Dos reuniones de urgencia en la Cancillería, comentarios reservados en la Casa Rosada y un ríspido encuentro en la Secretaría de Derechos Humanos. El escenario es de plena ebullición y muestra un arduo debate que se libra en el Gobierno por estas horas ante la repercusión internacional que está cobrando la detención de la líder jujeña de la Tupac Amaru, Milagro Sala , luego de que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) determinara la "detención arbitraria" de Sala y pidiera su liberación.

Ya hay dos posturas bien diferenciadas en el Gobierno: aquellos que creen que la dirigente deberá seguir presa por todas las causas de corrupción que pesan en su contra y los que piensan que se debe atender su caso, evitar un conflicto internacional mayor y cumplir el mandato del Grupo de Trabajo de la ONU. Sala fue detenida en enero último, cuando se manifestaba en una protesta callejera.

Según publicó La Nación, anteayer hubo una reunión clave en la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Claudio Avruj. En el edificio de la ex-ESMA confluyeron el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, y el fiscal anticorrupción de esa provincia, Joaquín Millon Quintana, en representación del gobernador Gerardo Morales, que se encuentra en China. También estaban los secretarios de Derechos Humanos de la Cancillería, Javier Salgado, y de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón.

Allí se elaboró una estrategia a seguir. Por lo pronto, se le dio traslado a la justicia de Jujuy para que responda al informe de más de 170 puntos que elaboró el grupo de las Naciones Unidas. Pero esa fue casi la única coincidencia del encuentro, dado que en el Gobierno se desató una dura puja ante el caso Sala.

Morales, Avruj y los fiscales de Jujuy creen que el informe del Grupo de Trabajo "no es vinculante", que carece de toda la información de las causas de corrupción que tiene Milagro Sala y le pedirán al grupo de la ONU que envíe una misión especial a Jujuy para evaluar in situ la situación. "Hay que ampliar el informe de la ONU, que tiene muchos agujeros negros respecto de la situación procesal de Sala", dijo un destacado funcionario que avala esta postura inflexible.

Por otro lado, desde el ámbito más diplomático, Cantón, el embajador en Derechos Humanos Leandro Despouy y, en menor medida, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la canciller Susana Malcorra, creen que si hay un informe de ONU se le debe dar cumplimiento, ya que la Argentina tiene firmados tratados internacionales en derechos humanos que debe cumplir.
 

Costo internacional

No sólo ello: este sector del Gobierno cree que el impacto internacional por no cumplir ese mandato será "más grave y costoso" en el futuro inmediato, no sólo para Morales, sino también para Mauricio Macri. A fines de noviembre, incluso, se reunirá en Panamá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, y tratará el caso de Milagro Sala con la misma óptica que le dio el Grupo de Trabajo de la ONU. "Es preferible actuar de inmediato, negociar los detalles del alcance del informe y evitar un nuevo pronunciamiento contra la Argentina antes que correr con el alto costo político de seguir teniendo detenida a Sala por tiempo indeterminado", dijo a La Nación un funcionario que avala este camino.

En este esquema de análisis se estima que, si no se atiende este tema, cada vez que Macri vaya al exterior a pedir por la liberación de los presos políticos de Venezuela le enrostrarán el caso Sala. Además, los referentes del ala diplomática del oficialismo entienden que el tema de los derechos humanos es precisamente uno de los ejes más vulnerable del macrismo y mancillarlo a nivel internacional podría traer efectos nocivos para el país.

Milagro Sala fue detenida por el delito de sedición ante una protesta callejera en enero pasado. Luego se la exculpó por ese hecho, pero siguió detenida por una causa de corrupción por el manejo irregular de fondos de la Tupac Amaru.