Diputados sancionó un proyecto de ley que prorrogó el plazo establecido de suspensión de los juicios iniciados contra los puesteros de la provincia, en cualquier estado de ejecución que se encuentren, hasta el 31 de diciembre de 2017. En Mendoza, alrededor de 1500 puesteros están imputados por "usurpar" las tierras en las que trabajan, ya que particulares les reclaman esos terrenos que habitan.

El proyecto aprobado por los legisladores modificó un artículo de la ley 8621, más conocida como “Ley de Arraigo de Puesteros”, que protege los derechos de los campesinos que habitan y cultivan la tierra desde hace varias generaciones.

La prórroga se repite de manera anual desde hace más de 10 años, para evitar procesos legales iniciados contra los campesinos y puesteros hasta que su situación se regularice. Según los fundamentos del proyecto de ley, el objetivo es evitar que se los obligue a abandonar sus actividades en forma coercitiva, teniendo en cuenta que tienen derecho a obtener el título de las tierras con la posesión veinteñal y el desarrollo de actividades productivas.

La autora de la iniciativa, la diputada del Frente para la Victoria (FpV) Silvia Ramos, resaltó la importancia de frenar los juicios contra los puesteros. 

“Siempre hay un privado interesado en hacerse cargo de estas tierras, y al saber que no están escrituradas, empiezan a merodear el terreno, van a catastro y, como los puesteros no están registrados, compran el terreno. Ha habido muchos trabajadores que perdieron sus tierras y fueron juzgados antes de la sanción de la ley. Si bien los campesinos están en una situación provisoria y precaria, después de ser sancionada la ley, en 1993, no ha habido casos de demandas”, explicó la diputada.

Lena Mozas, integrante de la Unión Rural de Trabajadores sin Tierra (UST), expusoó que a pesar de que esta prórroga de plazos beneficia a los puesteros, no es lo ideal. Dijo que la solución es regularizar la tenencia de la tierra a manos de los campesinos y recalcó que esto no se realiza porque existen mucho intereses privados.

La integrante de la organización explicó que en muchos casos solicitaron que se realizara una delimitación de los campos, aprovechando la utilización de las nuevas tecnologías. Esto brindaría información básica para comenzar a regular la tenencia de la tierra.

“El registro Único de Puestero nunca fue completado, los agrimensores no llevan a cabo correctamente su trabajo, algunos copian planos de hace 40 años sin relevar a los puesteros y otros ignoran su existencia como favor a los privados. Los juicios avanzan en Malargüe y San Rafael", comentó Mozas. Por esto, pidió a la Provincia una política clara, ya que aseguró que los privados siguen avasallando los derechos de los trabajadores. 

Mozas insistió en la necesidad de que Mendoza adhiera a la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina (27118). La Ley promueve el desarrollo humano integral de pequeños productores, comunidades campesinas e indígenas y trabajadores de la agricultura familiar. 
 

Alambrado y destrucción

La integrante de la UST explicó que existen en Mendoza casos extremos de amenazas y presiones constantes hacia los puesteros, aun cuando existe una sentencia judicial favorable para los campesinos. Comentó que, en algunos casos, los privados les tiraron las casas o cercaron las tierras de los campesinos, impidiendo la producción. La mujer dio algunos ejemplos: los de la familias Montenegro y Sarmiento. A la primera los privados le derribaron la casa y al segundo le alambraron los campos. Mozas explicó que en estos casos, la policía y el sistema judicial suelen amparar más el reclamo de los privados que el de los puesteros que habitan y trabajan la tierra.