El Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, confirmó a Unidiversidad que presentará, en las próximas horas, un recurso extraordinario ante la Corte provincial. Esto es porque el Juez Alejandro Miguel, de la Octava Cámara del Crimen, falló en contra de las nuevas facultades de los ayudantes fiscales, contempladas en el Código Procesal Penal. "No estamos de acuerdo con el fallo del juez Miguel, por lo tanto presentaremos el recurso extraordinario en la Corte y será en las próximas horas", adelantó.

Miguel explicó su fallo en contra de los cambios en el nuevo CPP en una audiencia oral de prisión preventiva. Argumentó que se viola el derecho de defensa y que el fiscal debería estar en su lugar, según informó, hace unas horas, el diario El Sol.

Miguel declaró la inconstitucionalidad en una audiencia de apelación por una causa iniciada en Guaymallén en la que debía tratarse una prisión preventiva. Para el camarista Alejandro Miguel, la modificación a la norma, aprobada en agosto de 2016 mediante un proyecto del Ejecutivo provincial, no es compatible con los artículos 18 y 150 de las constituciones nacional y provincial, respectivamente.

En su argumento oral, Miguel, que integra la nueva Cámara en lo Criminal con Luis Correa Llano y Ramiro Salinas (antes formaban parte de la Cámara de Apelaciones, desarticulada hace pocas semanas), dijo que la modificación de la norma lo que hace es exceder las atribuciones de un ayudante fiscal cuando no tiene autonomía para actuar en este tipo de audiencia.

Tras la resolución del juez, el máximo tribunal de Justicia de la provincia deberá expedirse durante esta semana sobre la cuestión y definir si las reformas que pretende el Ejecutivo son constitucionales. Para eso, el escrito de Miguel irá acompañado con un pronto despacho. 

Consultado por este portal de noticias, Gullé ratificó que los ayudantes fiscales están en condiciones de realizar tareas como fiscales con el fin de acelerar los procesos judiciales. Y sobre la posibilidad de otorgar mejor remuneración a estos funcionarios de la Justicia, Gullé fue terminante: "Los ayudantes fiscales cobran muy buen sueldo, ninguno cobra menos de 40 mil pesos. Esta tarea que se les agrega forma parte de sus obligaciones".
 

Cuestionado desde el inicio

En agosto del año pasado, cuando el ministro de Seguridad, Gianni Venier, explicó los alcances de la reforma del Código Procesal Penal, varios legisladores salieron a cuestionar la propuesta oficial. Por entonces, Unidiversidad publicó que legisladoras justicialistas plantearon algunos cuestionamientos a la iniciativa. Se trató de la diputada Claudia Segovia y las senadoras María José Ubaldini y Patricia Fadel. Las tres dudaron de la eficacia de unificar –en cuanto a responsabilidades– a los fiscales y a sus ayudantes, por lo que pidieron incrementar sus requisitos de ingreso al sistema, así como implementar un sistema de capacitación permanente.

Venier había explicado que buscan acelerar los trámites y eliminar trabas burocráticas que son muy costosas para el sistema. Por ejemplo, uno de los cambios propuestos es que en lugar de trasladar todos los días a 70 detenidos desde las distintas cárceles hasta los tribunales para notificarles algo respecto de sus causas, éstas les sean notificadas en el mismo centro de detención por una persona autorizada.

Otra de las modificaciones propuestas fue eliminar el papeleo, es decir que las notificaciones se realicen por mail o por teléfono, además de brindarle importancia a las audiencias, donde las partes se ven cara a cara y plantean sus pedidos y cuestionamientos al juez.