El Decreto 1267/17 rubricado por el gobernador Alfredo Cornejo en acuerdo con varios de sus ministros para que los empleados estatales regularicen las deudas que puedan tener con la Administración Tributaria Mendoza (ATM) no cayó bien en los sindicatos. Si bien el primer coletazo vino de la mano de Omar Félix, candidato a diputado nacional por el Frente Somos Mendoza y enemigo acérrimo del primer mandatario, ahora el Sindicato de los Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) anunció que presentará un recurso de amparo en la Justicia para que se dé marcha atrás con la medida porque consideran que se violan las condiciones de contratación. Mientras tanto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizarán una presentación por inconstitucionalidad.

Exigir impuestos al día a trabajadores públicos como requisito de continuidad laboral es burdamente inconstitucional. Gobernador, anúlelo ya

— Omar Felix (@omarchafifelix)

31 de agosto de 2017

Una vez más Cornejo abusa de su condición de patrón. Una vez más contra los más debiles. https://t.co/IZH9dnirSv

— Omar Felix (@omarchafifelix)

31 de agosto de 2017

Víctor Dagfal, referente histórico de Sitea, explicó a Unidiversidad que la medida que propone el Ejecutivo cambia las reglas del juego para los contratados “e introduce modificaciones que violan la ley”. En este sentido, argumentó que se trata de una “movida política” de cara a las elecciones legislativas de octubre y que se busca dar una mala imagen de los trabajadores.

El dirigente recordó que muchos empleados, en especial del Ministerio de Salud, no pueden pagar los impuestos patrimoniales, inmobiliarios o del automotor porque no tienen dinero para cancelar las deudas, a pesar de que existen planes de pago. “Que el Estado cuente eso también”, fueron las palabras del sindicalista.

Uno de los argumentos que esgrime el gremialista es que hay que diferenciar entre los contratados y el personal de planta. Sobre estos últimos se entiende que existe mayor estabilidad laboral, pero en el caso de las contrataciones de servicios, la medida se puede utilizar para ejercer “presión sobre los trabajadores”.

A renglón seguido, Dagfal arremetió contra el sistema informático de la ATM y aseguró que durante varios meses se demoró la entrega de boletas de pago. Esto generó que la gente no supiera qué y cuándo tenía que pagar. El problema es que luego llegaron las facturas con el cobro de intereses por impuestos que no habían recibido. “Al mismo tiempo, detectamos que hay gente que no paga dentro del Estado, eso es una realidad, pero algunos tienen deudas superiores a dos años. Entonces, ¿por qué no les cobraron a los empleados cuando debieron hacerlo?”, se preguntó.

Por su parte, y a través de un comunicado, ATE argumenta que el decreto viola la legislación laboral. El gremio recordó que es el único sindicato que aún está en paritarias y que la publicación “las vulnera, porque si se pretende cambiar condiciones laborales, debe tratarse en el ámbito de la paritaria”.  

Qué dice el decreto

El 14 de agosto se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1267/17, a través del cual obliga a la mayoría de los agentes públicos a presentar el “certificado de libre deuda” en la Administración Tributaria Mendoza (ATM), o al menos “un plan de pago vigente”.  La norma tiene fecha del 31 de julio y lleva la firma del Gobernador y de cuatro de los cinco ministros de su gabinete (falta la de Claudia Najul, de Salud, que estaba de licencia en ese momento por la campaña).

En concreto, plantea la “continuidad automática” desde el 1.º de agosto al 31 de octubre de todos los trabajadores contratados de planta temporaria, de los contratados bajo sistemas de locación de obras o servicios y los de planta permanente que posean alguna adscripción o reciban adicionales o suplementos. Luego obliga a los ministerios a elaborar listas con la cantidad de personas contratadas, las modalidades de contratación y los adicionales que se les han otorgado, pero advierte que en esa nómina no se podrá incluir a "aquellas personas que sean deudoras morosas del fisco provincial, mientras no hayan regularizado su situación. Cada una de ellas deberá presentar el 'certificado de libre deuda' de impuestos provinciales actualizado o plan de pago vigente".

El titular de la ATM, Alejandro Donati, desmintió que se trate de una acción coercitiva, sino de una forma de crear “cultura tributaria”. “No es presión ni actitud coercitiva, es para que puedan acceder a los planes de pago”, resaltó el administrador, quien estimó que entre el 70 % y el 80 % de los empleados cumplen con el pago de sus impuestos.  

Este es el decreto: