Columna de política internacional con Augusto Grilli Fox
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04 DE NOVIEMBRE DE 2024
La Asamblea Nacional francesa aprobó, después de meses de discusiones, un proyecto de ley de inmigración que impone reglas más duras para los indocumentados, con la protesta de los socialistas y la promesa de acudir ante el Consejo Constitucional.
Foto: Web
El texto fue finalmente adoptado por la Asamblea Nacional
por 297 votos a favor y 193 en contra y por el Senado, 182-151, según despacho
de Prensa Latina.
La legislación establece reglamentos para las expulsiones de indocumentados y
los demandantes de asilo e incluye una medida que limita el permiso de
residencia para enfermos graves.
Esta última es considerada como una sentencia de muerte por la Organización no
Gubernamental (ONG) Médicos del Mundo (MDM).
Actualmente, amparados por las leyes Debré de 1997 y Chevenement de 1998,
tienen derecho a estancia temporal todas las personas con afecciones delicadas
como Sida, cáncer u otras que no tengan recursos ni posibilidades de atenderse
en su nación de origen.
De acuerdo con la ONG, desde 1998 un foráneo con una enfermedad grave que viva
en Francia es protegido contra toda medida de expulsión y puede obtener un
permiso de residencia si no se beneficia de un "acceso efectivo" al
tratamiento en su nación.
Ese dispositivo atañe a unas 28 mil personas.
En el texto aprobado inicialmente por los diputados se sustituyó el concepto de
"acceso efectivo" al tratamiento por el de "disponibilidad"
y los senadores lo cambiaron por el "de ausencia" de cuidados
apropiados en el país de origen, lo cual pone básicamente en entredicho ese
derecho.
La ONG, que junto a otras análogas pidió rechazar esta modificación, reprochó
como en esta ocasión no se tuvo en cuenta la viabilidad de acceso de los
enfermos, pues en muchos lugares sólo es accesible la salud para una minoría.
Con la nueva ley se retrasa hasta cinco días, en lugar de los dos actuales, la
intervención de un juez en caso de detención.
Además se incluye una medida relativa a la creación de las zonas de espera
temporales fuera de los puntos de paso fronterizo aplicable a un grupo de al
menos 10 extranjeros que arriben a territorio francés.
Los prefectos podrían retenerlos en esas franjas consideradas extraterritoriales
lo cual implicaría una menor protección jurídica.
La Asamblea y el Senado retrocedieron en la propuesta del Gobierno de retirar
la nacionalidad a extranjeros que atentan contra agentes del Estado (policías,
gendarmes, bomberos, entre otros).
Los considerados como "matrimonios grises o de conveniencia" tampoco
escaparon a la recién aprobada legislación y serán objeto de sanciones con
penas de cinco años de cárcel y 15 mil euros.
Obey Ament, encargado de relaciones internacionales para América Latina del
Partido Comunista Francés (PCF), señaló que una vez más se trata de un
dispositivo legislativo que forma parte de una visión global marcada por la
xenofobia y la exclusión.
"Al mismo tiempo, el gobierno hace que el país de la declaración de los
Derechos Humanos se hunda más en una lógica que legaliza una supuesta
desigualdad entre los seres humanos", añadió.
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