Que los Estados hablen claro a sus ciudadanos es uno de los modos de transparentar la gestión y un reaseguro para que puedan exigir sus derechos y cumplir sus obligaciones. Así lo aseguró Claudia Poblete, al frente de este movimiento en Chile, durante el Primer Seminario Internacional de Lenguaje Claro que se realizó en la Legislatura.  

Representantes de los tres poderes del Estado escucharon a profesionales de distintas especialidades que plantearon los desafíos que supone transparentar la gestión. Estuvieron presentes la vicegobernadora, Laura Montero; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, y el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez.

Montero resaltó la importancia de mejorar la forma en que los poderes comunican sus decisiones. “El Estado está obligado a tender puentes con la ciudadanía de manera tal que se incorpore a los procesos y se consolide más el sistema democrático”, recalcó.

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Gestión transparente  

Poblete contó que este movimiento nació luego de una tragedia, cuando una pareja de ancianos de Reino Unido no pudo completar los formularios para lograr que el Estado les subsidiara la calefacción y murieron de frío. Poco después, el movimiento se amplió cuando un grupo de ciudadanos quemó formularios frente al Parlamento, la mejor manera de demostrar que eran inentendibles y que la burocracia “mataba a los vecinos”.

La profesional, experta en Filología española de la Universidad Católica y representante de Clarity Chile, explicó que el movimiento se extendió a Europa y luego a América Latina, donde se están dando los primeros pasos. Poblete destacó que el movimiento busca que todos los poderes del Estado realicen un esfuerzo para utilizar un lenguaje claro, con el objetivo central de que los ciudadanos puedan entender sus derechos y sus obligaciones.

La mujer puso el acento en la necesidad de transparentar los actos de gobierno, ya que en muchas ocasiones el lenguaje encriptado o la jerga legal son un modo de “esconder información”, y que es uno de los aspectos por los que el ciudadano desconfía de sus representantes y de las medidas que toman.

El trabajo en el país trasandino comenzó con un diagnóstico que realizaron con base en el análisis de leyes y reglamentaciones oficiales, al tiempo que los ciudadanos tardaban en lograr una respuesta a una consulta. Con base en eso, trazaron un plan de acción que llevan adelante siete instituciones, entre ellas el Poder Judicial, la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República, entre otras.

Poblete comentó que con base en el diagnóstico es que los distintos estamentos del Estado que firmaron el acuerdo comenzaron a trabajar en capacitaciones, en la elaboración de manuales básicos disponibles en forma gratuita. Y recalcó que en Chile no se generó ninguna estructura administrativa ni existe un presupuesto especial para este fin, ya que cada institución que participa aporta las herramientas que tiene disponibles en pos de lograr el objetivo.

La profesional destacó que este mismo camino siguieron algunas empresas en Chile, porque advirtieron que una gran cantidad de consumidores los demandaban aduciendo que no entendían las letras de los contratos.

En Argentina el movimiento también se puso en marcha a  través de una red. El director de Programas de Investigación y Capacitación del Senado de la Nación, Fernando Bernabé Roca, contó que se están realizando esfuerzos desde los distintos poderes para lograr una comunicación más eficiente con el ciudadano a través de los programas Gobierno Abierto y Justicia 2020.

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