Fuerte llamado al Presidente por una jueza con perspectiva de género en la Corte Suprema
Elena Highton de Nolasco dejó su banca en el máximo tribunal en octubre. Para su reemplazo, distintas organizaciones solicitaron “la designación de una magistrada con compromiso con los derechos humanos y perspectiva de género”. El Gobierno asegura estar reuniendo consensos para definir la postulación.
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fuente: La Nación
Mediante una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, un grupo de organizaciones elevó una serie de recomendaciones con perspectiva de género y derechos humanos para seleccionar a las personas de la candidatura que ocuparán la vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Apuntan a que “el Poder Ejecutivo realice una postulación que asegure la igualdad de género en la justicia”.
El comunicado fue elaborado por Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Gqual, junto a otras organizaciones de la sociedad civil.
Después de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, presentada en octubre y efectivizada el 1 de noviembre, la Corte quedó integrada por cuatro hombres. “Ante esta situación, impera la necesidad de que antes del vencimiento del plazo legal de 30 días, se postule a una mujer para ocupar dicho cargo, para superar la subrepresentación de mujeres en los cargos de mayor jerarquía del poder judicial de la Nación, y en especial en el más alto tribunal”, expresa la carta.
En su habitual conferencia de prensa de los jueves, la portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerrutti, aseguró días atrás que estaban haciendo las consultas correspondientes y la decisión se tomará “en el marco de la equidad de género y del cupo federal”. Es decir, adoptarán los compromisos internacionales y estándares nacionales en materia de derechos humanos.
La designación que solicita la carta no se limita a una persona de género femenino sino que reclama la necesidad de que tenga “demostrado compromiso en la defensa de los derechos humanos y con perspectiva de género”. Esto formaría parte de los requisitos que forman parte de una idoneidad técnica que el cargo demanda.
La subrepresentación femenina es una realidad no solo nacional sino de todos los máximos tribunales de América Latina: las mujeres ocupan solo el 30% de estos cargos en la región. Sin embargo, Argentina se encuentra por debajo del promedio ya que, hasta octubre, solo uno de cinco cargos era ocupado por una mujer, es decir, el 20%. En este momento esa representatividad es del 0%.
La desigualdad resalta si se tiene en cuenta el Mapa de Género de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Allí se evidencia que el 56% de las personas que conforman el sistema de justicia son mujeres, pero solo hay un 31% en cargos jerárquicos —ministras, procuradoras generales y defensoras generales—.
Hasta el momento, solo tres mujeres integraron la CSJN, de las cuales una fue designada por el gobierno de facto de Roberto Levingston: Margarita Argúas —entre 1970 y 1973, renunció el día antes de la asunción de las nuevas autoridades constitucionales—, Elena Highton —entre el 2004 y el 2021— y Carmen Argibay —del 2005 hasta el 2014, año en que falleció—.
Luego de las renuncias de Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt, el expresidente Mauricio Macri elevó los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los últimos en incorporarse a la Corte, en 2016. Junto con Ricardo Lorenzetti —desde el 2004— y Juan Carlos Maqueda —desde el 2002— son los cuatro varones integrantes del más alto tribunal argentino.
Para estos cuatro jueces, la prioridad en el reemplazo de Highton es agilizar la salida de fallos para ordenar y acelerar todo el funcionamiento del sistema de justicia. La línea a seguir bajo la actual presidencia de Rosatti es que la Corte no debe ser una tercera instancia en la justicia sino un tribunal de control de constitucionalidad que establezca parámetros para que las instancias ordinarias sepan cómo fallar.
Por su parte, la carta de las organizaciones de la sociedad civil concluye: “La representación de mujeres en el acceso a los cargos más elevados en la judicatura colabora a garantizar el principio de igualdad, contribuye con la desarticulación de estereotipos de género que han vulnerado históricamente los derechos de las mujeres y colabora con la promoción de un debate más plural y diverso avanzando en la inclusión de la perspectiva de género”.
Fuente: Télam
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