Conflicto judicial: se suspendió la acordada y se abrió el diálogo

Provincial

El enojo de Suarez

La puja entre ese grupo y el Ejecutivo se inició en marzo de 2020, cuando se dio a conocer que cobra sueldos de bolsillo de hasta 406 818 pesos. Esto provocó el enojo del gobernador Rodolfo Suarez, que presentó un proyecto para regular salarios con el objetivo de que tengan una directa relación con la prestación y función que se ejerza, además de ratificar que nadie puede cobrar más que el mandatario provincial. La iniciativa se aprobó.

Contra esa ley (9230) fue que el grupo de empleados y empleadas presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, ya que es el máximo tribunal que tiene la prerrogativa del control de constitucionalidad, es decir, determinar si una norma respeta la Constitución y los tratados internacionales en la materia.

La presentación ingresó a la Sala II de la Corte y sus integrantes (José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro) resolvieron una medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, es decir, si la ley es o no constitucional. Esa decisión final la tomará el pleno, es decir que votarán las siete personas que integran el máximo tribunal mendocino.

Como es usual cuando se realiza este tipo de presentaciones, la Corte solicitó la opinión de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado. Ambos organismos ya se expidieron en el sentido de rechazar el planteo y son voces que el máximo tribunal tendrá en cuenta a la hora de tomar de su decisión.

El rechazo de Fiscalía

El dictamen de Fiscalía consideró improcedente la presentación del grupo de judiciales y consideró que se debe rechazar. El escrito está firmado por la subdirectora de Asuntos Jurídicos, Alicia López Revol, ya que el fiscal Fernando Simón se excusó por conocer a algunas de las personas que hicieron el reclamo ante la Corte.

En el dictamen, la profesional consideró que la ley analizada (9230) “no afecta retroactivamente la remuneración o salarios, fija un nuevo régimen salarial que no resulta irrazonable ni confiscatorio, y no implica una merma sustancial de los haberes que impidan la digna subsistencia”.

En el escrito, también se destaca que la norma “no cuestiona la idoneidad, ni la designación, ni las funciones que cumplen; ni extingue o suprime los puestos de trabajo o el cargo funcional”. Otro de los puntos sobresalientes del dictamen fue que consideró que la ley no es violatoria de derechos y garantías constitucionales, ya que fue dictada por el órgano competente para regular el régimen salarial de la administración de la Provincia.

La Corte tomará en cuenta esta opinión y continuará con el proceso, es decir, el aporte de pruebas de las partes en conflicto. Luego, serán sus siete integrantes los que deberán fallar sobre la cuestión de fondo, es decir, si la ley que impulsó Suarez para evitar las equiparaciones salariales es o no constitucional.