Incertidumbre. Esa es una de las sensaciones que existen en nuestro país desde que se conocieron los aumentos de los servicios públicos a comienzos de 2016. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó el tarifazo el 18 de agosto definió el marco de acción para los consumidores residenciales pero dejó en el limbo la situación de las pequeñas empresas y organizaciones sociales.

Sergio Rocamora, abogado especialista en Derecho del Consumidor, aseguró a Unidiversidad que el fallo de la Corte no deja lugar a dudas. Se debe retrotraer los precios, llamar a una audiencia pública y mantener el programa de tarifa social. Aseguró que el dinero que se pagó seguramente la distribuidora lo quiera tomar a crédito, pero especificó que debe devolverse en efectivo porque no se cumplió con la ley.

El exfuncionario del gobierno de Francisco Pérez señaló que como el fallo de la Corte tiene alcance nacional, en Mendoza se debe acatar la medida. En este sentido, indicó que la discusión se demoró 8 meses con la audiencia pública, cuando según sus palabras “hace 20 años que se sabe lo que dice la Ley sobre lo que debe hacerse antes de un aumento de servicios”.

Por otra parte, el especialista en Defensa al Consumidor agregó que hay mucho desorden y se vuelve más complejo porque el Ejecutivo indicó que el Estado estaba en una crisis financiera. Expresó que se trata de un cambio en la política económica y que eso debió preverse antes de implementar los aumentos, por lo que ahora la audiencia debiera tener un alto grado de accesibilidad, que la ciudadanía sepa qué se cobra.  

Rocamora afirmó además que en la instancia de Audiencia Pública se tiene que explicar qué pasó con los subsidios que le dio la Nación a las empresas y que los aumentos deben ser acordes a las posibilidades económicas de los usuarios. Al mismo tiempo, el abogado aseguró que las pymes accionarán en el ámbito legal porque se viola el derecho a la competencia.  

“El derecho de competencia es la posibilidad de establecer ciertas reglas para que los actores productivos puedan ofertar y el consumidor pueda consumir. Al no haber competencia no hay oferta y demanda, y uno se encuentra en esa situación donde el mercado se paraliza o se carteliza”, espetó.

En este caso, indicó que al aumentar los costos de producción el aumento se trasladará a los precios y eso afectará a los consumidores. "El usuario comercial o industrial son usuarios que tienen derecho a participar en una audiencia pública porque deben pedir explicaciones de cuánto se debe pagar (…) están muy perjudicados", concluyó.