Es común escuchar a las personas con cierta edad afirmar que antes los productos "duraban más". Sucede que, en la actualidad, las empresas que elaboran dispositivos electrónicos limitan su vida útil en el proceso de fabricación para asegurar más ventas a futuro. La Unión Europea tomó cartas en el asunto y aprobó una ley para evitar que esto suceda. En ese contexto, Francia será el primer país en aplicar esa normativa en 2021.

La ley pretende limitar los productos electrónicos de un solo uso, obligar a los fabricantes a facilitar la reparación de los dispositivos y ofrecer más información sobre la capacidad de reparación de cada producto. Entre las distintas medidas que aborda la iniciativa se encuentra el respaldo a la producción sostenible. Además, demanda un sistema de carga común para reducir los desechos electrónicos, una batalla que actualmente es motivo de debate entre los principales fabricantes.

Como primera medida, el Parlamento obligará a establecer un etiquetado que determine la durabilidad de los productos a través de un índice de reparación del dispositivo: una información "clara y precisa" que deberá ser ofrecida al usuario antes de realizar la compra.

Francia tomó la delantera en la aplicación de la normativa, que comenzará a regir a partir de enero de 2021. Los fabricantes franceses deberán informar al consumidor sobre la posibilidad de reparar un producto. Se implementará como una etiqueta con una puntuación del uno al diez que que represente lo fácil que es reparar el dispositivo, siendo diez el valor máximo.

Por el momento, esa regla se aplicará a lavarropas, notebooks, smartphones, televisores y cortadoras de pasto. El índice francés tiene como objetivo ir incorporando variables y transformarse, para 2024,  en un índice que informe no solo sobre la reparabilidad, sino también sobre su fiabilidad y solidez.

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El problema de los residuos

La propuesta surge de un reclamo que los ciudadanos europeos realizan hace tiempo. De acuerdo a una encuesta realizada por la Unión Europea en 2014, el 77 % de los europeos repararían sus productos antes que reemplazarlos y el 79 % cree que los fabricantes deberían estar legalmente obligados a facilitar la reparación o reemplazar componentes.

Dentro de los principales argumentos que sostiene el Parlamento para justificar la votación de la norma, se encuentran la defensa a los consumidores, que siempre se encuentran en una relación vulnerable frente a las empresas; el cuidado del medio ambiente al evitar la disminución de recursos naturales necesarios para la producción de nuevos dispositivos, y la producción de basura electrónica. También habla del efecto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido en el mercado, y de cómo ha demostrado la necesidad de establecer modelos de negocio más sostenibles.