A pesar de que el Procurador de la Corte se reunió con representantes del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), la redacción del artículo 7 de la reforma de la Ley de Ministerio Público sigue igual. Alejandro Gullé volvió a defender la cláusula y los miembros de Fopea sostienen su postura. Mañana, miércoles 28, se tratará el proyecto en la Cámara de Diputados.

Ayer, lunes 26, Fopea y el Sindicato de Prensa de la provincia manifestaron –en distintos ámbitos y con diferentes estrategias– su preocupación por el controvertido artículo 7 de la modificación de la Ley de Ministerio Público Fiscal, la N.º 8008. El Foro de Periodismo había adelantado que representantes del organismo se reunirían con el Procurador General de la Corte, mentor de esta reforma legislativa, Alejandro Gullé.

Tanto el funcionario como Luis Ábrego, periodista y representante de Fopea que dialogó con Unidiversidad sobre el encuentro, coincidieron en que se trató de una reunión con mucho respeto y cordialidad. Cada parte dio su punto de vista y sus argumentos sobre la cuestión. Gullé insistió en su voluntad de “proteger” a los fiscales y a las investigaciones, tal como lo hizo el pasado viernes 23, y los periodistas insistieron en que el artículo 7 de la forma es un ítem innecesario y que deja librados a la buena fe en los funcionarios el alcance y la veracidad de la información pública sobre los delitos.

Mañana miércoles 28 la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Está prácticamente asegurada su media sanción, teniendo en cuenta la mayoría de legisladores del oficialismo que le permitirá su aprobación.

Gullé ansía la promulgación de la reforma, ya que aseguró más de una vez que tiene redactada una resolución que estipula el alcance del artículo 7. Esto es, que regiría sólo para los fiscales de instrucción (quedan excluidos los de flagrancia, correccionales y los de cámara) y que la comunicación entre periodista y fiscal estaría mediada por la oficina de prensa de la Procuración General sólo durante la primera etapa de investigación, mientras haya secreto de sumario. “Después de las primeras medidas investigativas, los fiscales tienen libertad para hablar con quien quieran, absolutamente”, dijo Gullé, aunque nunca es certera la cantidad de tiempo que conlleva esa primera etapa.

Dicha resolución no puede ser publicada oficialmente hasta que no esté aprobada la ley. Lo que resulta curioso es que esa reglamentación anexa del artículo 7 no se haya incluido desde un principio en la redacción de la cláusula, y así haber evitado que este ítem fuese “malinterpretado”, tal como dice el Procurador.

Gullé dijo, y fue confirmado por Ábrego, que uno de los planteos de Fopea es que por mucha confianza o buena fe que hubiese hacia el Procurador y demás funcionarios en la actualidad, el día de mañana, cuando otra persona ocupe ese lugar y desee vedar la información, no habrá nada que se lo impida. Ante esto, Gullé dijo que ese “ya no es un tema suyo”.

Agregó que los funcionarios públicos tienen un “deber republicano de dar publicidad a todos los actos de gobierno y de alguna manera, nosotros, si bien no somos gobierno en el sentido político, sí en el sentido jurídico. Estamos administrando justicia. Entonces tenemos la obligación de dar a conocer lo que es materia justiciable”.