Por pedido del oficialismo, este jueves, desde las 19, se tratará en el Senado provincial el Código Procesal Laboral. El proyecto modifica 27 artículos de la ley que rige desde 1952 y ya tuvo el visto bueno de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). Según explicaron, con estos cambios, las causas judiciales se reducirán a menos de un año.

Desde oficialismo aseguraron que buscarían el consenso con la oposición, puesto que había artículos que no terminaban de convencer al PJ. "Se adaptan criterios conforme al nuevo Código Procesal Civil, se la da celeridad al proceso y se incorpora la caducidad de instancia hasta la audiencia preliminar" dijo a Sitio Andino el senador Marcelo Rubio (UCR).

El principal argumento de la oposición es que con este nuevo proyecto se podrá avanzar con la caducidad de las demandas laborales. Esto generó el enojo de la CGT y las dos CTA, puesto que entienden que se trata de un avasallamiento sobre los derechos laborales. Para el gobernador Alfredo Cornejo, avanzar en este código es eliminar "el gran negocio y curro de los que se dedican a esa tarea".

El senador Luis Böhm (PJ-FpV) explicó que el dictamen que salió de LAC no recogió los pedidos de las oposición, pero aseguró que había espacio para el diálogo. "El dictamen de LAC no recogió los aportes pedidos, pero sabemos que hay un espacio de diálogo", expuso. "Vamos a entrar en terreno operativo de debate. Es lo que esperamos como actitud del oficialismo", detalló el legislador.

La iniciativa fue trabajada previamente (antes de que el Ejecutivo la enviara a la Legislatura) en algunas comisiones de la Cámara Baja, con el impulso del exdiputado Gabriel Balsells Miró. En ese momento, se tomó como base una propuesta que se había realizado en la gestión de Celso Jaque a la que se le hicieron varias adecuaciones.

Los cambios

Desde el punto de vista económico, el proyecto busca mejorar la oralización del proceso y reducir los costos al disminuir los tiempos procesales. Se  propone incorporar la figura de los fallos plenarios, certeza en las relaciones de empleo y acceso a la conciliación laboral. Desde el Gobierno aseguran que se le dará eficacia y celeridad al tiempo procesal: existe una nueva audiencia, que fomenta una instancia del proceso, y al establecer la audiencia inicial se reducen plazos de resolución.

Un detalle es que el texto permite la continuidad de la Oficina de Conciliación Laboral (OCL). El Ejecutivo argumenta que, al reducir los ingresos de causas laborales, los jueces podrán atender en mejores condiciones las demandas que ingresen al sistema de esa oficina.

El texto busca reducir la litigiosidad en los procesos de honorarios de peritos y apelación de multas de la Salud y Seguridad en el Trabajo (SST). El otro punto es que se implementa la figura de “caducidad de instancia”, que evita la eternización del proceso y  garantiza los derechos laborales. Esto implica que si, durante un tiempo no se impulsa el proceso, el mismo caduca.