“La imputación a Villalba es caprichosa, el razonamiento del juez es caprichoso”. Así definió Roberto Lavado la decisión de la Justicia de imputar, embargar los bienes y prohibir salir del país al científico Ricardo Villalba por entender que incumplió con la Ley de Glaciares.

Ni bien se conoció la imputación contra el exdirector del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Lavado lo asesoró, aunque luego el científico debió contratar en forma personal un letrado en Buenos Aires, que es donde se sustancia la investigación, que lidera el juez Sebastián Casanello.

Villalba confirmó que su defensor en Buenos Aires es el penalista Oscar Dimas Agüero y que la Justicia aceptó su pedido de apelación, es decir que una Cámara revisará la imputación.  

La causa la iniciaron representantes de la Asamblea Jáchal no se toca, quienes cuestionaron la metodología con que se realizó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Ianigla. Denunciaron que el organismo científico sólo incluyó los cuerpos de hielo de más de una hectárea, dejando de lado los de menos superficie, que son los ubicados en las cercanías de la mina Veladero, que opera la canadiense Barrick Gold, lo que según su punto de vista posibilitó los derrames de solución cianurada. Esto, porque según la ley, en esas zonas está prohibida la actividad minera.

El juez Casanello atendió las razones de los asambleístas. Imputó a ocho personas, entre ellas a funcionarios de Medio Ambiente por incumplir sus deberes y a Villalba por abuso de autoridad. En los fundamentos del fallo, el magistrado consignó que el científico omitió “de forma deliberada” los glaciares de menos de una hectárea.

Villalba: La ciencia es el perejil

Así lo aseguró el investigador principal del Conicet, quien fue procesado en una causa que iniciaron los integrantes de la asamblea Jáchal No Se Toca. Apoyo de sus colegas en el CCT Mendoza.

Las razones de Lavado

Lavado repitió que tanto la imputación como el razonamiento del juez son caprichosos y explicó sus razones. Dijo que por ley todos los glaciares son objetos de protección estén o no en el Inventario y que son los gobiernos provinciales -en este caso el de San Juan- los que deben proteger esas zonas, que ya conocen y de las que tienen información suficiente como para tomar la decisión de no permitir que se realice una actividad si resulta perjudicial, como en este caso, un proyecto minero.

Según el letrado, si se afectan estos cuerpos de hielo es porque las autoridades competentes no tomaron las medidas que debían y podían tomar, al amparo no sólo de la ley de Glaciares, sino también de las normas que protegen al medio ambiente.

Para el profesional la imputación “carece de sentido común”, ya que se acusó a Villalba de abuso de su autoridad, una figura que explicó sólo tiene asidero cuando una persona dicta leyes o decretos pasando sobre otras normas e incluso sobre la Constitución. Dijo que en este caso esto no pasó, porque lo que elaboró el Ianigla fue un documento con parámetros científicos, que fue aprobado por todos los estamentos del Ejecutivo.

Lavado aseguró que tampoco existió dolo por parte de Villalba, es decir que no hubo una intencionalidad de cometer un delito, sino que los límites que se pusieron para la elaboración del Inventario no los inventó él ni el Ianigla, sino que son los parámetros que siguen los organismos internacionales y los países que concretaron labores similares.

Glaciares: Villalba fue la mano ejecutora

Lo dijo Diego Seguí, querellante por la asamblea Jáchal no se toca. Explicó que el investigador violó la ley al hacer el Inventario sólo con los cuerpos de hielo de más de una hectárea. Aseguró que la Justicia sanjuanina consagró la ...

Dos causas

Luego de los derrames de solución cianurada en la mina Veladero, el primero de los cuales se produjo en 2015, la Justicia abrió dos causas. Una en San Juan, a cargo del juez Pablo Oritja, que analiza las responsabilidades de las empresa Barrick Gold y de las autoridades sanjuanina, y otra, a cargo del juez federal Sebastián Casanello que investiga la actuación de los funcionarios nacionales.

En la causa provincial, Oritja sobreseyó a los representantes de la Barrick Gold, no llamó a declarar a ningún funcionario sanjuanino y sólo imputó a siete obreros del más bajo rango de la minera. En la causa federal, Casanello imputó a exfuncionarios nacionales, entre ellos lo incluyó a Villalba, como exdirector del Ianigla, organismo encargado de la realización del Inventario.