"No es posible entablar negociaciones en este momento con motivo de la persistencia de las demandantes en llevar adelante conductas que afectan a la República y por la falta de confianza de la República en que sea usted quien supervise un proceso de negociación". Con esta dureza el Gobierno rechazó la intervención de Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa. Lo hizo a través de una nota firmada por el abogado que representa a Argentina, Carmine Boccuzzi.

El texto sostiene que los demandantes –en referencia a los fondos buitre NML Capital, Ltd y otros– "dicen querer resolver este conflicto de manera consensuada, pero han incrementado sus ataques injustificados sobre la República tanto dentro como fuera del tribunal". A modo de ejemplo, indicaron que los fondos buitre han pretendido obtener órdenes de congelamiento de bienes diplomáticos sujetos a inmunidad (lo más reciente fue lo ocurrido en Francia y en Bélgica) e impedir emisiones de deuda local claramente legítima. La postura de Argentina es que "hasta que las demandantes no cesen su conducta de hostigamiento, no estarán dadas las circunstancias para entablar ningún tipo de negociación con ellas".

Asimismo, los fondos buitre han intentado intimidar a terceras partes del litigio, "inundándolos con citaciones donde les solicitan información irrelevante para estos procedimientos como también, entendemos, amenazándolos y hostigándolos y, además, han realizado amenazas infundadas de iniciar más demandas, entre ellos en el sorprendente comunicado de prensa de Aurelius del 22 de abril de 2015". En dicho texto, Aurelius realizó una "infundada declaración de que cualquier comprador de la deuda de la República devendría en parte demandada en un litigio iniciado por Aurelius", recordó Boccuzzi, quien le explicó a Pollack además que Aurelius "pretendió imponer obligaciones de retención de documentos sobre cada tenedor de deuda de la República".

Más allá de todo eso, prosiguió Boccuzzi, "las demandantes y ATFA, la entidad que crearon para hostigar públicamente a la República, han continuado su campaña de largos años de ataque contra la República y sus funcionarios, y han fomentado una campaña de prensa negativa contra la República tanto aquí como en el extranjero". Por lo tanto, la postura de la República es que "hasta que las demandantes no cesen su conducta de hostigamiento no estarán dadas las circunstancias para entablar ningún tipo de negociación con ellas".