en Rodeo del Medio, Cordón del Plata y Ugarteche; los sindicatos de obreros de viña, la Agrupación de “Obreros Rurales Primero de Mayo” que pujan para que cambien las condiciones.

Por otro lado hay otros sectores empresariales que reconocen estas condiciones y se suman a la idea del cambio, y por supuesto otros que resisten a la trasformación.

¿Qué lugar ocupa dentro este marco el RENATEA?

Es uno de los organismos que se crea a partir de la ley. Es el símbolo del Gobierno nacional que traduce al trabajador rural como sujeto de derecho para justamente efectivizar sus derechos y  frenar los abusos. Políticamente sigue un lineamiento nacional que es el de recuperar instituciones que estaban al servicio de las corporaciones para la mayoría popular. 

Por otro lado, muestra lo que no hizo el ex RENATRE, conformado por la sanción de la ley  25191 que fue sancionada en 1999 y puesta en vigencia en 2002 bajo la presidencia de Duhalde. Él es quien la deja en manos de Gerónimo Venegas, en connivencia con las patronales del agro tradicionales. Acá en Mendoza,  en San Martín a través de la sede de la Federación Agraria, en el Valle de Uco con la obra social del UATRE, en San Rafael también hace pié. Así se despliega toda una situación donde no existía control sobre la explotación y la falta de derechos de los trabajadores.

El RENATEA es una política fuerte que busca ser un nexo con todas las políticas públicas del gobierno nacional en base a la restitución de derechos de los campesinos. Nosotros tenemos un mandato que parte desde la Presidenta de la Nación y el director general del ente, Guillermo Martini. Es decir, trabajamos para aumentar la registración de los trabajadores rurales, para abrir la puerta y el acceso a toda una gama de derechos no solo del trabajador sino de toda su familia, como vivienda, alimentación, aguinaldos, alimentación. No se piensa solo en el sentido fiscal de la recaudación.  Los otros puntos donde hacemos foco y que no se negocian es dar fin a la trata de personas y eliminar el trabajo infantil.

Las líneas de trabajo que tiene el organismo son: el empadronamiento de los trabajadores con las libretas, esto es vital para los aportes;  la formación y la capacitación en derechos laborales y derechos humanos,  la alfabetización basada en los conocimientos propios de la comunidad;  y la capacitación técnica y laboral.



¿Cómo viene trabajando estos puntos desde el organismo?

El RENATEA trabaja desde la territorialización, salimos campo adentro a buscar al trabajador. En Mendoza, en enero y febrero hemos superado la media de entrega de libretas. Caminando la provincia la hemos dividido en cuatro zonas por oasis productivo: Centro, Valle de Uco, Este y Sur. En cada una tenemos sedes. Recorriendo distintos lugares hemos encontrados hitos en la lucha del trabajador rural, por ejemplo el barrio “25 de Mayo” de Rodeo del Medio. No fue azaroso que llegáramos allí, porque en el 2007 ese mismo barrio fue reprimido por la orden de un fiscal con la venia de Julio Cobos, cuando era gobernador. La represión fue en Campo Grande y se costó la vida de un trabajador. En ese momento reclamaban que no les estaban haciendo los aportes.
 
Cuando recorremos lugares como Ugarteche, Cordon del Plata y muchos más,  entendemos la necesidad de poner en el tapete temas de los que no se habla: ¿qué está pasando con los niños? ¿y con las carpas que aún existen? También salen a la luz cuestiones de género, muchas mujeres abortan por esfuerzos laborales, hay que hablar de eso. 

En este trayecto vemos que se tocan intereses y que por eso hay sectores que no quieren cambios. Cuando los patrones nos dicen que ciertas normativas son difíciles de cumplir, nosotros les decimos que hay que trabajar para cumplirla de todas maneras.

¿Cuáles son los argumentos de fondo por las cuales ciertas patronales se niegan a cumplir la ley?

El argumento de base es que la normativa nacional vigente está pensada para la Pampa Húmeda y no para las economías regionales donde se necesita una mano de obra intensiva y no tenemos grandes productores , acá no hay grandes latifundios.

Ante eso decimos que se puede pensar todo un sistema administrativo de registración y cómo vamos a crear el servicio público de empleo que establece la ley en base a las necesidades de las economías regionales, pero nunca una particularidad podría promover el menoscabo en los derechos de los trabajadores.

¿Cuáles son las problemáticas que argumentan para no adaptarse a la norma? 

Las altas, las bajas, porque hay empelados que solo trabajan los meses de cosecha, por ejemplo. Manifiestan que es difícil el tema administrativo contable, todo esto es perfectible. Lo que no está en juego es modificar las normativas entendiendo las particularidades de la provincia por debajo de lo que marca la ley nacional.

Las excepciones solo se hacen para la operatividad. Es contemplable el argumento base de los productores, pero para eso tenemos que juntarnos a pensar la región, a promover la verdadera trasformación y no a brindar facilidades que perpetúen el estado de las cosas. El fondo es cómo vamos a salir de condiciones de explotación que permanecen desde el siglo XVI. Estamos hablando de que hoy la sociedad argentina ha tomado la decisión de construir una democracia real y profundizarla, entonces hay que entender que también en esa democracia real están los trabajadores rurales.

Hablás de múltiples factores de la problematización de los trabajadores rurales. Imagino que la articulación con otras instituciones debe ser fundamental en el trabajo del RENATEA…

Sin dudas. En las jornadas “Ampliando Derechos, Construyendo Inclusión”  se vio claramente la articulación. Desde el ente llegamos a lugares donde no va nadie, donde muchas veces el estado municipal acompaña pero necesita que otros organismos contribuyan.  Estamos trabajando con los DNI a través del Registro Civil. También con Migraciones,  Salud, Anses, Dirección de Derechos Humanos de la Provincia, Dirección de Agricultura Familiar, Ministerio de Gobierno de la provincia. 

No podemos llegar a un lugar y hacer una simple articulación tipo operativo o intervención, el trabajo que se hace es permanente. Planteamos que todas estas herramientas las tenemos que poner en función para ir estableciendo ciertos estándares y criterios de decir no solamente cuando bajamos al territorio hacemos esto, sino también cuando nos sentamos a hablar con las cámaras empresariales. Por ejemplo, la gran justificación del empresariado para no brindar los aportes es la falta de DNI de los trabajadores porque muchos son extranjeros, entonces ¿cuál sería una solución? ¿el castigo? ¿la criminalización? No, al revés, hay que garantizar que un trabajador tenga su documento, su residencia precaria, sus certificados de salud.

¿Cuál es la recepción de los trabajadores de este proyecto?

Es muy interesante porque vemos que empiezan a hablar aquellos que no tenían voz, que eran invisibles. El centro de Mendoza con 20 cuadras a la redonda centraliza todas las miradas. No entendemos que en la periferia hay toda una población rural con un rico complemento cultural de los nuestros y los extranjeros, por ejemplo cuando se habla del sur provincial se lo relaciona a ideas conservadoras y sin embargo tenemos entre 300 y 500 campesinos que se movilizan para empezar a discutir sus realidades. 

Así, estas realidades por primera vez comienzan a ponerse arriba de la mesa y es natural que los mismos trabajadores empiecen  a confiar en la posibilidad de la trasformación porque se van sintiendo poco a poco representados. Entienden que no es una falacia esto de que  “ha llegado la hora de los trabajadores rurales”. Nos dicen qué es lo que hace falta, qué hay que cambiar, qué esperan. 

Por eso desde el RENATEA entendemos que hemos llegado a estos lugares de decisión no porque queramos perpetuarnos en cargos,  sino porque tenemos una convicción y una responsabilidad muy grande para que se comience a cambiar una historia que fue frenada por la dictadura.

El ejemplo es claro, el Primer Estatuto del Peón Rural fue una de las primeras políticas  sociales del gobierno peronista, norma que la dictadura prohibió. Lo que hacemos también tiene que ver con el pasado y hoy con las disputas que hay con las diferentes corporaciones: la judicial, la mediática, las patronales agropecuarias, el capital financiero. Vamos en ese sentido y estamos convencidos de que esto se hace con los trabajadores y de forma organizada.

De cara a los nuevos desafíos ¿Qué queda de la esclavitud en Mendoza? porque sabemos que la explotación es histórica…

Existe. Las formas son las mismas que hace siglos atrás. Por ejemplo ¿qué pasaría hoy si los trabajadores de una fábrica no tuvieran que estar registrados? ¿si debieran trabajar 16 horas al día para comer nada más? ¿Qué pasaría si sus hijos pudieran acompañarlos a los talleres y hasta trabajar con ellos para ayudarlos? ¿si las mujeres perdieran sus embarazos por no poder parar de trabajar? ¿si tuvieran que vivir  en una carpa afuera de la fábrica porque no tienen casa?. Esto pasa en nuestro campo. Existe, es realidad en Argentina y en Mendoza. 

Pero sería muy necio decir que es porque  los gobiernos nacionales, provinciales y municipales no están haciendo nada. Lo que sucede es que tenemos grandes corporaciones, grandes sectores económicos concentrados, en donde se está discutiendo si el que pone las leyes y las normativas y las hace cumplir es aquel que tiene acceso a los bienes económicos o el estado elegido y diseñado por las grandes mayorías. Eso es lo que está en puja hoy. 

La realidad es que estas situaciones siguen sucediendo. La otra realidad es que hay una fuerte decisión para que esto termine a nivel nacional como provincial. El Gobierno nacional ha dado desde el 2003 en adelante acabadas muestras de la lucha en contra de la concentración y por la  distribución de la riqueza, también por la penalidad de aquellos que esclavizan a los seres humanos. En Vendimia el mejor ejemplo quedó a cargo del Gobernador cuando  en su discurso central le habló a la corporación vitivinícola. El centro de sus palabras no fue “cuánta plata me van a sacar porque me están apretando de la reunión que vengo”, sino la erradicación de la trata de personas, cero trabajo infantil y que en la cadena de los productores el pequeño no sea comido por los más grandes.

¿Podés asegurar que estamos en un cambio de paradigma respecto a los derechos de los trabajadores rurales?

 Por supuesto. Hay un cambio específico del desarrollo con inclusión. Estamos hablando de la construcción de la nueva ruralidad, en donde esas bases se asientan sobre la igualdad. Nos vamos a desarrollar, vamos a crecer económicamente pero siempre teniendo como centralidad al ser humano.

En esta nueva ruralidad de la que te hablo los sus sujetos son los trabajadores que trabajan la tierra con sus propias manos, son aquellos pequeños  productores que generando valor agregado y en forma organizada, son los que producen la riqueza del país. Este paradigma se sienta sobre bases del arraigo que se construye con educación, con caminos, con infraestructura, mejor calidad de vida a través de la nueva legislación que se efectiviza.