El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, afirmó que respetará la ley y los fallos judiciales de pena de muerte y subrayó que la pena capital está vigente en el país, a pesar de permanecer en suspenso por la falta de una figura firme de indulto presidencial. "He sido claro y tajante toda la vida: cumpliremos la ley, cual ésta sea", sentenció.

Al responder dudas de la prensa surgidas por una iniciativa legislativa que regula el indulto presidencial, el mandatario explicó que la pena capital está establecida en el artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El tema divide a los guatemaltecos, aunque la mayoría se inclina porque se dé cumplimiento a la medida para sentar precedentes frente a los delincuentes.

La pena de muerte no se aplica en el país desde el año 2000, cuando dos secuestradores recibieron la inyección letal tras asesinar a una anciana perteneciente a una acaudalada familia de empresarios. Este procedimiento sustituyó el fusilamiento a partir de 1996, cuando el Congreso aprobó la iniciativa unas semanas después de que dos reos fueran fusilados por la violación y asesinato de una niña de cuatro años.

La Iglesia y organizaciones humanitarias se oponen a su vigencia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a principios de mes cumplió una visita de verificación al país centroamericano, pidió su abolición. Morales advirtió que el tema deberá ser resuelto por el Congreso, al señalar que "lo que está en tela de duda es el indulto presidencial", consignó la agencia de noticias DPA. "Pero eso es un tema que corresponde al Congreso definir", apuntó.

Para habilitar nuevamente la plena vigencia de la pena de muerte, un grupo de congresistas lanzó el miércoles último el anteproyecto de la "ley reguladora de la aplicación del recurso de gracia, indulto o conmutación de la pena de muerte".

Los diputados pretenden que la pena de muerte permita bajar los índices de criminalidad, uno de los problemas que más aflige a los guatemaltecos. Si bien 2016 cerró con un descenso de 5,4 % de homicidios respecto a 2015, la Policía Nacional Civil (PNC) contabilizó 4.520 asesinatos en 2016.