El desalojo por la fuerza de docentes en Plaza del Congreso –asunción de una vía represiva frente al conflicto social– ha encendido una luz de alarma para quienes atendemos al proceso educativo en la Argentina.

Es urgente sustentar la paz social en el país. Ello implica sostener la protesta dentro de vías pacíficas (como claramente era el caso de los maestros en Plaza Congreso) y, del lado gubernamental, proponer una vía real y efectiva de diálogo como respuesta.

El no realizar una oferta que siquiera se aproxime a las demandas de los docentes (que, salarialmente, siguen estando por debajo de los índices de inflación existentes desde diciembre de 2015) deja el conflicto en una vía sin salida, que el día domingo se precipitó abruptamente hacia el enfrentamiento abierto.

  Los que tenemos más edad sabemos bien adónde conduce la escalada de violencia como expresión de los conflictos sociales. Hemos vivido el horror que llegara a su clímax en los inenarrables extremos cometidos por la última dictadura militar.

Antes de la acción policial frente al Congreso, el Gobierno había sostenido diversos tipos de ataques verbales contra la lucha sindical docente. Destacamos dos de ellos:

1. La supuesta superioridad de la educación privada sobre la pública;

2. Las –reales o supuestas– excesivas inasistencias docentes.

En aquello que tipificó la frase del Presidente (el "caer" en la educación estatal) existe un fuerte prejuicio, abonado en las pruebas colectivas sobre aprendizaje, que dan mejores resultados en las escuelas privadas. Habría que ver la confección de dichas pruebas (por ejemplo, las de opción múltiple no pueden medir capacidad de redacción), así como la posterior elaboración y presentación de los datos, para comprobar si son fehacientes. Pero aún si así fuera, calidad de la educación no es igual a niveles de conocimiento. Ello, porque la calidad abarca la inclusión social, y a la escuela pública concurren amplios sectores sociales que no van a la privada. Lo que, además, implica que, como los sectores que van a la privada tienen mejores condiciones previas, si salen mejor no es porque la escuela les enseñó más, sino por el bagaje que ya traían. Salen mejor porque entraron con ventaja, dentro de ese "arbitrario cultural" que enseña la escuela, según demostró Bourdieu.

Sobre las inasistencias, supongamos que fuera cierto que falta el 15 % de docentes a sus tareas (número que se debiera confirmar por una vía imparcial). De ese 15 %, probablemente la mitad falta por razones genuinas; de tal modo, los "irresponsables" serían sólo el 7 %. ¿Se está usando la actitud de ese 7 % para castigar salarialmente al 100 % de los docentes? No parece razonable. Además, la responsabilidad del control sobre ese 7 % de remisos no es de los sindicatos, sino de la administración. Es decir: si se controlan mal las inasistencias, es un problema del gobierno escolar; quien alude a esto para atacar a los docentes en verdad se autoincrimina (esta es, por cierto, la situación en Mendoza respecto del impuesto ítem aula).

Como se ve, los argumentos esgrimidos contra los docentes son débiles. Salvemos el prestigio de la educación argentina. Defendamos con orgullo la bandera de una escuela pública siempre mejorable, pero siempre gratuita y universal. Y sostengamos la discusión en cánones de resolución pacífica que, por cierto, deben basarse en la justicia salarial y distributiva para poder ejercerse.