La provincia de Tucumán adhirió hoy a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en materia de género para la totalidad de los agentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al aprobar la Legislatura provincial el proyecto oficialista, que finalmente se impuso ante la postura de un sector de la oposición que buscaba la sanción de una norma alternativa. El dictamen de mayoría fue sancionado con 39 votos a favor y ocho en contra, ya que a la bancada de Fuerza Republicana –espacio que lidera Ricardo Bussi y que propuso el rechazo del dictamen– se unieron los legisladores Raúl Albarracín y Walter Berarducci, ambos del Partido por la Justicia Social.

“Hemos aprobado la Ley Micaela por abrumadora mayoría y de esta forma estamos dando cumplimiento a la adhesión que realizaron todas provincias del país", señaló el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo.

El vicegobernador destacó que la norma tiene una "pequeña modificación", ya que "la autoridad de aplicación en la provincia estará a cargo de las máximas autoridades de los tres poderes": el gobernador Juan Manzur (Ejecutivo), la presidenta de la Corte Suprema, Claudia Sbdar (Judicial) y Jaldo (Legislativo). Se espera que la ley sea promulgada en las próximas horas por el gobernador Manzur, que se comprometió a dar ese paso "lo antes posible" para que la norma entre en vigencia en la provincia.

Jaldo destacó el nivel que tuvo el debate, que duró más de tres horas, ya que "nos escuchamos respetuosamente antes de votar este importante proyecto". La legisladora Sandra Girado apoyó el proyecto oficialista, ya que "resulta indispensable que todas y todos estemos capacitados para entender qué se busca en las luchas feministas", y recordó: "Micaela fue una militante que buscaba una Argentina igualitaria". Otro integrante del bloque justicialista, Gonzalo Montero, indicó: "La mejor manera de erradicar la violencia en combatirla con educación", y expresó: "La ley no es una ideología, sino una herramienta".

Uno de los que votaron en contra es Albarracín, que justificó su posición al señalar: "La ley Micaela tiene un fin noble, pero está cargada de ideología, y si lo que queremos es eliminar la violencia hacia la mujer, que se la respete y se la cuide, pero con una mirada más amplia". El radical José Ascárate cuestionó duramente la posición de FR y sostuvo: "El discurso de la legisladora Nadima Pecci –integrante de ese bloque– me pareció machista", y tras defender la posición feminista de sus pares, sostuvo: "Es necesario educar en contra del machismo y en contra de las relaciones de poder".

Tucumán se convirtió en la última provincia en adherir a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La norma es denominada así por Micaela García, una joven de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) por un hombre que tenía antecedentes penales por violación.