El Procurador General de la Corte, Alejandro Gullé, le envió a Néstor Parés, presidente de la Cámara de Diputados, una propuesta para modificar el artículo 7 del proyecto de ley que prevé cambios en el Ministerio Público. El centro de la modificación es que los fiscales podrán elegir si hablar o no con los periodistas en la etapa inicial de las investigaciones de los delitos. Si el fiscal decide no hacerlo, el periodista deberá recurrir a la oficina de prensa de la Procuración General.

La séptima cláusula ha generado discrepancias entre el Ejecutivo y los periodistas, ya que implica canalización y centralización de la información de delitos en una oficina de prensa dependiente del mismo Ministerio Público. Esto afecta de manera considerable, sobre todo pero no solamente, la labor de los cronistas que se dedican a la sección de Policiales.

Por estos motivos, representantes del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se habían reunido el pasado lunes 26 con el Procurador, y el Sindicato de Prensa había advertido ese mismo día que iniciaría acciones judiciales contra el Gobierno por la inconstitucionalidad del artículo 7, en caso de que fuese sancionado con la redacción original.

Ante esta situación, Gullé confirmó a Unidiversidad que envió al diputado Néstor Parés (Unión Cívica Radical) una redacción alternativa del artículo para que sea propuesto hoy en el debate del proyecto en Diputados, que el mencionado legislador preside. El cambio consiste en que en vez de que los fiscales estén obligados a dar la información a través de la oficina de prensa, podrán hacerlo directamente a los periodistas. Es decir, la decisión dependerá de cada fiscal en cada situación.

El Procurador aseguró a Unidiversidad que espera que la propuesta sirva para destrabar el tratamiento de la ley, que es mucho más compleja y abarcativa.

Así quedaría redactado el cuestionado artículo:

“Artículo 7º - Información pública.
Los integrantes del Ministerio Público Fiscal deberán dar información del ámbito de su competencia, salvo cuando ello afecte la privacidad o la seguridad de las personas, o los asuntos públicos que requieran reserva, o comprometan la eficacia y el trámite de las investigaciones en curso. Sin perjuicio de estas restricciones, y con el propósito de facilitar la comunicación, la información podrá ser canalizada a través de la oficina de prensa del Ministerio Público. 
En los casos que corresponda secreto de sumario o reserva de las actuaciones, su violación habilitará la imposición de sanciones disciplinarias. En caso de reiteración podrá constituir causal de imputación de mal desempeño conforme lo dispone el Art. 164 de la Constitución Provincial.”