Fiscalía de Estado será la próxima en tomar medidas judiciales por el aumento excesivo del servicio de gas. A este reclamo se le suma el pedido de amparo que fue presentado bajo el nombre de la ONG Protectora contra el ENARGAS.

El motivo de estas medidas es la falta de transparencia por parte de las empresas, las cuales impusieron el aumento sin el respaldo de una audiencia pública que declare los costos de las compañías. Ecogas y Enargas están en la obligación legal de ampliar la información ante la Justicia y explicitar cuál es el criterio de aplicación de la tarifa social ante los nuevos cuadros tarifarios. "Esta manera de proceder que se ha llevado a cabo es anticonstitucional y por lo tanto se debe considerar ilegal”, declaró ante Unidiversidad el apoderado de Protectora, Mario Vadillo.
 

Avances

La medida cautelar de Protectora quedó en manos de la jueza Olga Arrabal, del Juzgado Federal N.° 2 de Mendoza. La misma admitió la acción de amparo y hasta ahora le permitió a Ecogas aplicar sólo un aumento desde el 1.º de abril de 2014.

El expediente fue firmado por los jueces Roberto Naciff, Hugo Echegaray y Raúl Fourcade, de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, quienes rechazaron la apelación de Ecogas y el Enargas contra la cautelar. Gracias a esto se logró “mantener la suspensión íntegra de la entrada en vigencia de la Resolución SE N.º 226/14 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, según figura en la resolución, y se logró mantener la suspensión de dos de los tres tramos del aumento que dicha resolución aprobó dos años atrás.

A la fecha, la jueza también debe decidir si admite que otra medida cautelar se sume a la ya tomada en la Cámara Federal, que ya mantuvo frenados tres tramos. No obstante, se espera fallo final durante la próxima semana.
 

Situación de Mendoza

En la provincia, desde el año 2009 se vienen presentando acciones legales debido a que el aumento resulta significativo para el usuario medio. El usuario residencial de alto consumo se ve castigado con tarifas muy altas.

Según el abogado Mario Vadillo, esto se debe a que Enargas –el ente regulador del gas para la República Argentina– se encarga de categorizar el nivel de consumo por región según m³. Para esto se rige por un sistema de rangos, siendo R1 bajo consumo; R2, rango medio, es decir, viviendas de familias usuarias de termotanque, y R3-4, alto, que sería el caso de nuestra provincia, ya que en épocas frías se utilizan dos o más estufas en el hogar y el consumo promedio es muy elevado. Sin embargo, según Enargas la provincia se categoriza como R2, lo cual no representaría un problema significativo a la hora de atravesar el aumento tarifario.

“Nuestra meta principal no se centra en el aumento en sí, sino más bien en cambiar la categorización errónea, que es lo que más nos perjudica”, sostuvo el representante de la ONG.

 
Ante la complejidad de la situación, todo indica que las acciones legales seguirán su curso. La Fiscalía de Estado será la última en evaluar el impacto del efecto del tarifazo y poner interés en medidas judiciales, según lo declarado por fuentes oficiales a Unidiversidad.