La decisión pone fin al último proceso contra el ya ex juez de la Audiencia Nacional, recientemente condenado por el mismo tribunal a 11 años de inhabilitación por autorizar escuchas telefónicas en prisión entre los principales implicados en el caso de corrupción Gürtel, ligado al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, y sus abogados.

En cumplimiento de esta sentencia, Garzón fue expulsado de la carrera judicial y perdió su cargo, desde el cual se hizo mundialmente famoso por perseguir a violadores de derechos humanos, especialmente a los represores de Argentina y el resto del Cono Sur.

Hace dos semanas, el alto tribunal también archivó por prescripción la tercera causa abierta contra Garzón en relación a una financiación que recibió de grandes bancos y empresas españolas para dictar unos cursos en Nueva York.

En su nueva sentencia, el Supremo absuelve a Garzón por mayoría, con seis votos a favor y uno en contra, del magistrado José Manuel Maza, indicó a Télam una fuente del Tribunal Supremo.

El tribunal presidido por el juez Carlos Granados considera que Garzón no cometió un delito de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta, cuando decidió en 2008 declararse competente para investigar los crímenes de la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).

Esta causa fue abierta por las organizaciones ultraderechista Manos Limpias y Libertad e Identidad, que pedían una condena de 20 años de inhabilitación para Garzón.

Según las acusaciones, el magistrado había vulnerado a sabiendas la ley de Amnistía de 1977 y la ley de Memoria Histórica del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

El abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, y el fiscal del caso, Luis Navajas, solicitaron conjuntamente la absolución del juez y el archivo de la causa, al considerar que las denuncias ni siquiera habían cumplido los requisitos mínimos de legalidad, y por la parcialidad del magistrado que instruyó el procesamiento, Luciano Varela.

También apelaron a la doctrina Botín, según la cual una acusación popular no puede abrir un juicio penal en solitario y sin el apoyo de la fiscalía.

Durante el juicio contra Garzón, los familiares de las víctimas del franquismo tuvieron la oportunidad, por primera vez en la historia, de relatar ante un tribunal español los horrores de la represión franquista.

También dieron muchísimas muestras de apoyo a Garzón con manifestaciones a la puertas del tribunal Supremo, a la que calificaron de fascista y de ser una vergüenza para España.

En su alegato final, Garzón aseguró que su conciencia estaba tranquila, porque actuó conforme a derecho y guiado por el desamparo de las víctimas.

El magistrado aseguró que las decisiones que adoptó fueron para perseguir, sancionar o castigar crímenes masivos de desapariciones forzadas en el contexto de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles.