El conflicto que existe en Uspallata por el parador de camiones tiene tres actores clave: la municipalidad de Las Heras, que firmó el convenio; la UTE, que ganó la licitación y la  Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), que califica el acuerdo de inconstitucional. En el medio apareció la Fiscalía de Estado, que dio el visto bueno para avanzar con los estudios de impacto ambiental.

En un extenso documento, el organismo dictaminó que el proceso de licitación se ajustó a la Constitución y que se respetaron las exigencias legales en el acuerdo. Además, el texto remarca que no existe una disposición legal que dificulte la prestación de servicios de transporte automotor y de control. De esta manera avaló el acuerdo que firmó el exintendente Rubén Miranda y sumó un capítulo más a esta historia de intereses cruzados que empezó en 2014. 

El conflicto es largo y complejo, pero una de las críticas de Aprocam es que se viola el derecho constitucional a la propiedad privada y que el acuerdo está viciado de irregularidades. Argumentan que se trató de un proceso fraudulento entre Miranda y la empresa concesionaria que ganó la licitación. En el documento firmado por el fiscal de Estado Fernando Simón se establece que dicho delito no se produjo porque se trata de terrenos del Estado y que la falta de publicación del trato –otro de los reclamos de la cámara– no impide la validez del acuerdo.

En la asociación de camioneros desconocían que se había producido el dictamen de la Fiscalía y mantienen la idea de llevar el litigio a la Justicia. “Esto es parte del acuerdo entre (Ricardo) Echagaray y compañía, que otorgó el terreno a Las Heras, que a su vez lo entregó a un privado”, recriminó Guido Calzetti, presidente de Aprocam.

En este sentido, aseguró que desde la asociación que preside están a favor de que se construya un lugar para los camioneros de la provincia pero se oponen a la obligatoriedad de un canon para ingresar. Para el empresario se trata de un “negoción” porque, según dijo, la empresa recuperará en poco tiempo el dinero que invirtió y en contraparte se encarecerá el costo de los productos que se envían al exterior. “Si el Gobierno dijera que darán una solución, se podría analizar, pero esto (por el parador) no solucionará el problema”.
 

El acuerdo de la discordia

En 2014 el entonces intendente de Las Heras Rubén Miranda firmó un acuerdo con una UTE integrado por la empresa Dorisol S.A., EAG S.A. y Logística Mercosur S.A. (de la que participa el empresario Alfredo Vila Santander). Se trata de una serie de obras que fue presentado para proteger a los camioneros de las inclemencias climáticas de la montaña.

El parador tendría un costo de $ 23 millones, y será concesionado por 15 años. Tiene una extensión de 12 hectáreas, donde podrán ingresar alrededor de 276 camiones. El acuerdo inicial implicaba que la comuna recaudaría el 5 % de los ingresos de la empresa. Para lograr esto se estipuló un canon de $ 372 por camión para ingresar al parador. En ese pago se incluía el control y la desinfección de la cargas.

A fines de 2015 cientos de camiones marcharon en diversas oportunidades a la plaza Marcos Burgos para protestar por la implementación del parador. Después de la debacle electoral del peronismo en la comuna, el nuevo intendente, Daniel Orozco, agregó cambios en el acuerdo relacionados con la recaudación (del 5 % lo llevó al 25 %) y obligó a la empresa a realizar las obras de construcción. Desde la comuna se vio como un triunfo. Para los camioneros es un "manoseo más" hacia el trabajo que realizan.
 

El dictamen completo