Para el ministro de Seguridad Gianni Venier, los cambios en el sistema penitenciario generaron consecuencias positivas: el condenado asumió responsabilidades al trabajar, se generó empatía con la víctima y mejoraron las relaciones internas entre los convictos. Sin embargo, la situación se empaña con el aumento de la población penitenciaria y la falta de lugares para alojamiento.

Entrevistado por Edición U, el funcionario argumentó que las leyes de prisiones preventivas y las modificaciones para que los presos trabajen cambiaron el paradigma penal. “El preso es responsable de sus actos. El sistema anterior consideraba que había cometido un delito porque la sociedad lo había marginado. Así es difícil resocializarlo; crea un enorme resentimiento en el interno. Hay que cambiar la sociedad”, sentenció.

Venier explicó que el dinero que los presos reciben va a sus familias y a los familiares de las víctimas. Se amplió la cantidad de actividades y talleres y no se descarta que empresas privadas ingresen para dar algunas capacitaciones. En este sentido, recordó que grupos antagónicos de mujeres lograron trabajar juntas gracias al interés económico. El Estado interviene firmando convenios y entregando los materiales para trabajar. El objetivo es que la persona no vuelva a delinquir, que pueda trabajar y tener un oficio.

¿Cuántas son las personas que están en condiciones de trabajar?

Cuando comenzó a aplicarse la Ley, había entre 1100 y 1500 personas. Modificamos tareas: los sistemas se van rompiendo todo el tiempo y allí tenemos, por ejemplo, 500 personas que hacen mantenimiento general. El universo de los condenados es de 2700 personas.

¿Cuáles son los problemas?

Las demoras administrativas para las compras. El tiempo de gestión no es culpa de los presos. De todas maneras, ese número irá creciendo, pero de a poco. No ponés a trabajar a 2700 personas de un día para otro.

¿Cómo solucionan el problema del alojamiento?

Hay que aumentar la tasa de alojamiento. En estos ocho años no se construyó nada y estamos en un constructivo para albergar entre 2000 y 2500 presos más.

Mientras tanto, hay sobrepoblación...

Sí, por supuesto, pero están en un espacio común y luego van a sus celdas. Si la persona comete un delito, ¿vamos a dejar de mandarla a prisión por problemas de alojamiento? Si dañó, lo que debería hacer es no cometer más delitos. Al problema vamos a darle solución.

¿Y con los reincidentes?

En julio de 2016 la tasa de delitos fue de 1046. En el mismo mes pero de 2017 fue de 650, gracias a los cambios en el sistema penal. Esto es una política a varios años, de largo plazo.

¿Entonces hay que adecuar los recursos?

Sí, pero no es tanto. Si al preso le das recursos que no le das al ciudadano, lo estás engañando, porque nadie va a venir a darte plata porque sí. Hay que igualarlo a las leyes del mercado.

¿Qué falta?

En las capacitaciones hay que avanzar con el diseño de proyectos para que los presos no produzcan solo por dependencia laboral, sino que ofrezcan y den más. Creamos audiencias, dimos garantías y elevamos los estándares jurídicos por la precisión de la prueba. Son políticas de seguridad que respetan a la persona y que se cumpla la ley. Hay que modificar juzgados plurales y hacer más efectivo el 911, para que los patrulleros estén abocados a la Justicia y que los detenidos sean trasladados por otro sistema.

La reincidencia confirma el fracaso de las políticas de reinserción

La imagen imponente de Jesús Misericordioso impresiona en el despacho que tiene el juez de la Corte Jorge Nanclares en el cuarto piso del Palacio Judicial. El magistrado, uno de los integrantes del Alto Tribunal, confiesa que es un cuadro donado al Poder Judicial y que pidió tenerlo a su cuidado.