Legisladores nacionales de todo el arco opositor repudiaron con fuerza este miércoles 3 el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable el cómputo del 2 por 1 para la prisión por delitos de lesa humanidad, al declarar aplicable la ley 24390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, por el caso de Luis Muiña. La decisión del máximo tribunal fue por mayoría: Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se inclinaron por la afirmativa mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron con disidencias.

Diputados del Frente para la Victoria-PJ, el Frente Renovador, el Movimiento Evita y Victoria Donda, de Libres del Sur, cuestionaron el fallo supremo, mientras que el PRO se mantiene en silencio y hubo pocas reacciones públicas del radicalismo.

La bancada del FpV-PJ en la Cámara de Diputados, presidida por Héctor Recalde, emitió un comunicado donde señaló que el fallo “significa un enorme retroceso en la lucha contra el terrorismo de Estado y en la imagen que el país había recuperado a nivel internacional en la defensa de los Derechos Humanos”.

“A 40 años de conmemorarse las históricas rondas de las Madres de Plaza de Mayo, el tribunal judicial lleva a la sociedad a épocas retrógradas, caracterizadas por la supresión de toda garantía constitucional y del debido proceso, por persecuciones ideológicas y torturas, con el lamentable saldo de 30 mil desaparecidos que el gobierno de Macri ignora”, alertaron.

Para los diputados kirchneristas, “la aplicación del 2 x 1 es lisa y llanamente un indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad y constituye un pésimo y negativo mensaje a la sociedad, en la que los culpables de asesinatos tienen siempre la chance de beneficiarse con la reducción de las penas”.

También se expresó al respecto Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, quien expresó que la Corte, con su fallo, “desanda un camino de clara defensa de los DD. HH. en casos de delitos de lesa humanidad a nivel nacional e internacional, para comenzar a ejecutar un marcado retroceso en esta materia, tan sensible para la mayoría de los argentinos”.

Donda consideró que la aplicación del artículo 2 del Código Penal, en tanto establece el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna, no se verifica en este caso, puesto que no sólo el encarcelamiento fue posterior a la derogación de la ley 24390 (que otorgaba el beneficio del 2 x 1), sino que, además, el carácter permanente de la ejecución y consumación en el tiempo del delito por el cual fuese condenado el genocida Muiña “bajo ningún punto de vista puede ser un motivo que habilite la aplicación de una ley anterior, la cual no se encontraba ni vigente al momento del hecho ni al momento de su detención”. Por lo tanto, opinó, “no existen razones ni válidas ni lógicas para sostener su aplicación en estos casos”.

Desde el oficialismo, que mostró escasas reacciones, el radical Miguel Bazze manifestó que el fallo “es altamente cuestionable, debido a que se computa la pena a alguien condenado por delitos de lesa humanidad”.

Para el diputado por Buenos Aires, “queda claro en el fallo del máximo tribunal lo que expresan los jueces que votaron en disidencia”, quienes señalan que “no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad” y subrayan que “la ley invocada por quienes dieron el beneficio está derogada”. “Tenemos el mayor respeto institucional por los fallos de la Corte, pero nos genera un profundo rechazo que un condenado por delitos de lesa humanidad reciba este beneficio”, dijo Bazze, quien reivindicó al radicalismo en su lucha por los derechos humanos.

El Frente Renovador de Sergio Massa también rechazó el 2 x 1 en todos los casos, y fundamentalmente en los de lesa humanidad. “Es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor justicia y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa”, denunciaron los diputados del bloque.

“El desafío de construir una democracia para todos los argentinos necesita que terminemos con la impunidad, defendiendo siempre las banderas de la Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvieron en el massismo.

Particularmente, un diputado de esa bancada, Facundo Moyano, presentó un proyecto de repudio al fallo supremo. “Si la Justicia beneficia genocidas, ¿qué garantías puede dar el Estado a víctimas y testigos como Julio López?”, se preguntó a modo de ejemplo, y agregó que la decisión “marca un precedente muy peligroso”, porque “los beneficios y garantías no deben ser para los criminales, sino para las víctimas”.

En tanto, el Movimiento Evita, bloque que comanda Leonardo Grosso, coincidió en el repudio a través de otro proyecto, presentado por Remo Carlotto, hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto. El proyecto explica que la computación doble a partir de los dos años de prisión no es compatible con los delitos de lesa humanidad y en sus argumentos describe que “la interpretación efectuada es una clara muestra de facilitar un beneficio a quienes perpetraron los más atroces crímenes en la última dictadura cívico-militar”.