La crisis estalló al día siguiente de que la justicia anunciara las condenas de la llamada "trama Gürtel". Esta consistía en un sistema por el que entre 1999 y 2005 se sobornó a dirigentes del Partido Popular (PP) en distintos puntos de España para que concedieran contratos públicos a empresas "amigas".

La investigación del caso empezó en 2007 y fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2009, a raíz de unas grabaciones comprometedoras entregadas a la justicia por el exconcejal PP de la ciudad de Majadahonda José Luis Peñas Domingo.

Se revela así el escándalo de una trama de comisiones y de sobornos, de hasta 120 millones de euros, recibidos por el PP de Madrid y de Valencia a cambio de conceder contratos con ciertas administraciones públicas.

La red Gürtel estaba encabezada por el empresario Francisco Correa, quien había establecido un conglomerado de 23 empresas nutrido por fondos de entidades públicas locales. Los sobornos permitían también evitar prohibiciones legales en términos urbanísticos o ambientales y financiaban así campañas electorales hasta el 2004, año en el que, según el cabecilla de la red de corrupción, Mariano Rajoy y José María Aznar le cerraron las puertas.

En este escándalo se han visto salpicados muchas figuras públicas del PP: 29 personas fueron condenadas en el marco del caso, entre ellas, el exgerente y extesorero Luis Bárcenas (1988-2009), a quien la Audiencia Nacional española condenó a 33 años de prisión y que, según la sentencia, gestionó desde 1989 una contabilidad paralela en el partido. Igualmente, la justicia condenó al PP a pagar 245 492 euros como "partícipe a título lucrativo" de la trama corrupta, una decisión que será recurrida por el partido conservador.

Al día siguiente de conocerse la condena, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), primera formación opositora, liderada por Pedro Sánchez, registró en la cámara baja una moción de censura que se debatió este jueves 31.

El tribunal puso en duda la "credibilidad" de Rajoy, quien negó que en su partido hubiera una contabilidad paralela, una "Caja B", en su testimonio en julio de 2017, cuando se convirtió en el primer jefe de gobierno español en ejercicio en comparecer como testigo ante un tribunal. En febrero de 2018, Francisco Correa declaró ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP que Mariano Rajoy "daba el OK" para aprobar los gastos de las campañas electorales cuando era secretario general y que "es posible" que la financiación Gürtel del partido continuara después de 2004.