El procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, lo hizo. Pese al freno y a las críticas que recibió el proyecto que modifica el Ministerio Público Fiscal porque prevé que la información a los medios se proporcione a través de dependencias habilitadas y no directamente por los fiscales, la Justicia puso en marcha el cambio en la práctica.

Como nunca antes, fue la coordinadora del Ministerio Público Fiscal, Teresa Day, quien dio información a los periodistas sobre la investigación por el femicidio de Janet Zapata, la joven que fue asesinada de un balazo y cuyo cuerpo encontraron en un descampado de El Algarrobal. Lo usual es que la persona que brinde información a los y las periodistas sea quien lidera la pesquisa; en este caso, la fiscal de la Unidad de Homicidio, Claudia Ríos.

Gullé no esperó que el proyecto que prevé este cambio fuera aprobado en la Legislatura, ni siquiera que comience su tratamiento, ya que el mismo quedó frenado luego de que el Sindicato de Prensa de Mendoza y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) plantearan sus críticas. De todas formas, el procurador puso el mecanismo en marcha.

Consultada sobre el tema, Day aseguró que la medida no implica ninguna restricción para que los fiscales hablen con los periodistas, sino que busca que en las primeras horas estén abocados completamente a la investigación. La coordinadora de la Procuración dijo que esta medida fue solicitada por los propios fiscales. Aseguraron –dijo Day– que les es imposible atender a los periodistas de los medios en las primeras horas de la investigación.

“Una vez que terminemos con las primeras medidas van a poder hablar con la fiscal, acá no hay ninguna restricción a que hablen con la prensa, simplemente es facilitar que el fiscal esté cien por ciento abocado a la investigación. Una vez libradas estas primeras medidas, por supuesto que la doctora Claudia Ríos va a poder dialogar con ustedes”, fueron las palabras de quien es la mano derecha del procurador.
 

Críticas al proyecto

Desde que asumió, Alfredo Cornejo envió a la Legislatura distintos proyectos de ley que impulsan cambios en la Justicia. Una de las iniciativas que se presentó prevé modificaciones en el Ministerio Público Fiscal, cuyo espíritu fue que la investigación (que lideran los fiscales) y la defensa no dependan de la misma persona, que es el procurador. La iniciativa fue analizada en distintas comisiones, pero su tratamiento quedó frenado luego de que las entidades periodísticas advirtieran que uno de sus artículos implicaba una “mordaza” a la prensa y al derecho de los ciudadanos a estar informados.

Actualmente, el artículo 7 de la Ley 8008 del Ministerio Público Fiscal establece que sus integrantes deben dar información salvo que la misma afecte la privacidad de las personas, los asuntos públicos que requieran reserva o comprometan la eficacia y el trámite de las investigaciones. Pero el proyecto incluye una oración que generó la polémica: “La información se proporcionará a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General”.

El Sindicato de Prensa de Mendoza presentó un escrito con una queja formal a los integrantes de ambas cámaras legislativas. “Rechazamos limitar la información a la información oficial, pasible de recortes y manipulaciones funcionales a las necesidades oficiales, más aún en la actualidad cuando de cuestiones de seguridad se trata”, dice el comunicado de la entidad.

Fopea también emitió un comunicado que asegura que la medida “supone que toda información relacionada con la seguridad y con causas judiciales pasará por el filtro de un control político, lo que seguramente ocasionará demoras y distorsiones indebidas al ejercicio del derecho de informar, con perjuicio directo para la ciudadanía en lo que respecta a su derecho de recibir información con celeridad y precisión”. 

Luego de analizar los escritos de las entidades periodísticas, el legislador demócrata Marcos Niven (aliado de Cambiemos) consideró que la redacción del artículo es ambigua y destacó su intención de modificar esa oración.

Pese a las críticas de las entidades que nuclean a los y las periodistas, la Procuración puso en marcha el cambio, aunque lo suavizó al asegurar que sólo se trata de una iniciativa que busca que los fiscales se dediquen cien por ciento a la investigación en las primeras horas, y que después podrán hablar con la prensa. Lo cierto es que antes de que el proyecto sea tratado y aprobado en la Legislatura, el procurador Alejandro Gullé lo hizo.

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