Como todos los martes, el pasado 23 de agosto se realizó una nueva audiencia en la provincia por el juicio de la Megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En esta ocasión, la Fiscalía finalizó los alegatos con los casos de las detenciones ilegales que se realizaron en aquella época en la VIII Brigada del Ejército, la cual funcionó como centro clandestino de detención (CCD). También se analizaron los casos de desaparición de Laura Terrera y Alfredo Manrique junto a la apropiación de su hija Rebeca.

El blog que sigue cada uno de los Juicios de la Megacausa en Mendoza detalló que la mayoría de los detenidos a finales de marzo de 1976, y que estuvieron en el Liceo Militar, fueron luego llevados a la Compañía de Comunicaciones VIII perteneciente al Ejército. Las víctimas fueron Horacio Julián Martínez Baca, Carlos Abihaggle, Carlos Garcetti, Rafael Antonio Morán, Osvaldo Aberastain, Carlos Venier, Jorge Reynaldo Puebla y Valentín Montemayor. 

En tanto, los acusados son Dardo Migno, Ramón Ángel Puebla y Armando Osvaldo Fernández Miranda. Las acusaciones que pesan sobre ellos son por privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, abuso deshonesto agravado por la calidad de autor y asociación ilícita. 

Por el caso de Juan Ramón Salomón Yapur, quien divulgaba un semanario vitivinícola, quedó acusado Paulino Enrique Furió, responsable de Inteligencia del Ejército. Los delitos que se le atribuyen son privación abusiva de la libertad, tormentos agravados y también asociación ilícita.

Fue después de un cuarto intermedio cuando la fiscal Patricia Santoni hizo hincapié en los secuestros y desapariciones de Alfredo Manrique y Laura Terrera, así como en la apropiación de la beba de ocho meses Rebeca Celina Manrique Terrera en julio de 1977. Los apropiadores de la niña fueron Arnaldo Guiráldez e Inés Sánchez, quienes confeccionaron un acta de nacimiento fechada el 5 de agosto de 1977, además de un DNI falso. En 2007 se confirmó que Silvina, nombre que le dio la familia apropiadora, era la nieta recuperada N.º 87 y así recuperó su identidad.

Por el caso, Paulino Enrique Furió, exjefe de Inteligencia del G2 dependiente de la VIII Brigada de Montaña, quedó acusado de homicidio doblemente agravado por alevosía, por mediar concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Laura Terrera y Alfredo Manrique, falsedad ideológica de la documentación, supresión de identidad de una menor de 10 años y sustracción, retención y ocultación de una menor de 10 años en perjuicio de Celina Manrique.

La crónica también especificó que la fiscalía se abstuvo de acusar a Alcides Paris Francisca, sospechoso por las detenciones ilegales de Víctor Vargas y Jorge Solís. El Ministerio Público intentó dar con el paradero del denunciante, Solís, pero no lo consiguió. Ninguno de los datos que obran en el legajo pudo corroborarse, y por ello la abstención tomó fuerza. En la próxima audiencia se espera que dicho Ministerio dé a conocer las penas que solicitarán para los acusados.