A través de un proyecto de Ley, la diputada provincial Josefina Canale (PDP) presentó una iniciativa con la que propone que se realice una retención extraordinaria sobre los sueldos mensuales de los agentes y funcionarios de la Administración Pública para destinarla a la conformación de un fondo fiduciario que asistir al sector privado de la economía, con motivo del desorden económico que provocó la cuarentena en el país, principalmente en la provincia.

La iniciativa presentada por la diputada Canale es de carácter excepcional. En caso de transformarse en ley, tendría una duración de tres meses a partir de junio y no incluiría a trabajadores de los sectores de la salud, seguridad y docentes.

Enterados de esta situación, desde ATE Mendoza y CTA Autónoma Mendoza expresaron su descontento con la propuesta y avisaron: “El camino para contener la pandemia no es precarizar más a los trabajadores”. “Frente a los dichos, comunicados y proyectos presentados por distintas entidades; empresarios; consejos de empresarios; uniones industriales y comerciales; legisladores; dirigentes políticos y gremiales, que plantean un ajuste en el Estado, desde ATE Mendoza y CTA Autónoma Mendoza expresamos que el camino para contener la pandemia emergente y salir a paliar las secuelas económicas no es precarizar más a los trabajadores privados y estatales, o recortar la canasta alimentaria de estos, reduciendo sus salarios”, dice una parte del comunicado emitido por los gremios estatales.

En ese sentido, Gustavo Correas, dirigente de la CTA, apuntó directamente contra la diputada provincial, a la que acusó de olvidarse de su pasado: “La verdad es que estamos sorprendidos una vez más con la diputada Canale, que viene de un lugar de gestionar el sector de los trabajadores públicos y que evidentemente tiene algo no resuelto con los trabajadores del Estado, porque tiene un ensañamiento en perseguir y siempre imaginarse que con ajuste, persecución, con ataques a los sectores públicos y que no se le ocurre imaginarse que podemos también avanzar en otro sentido para generar recursos que atiendan la necesidad de los sectores privados que están padeciendo esta pandemia.

NO convalidaremos ningún recorte salarial y ajuste hacia los trabajadores#ConAteSeLucha #ConAteSeGana @RobertoMacho2 @redcame
https://t.co/90AhEYGery

— ATE Mendoza (@ate_mendoza)

May 8, 2020

Canale defendió su propuesta

Por su parte, Josefina Canale, diputada del Partido Demócrata Progresista y autora del proyecto, explicó en qué consiste: “El proyecto deja exento del aporte, que es por 3 meses y con posible devolución en acuerdo paritario, seguridad, salud y educación. No son los únicos empleados que están trabajando, hay muchísima gente que está trabajando un montón, para que quede claro, pero son los que están en la línea de fuego. Otro tema que tiene el proyecto es algo que lógicamente ya existe en las leyes laborales pero lo hemos dejado marcado, y es que las horas pagadas no trabajadas tienen que ser devueltas.

“Cuando se termine de levantar la cuarentena, habrá que trabajar mucho para ayudar al sector privado a que se levante. Además, por una cuestión de estrictísima justicia. Se paga lo que se trabaja. Por una situación inédita no se va a trabajar a algunas oficinas, pero eso hay que trabajarlo".

La diputada explicó que presentó la iniciativa en la Legislatura porque entiende que es “el sector privado el que sostiene al público con los impuestos”, y por ello consideró: “Nosotros tenemos que tratar de que los que producen produzcan, y que se cuide el tejido productivo. El enorme riesgo en este momento es que se levante la cuarentena y los privados no puedan abrir las persianas”.

Agregó: “El empleado público tiene la enorme ventaja de que su empleador no quiebra, el Estado no quiebra. Tiene asegurado su sueldo. Por eso hacemos este proyecto, para que se produzca esta transferencia de dinero para ayudar a pymes, minipymes y pequeños comerciantes". Finalmente, Canale pidió “solidaridad” entre ambos sectores y argumentó: “Es necesario que haya una colaboración entre el sector público y el sector privado para poder, de alguna manera, sostener la economía de la provincia, como también los miles de puestos de trabajo que se encuentran en riesgo a raíz de la cuarentena que atravesamos”,subrayó.

Guillermo, qué te parece si ayudas a destrabar ésto?
Sería una enorme ayuda para proteger empleo público y privado de la provincia!! https://t.co/refskAWsie https://t.co/Lba0j5pfBG

— Jose Canale (@JosefinaCanale)

May 7, 2020

Cómo se aplicaría el proyecto

Los pagos a cuenta se aplicarán según alícuotas progresivos desde el 0,50 % para el sueldo de $ 20 000 hasta el 20 % para sueldos de $ 210 000 o más. Dichos pagos a cuenta se aplicarán a sueldos y SAC correspondientes al 1° semestre, a partir del 1° de mayo y hasta el 31 de julio de 2020, a todo el personal de los tres poderes del Estado.

En cuanto al Poder Ejecutivo, se aplicarán a la Administración Central y Organismos Descentralizados, con excepción del personal del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad y de la DGE.

Conforme el ahorro presupuestario, que las medidas adoptadas en la presente determinan, el PEP podrá reasignar las partidas que pertenezcan, a fin de la creación de un Fondo Fiduciario para subsidiar a trabajadores del sector privado, del ámbito de actividades paralizadas por la pandemia.

Según el proyecto de Ley “los empleados estatales que hoy no prestan sus funciones de manera presencial, ni virtual, deberían devolver las horas no trabajadas una vez terminado el periodo de aislamiento, en cada una de las reparticiones donde prestan sus servicios”.

Establece además que “si los montos establecidos en la escala de referencia, no se convalidaran en un Acuerdo Paritario futuro, las sumas retenidas podrán ser reintegradas en un plan de repago, una vez superada la Emergencia Económica y siempre que una ley provincial así lo determine”.