El oficialismo apuntará este martes en el Senado provincial a darle sanción final al proyecto de ley para crear el Programa Plurianual de Estabilización del mercado vitivinícola. Sobre tablas, al igual que en Diputados, tratará de lograr el acompañamiento de la oposición y así convertir en ley la iniciativa.

La propuesta se iba a debatir el miércoles pasado en Diputados, pero la discusión se extendió y, finalmente, se trató al otro día en horas de la noche. Para conseguir el consenso, el Ejecutivo provincial tuvo que aceptar cambios de la oposición y acceder a trabajar con un fondo de un total de $ 3200 millones, en vez de los $ 4000 millones previstos.

En primera instancia, el Gobierno solicitó a la Legislatura que se autorizara un endeudamiento de $ 1000 millones por año, de 2019 a 2022. No obstante, el proyecto que finalmente fue aprobado en Diputados plantea un esquema diferente.

Para el primer año (2019) se autorizaría al Ejecutivo a “incrementar en $ 300 millones el presupuesto vigente” y tomar deuda por un valor de $ 500 millones. En los años 2020 y 2021, en cambio, “se incluiría una partida de $ 400 millones” y se habilitaría al Ejecutivo a endeudarse por otros $ 400 millones.

En tanto, para 2022 se incluiría en el presupuesto una partida de $ 300 millones para este fin y el Gobierno podría sumar otros $ 500 millones con financiamiento. En total, el Ejecutivo contaría con $ 3200 millones, de los cuales $ 1600 millones serían de partida presupuestaria (distribuidos en cuatro años) y $ 1600 millones se sumarían con toma de deuda, siempre que el Senado le dé sanción definitiva.

El proyecto aclara además que, para endeudarse, la Provincia tendrá que priorizar como fuente de financiamiento a “aquellos provenientes de su agente financiero u organismos públicos nacionales e internacionales, siempre que las condiciones sean favorables de acuerdo a lo establecido por la Ley 8706”.

Además, el artículo 3.° del proyecto establece que en el ejercicio 2019 se priorizará el uso de los fondos para equilibrar al mercado vitivinícola, pero deberá destinarse la suma de $ 130 millones para fortalecer programas de apoyo al trabajador rural, tanto para los permanentes como para los eventuales.

Este punto introducido fue el que más celebró la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Es que entre la batería de medidas que presentó Unidad Ciudadana en la Legislatura para paliar la problemática del sector, estaba la de implementar “un apoyo al trabajador de cosecha con el fin de sostener el empleo y el salario”. 

Otro punto clave del proyecto aprobado por Diputados se encuentra en el artículo 6.°, donde se autoriza al Gobierno a otorgar un crédito fiscal con un costo tributario de $ 180 millones. La normativa indica que “las personas humanas o jurídicas que realicen exportaciones de vino a granel genérico y/o varietal podrán acceder al beneficio de un certificado de crédito fiscal aplicable al pago de Ingresos Brutos” por el valor que el Poder Ejecutivo determine a esos efectos. Este crédito tendría por objetivo compensar los costos generados por las retenciones y el resto de los impuestos a la exportación.

El Gobierno tratará así de equilibrar el mercado vitivinícola, con operativos de compra de uva para mosto que garanticen un precio de referencia. Además, habrá créditos fiscales para quienes exporten vino a granel genérico y/o varietal.