La semana cerró con una muy buena noticia para el Gobierno. Esperada, por cierto, aunque ya se sabe que el juez Thomas Griesa puede tener sorpresas negativas. En este caso fue muy positiva. El magistrado que interviene en la causa que los holdouts impulsaron contra la Argentina anunció su disposición a dejar sin efecto las medidas cautelares que le han impedido al país realizar los pagos a los bonistas. Pero su decisión está supeditada a que la Argentina derogue, a través de su Parlamento, las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, al tiempo que concrete los pagos de los acuerdos con los acreedores que aún poseen bonos impagos desde el default de 2001.

En la decisión judicial se establecen específicamente dos condiciones: que el Congreso "revoque todos los obstáculos legislativos" para un acuerdo con los holdouts, y que el Gobierno pague a "todos los demandantes que logren acuerdos con la Argentina antes o el 29 de febrero". En ese caso, el magistrado repondrá el stay, con lo que nuestro país podrá volver a pagar regularmente a los bonistas, con lo que se facilitarán las negociaciones con los acreedores que mantienen bonos en default.

Señaló el magistrado que “si el Tribunal de Apelaciones devuelve el permiso a este tribunal para que le conceda de la República su petición de nulidad, los requerimientos serán levantados de forma automática una vez cumplidas estas dos condiciones”.

Además de elogiar la tarea del mediador Daniel Pollack, Griesa pondera al nuevo Gobierno argentino, al señalar que “la elección del presidente Macri marcó un punto de inflexión en la actitud y las acciones de la República. Desde la elección, el gobierno del presidente Macri ha declarado sistemáticamente su deseo de resolver los conflictos y volver a abrir el país a los inversores extranjeros”. En ese sentido, destaca que “lo más importante, la República ha mostrado una disposición de buena fe para negociar con los holdouts. Bajo las administraciones argentinas anteriores, los demandantes han tenido que aceptar recortes severos en el valor de sus bonos, o bien generar infructuosos esfuerzos para adjuntar propiedad para satisfacer sus juicios”.

La decisión judicial señala que la medida que restringía el cumplimiento del pago de los bonos a la Argentina "podría servir al interés público mediante el cese de los efectos colaterales que tienen sobre terceros".