El fin de este 2015 está marcado por cuatro hechos vinculados con la Justicia. Dos son del fuero local y otros dos, por su repercusión en el imaginario social, tienen alcance nacional:

1- La Corte enfrentada con el Procurador en Mendoza por la limitación a las detenciones. Antes de irse de vacaciones a la costa atlántica, Rodolfo González recurrió a la Corte Nacional para buscar la anulación del fallo de la Corte local que le impone al Procurador agilizar las acciones de los fiscales que conduce para que justifiquen la aplicación de la prisión preventiva. Lo curioso es que González no pidió tiempo judicial extra durante el receso de enero, por lo cual el trámite quedará para febrero de 2016. La Corte podría dar espacio a la ONG Xumek, parte interesada que logró que el Alto Tribunal diera lugar al Habeas corpus a favor de los detenidos procesados. Con este gesto, González transparenta la pelea interna del Poder Judicial, donde es duramente criticado por el ala progresista, encarnada por el jefe de Corte Omar Palermo.

2- Un fiscal mendocino imputado por no investigar. El exfiscal especial Daniel Carniello es ahora investigado por presuntas irregularidades en seis expedientes. El fiscal de Capital, Gustavo Pirrello, lo acusará por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y falta de promoción en la persecución y represión de delincuentes”. Por eso, pedirá al Jury de Enjuiciamiento que le quite los fueros. Carniello declaró y señaló al procurador González como el impulsor de sus calamidades. Reclamó el juicio político para el Procurador por "pisar" durante siete meses ese expediente que lo investigaba, donde se guardan las escuchas telefónicas enviadas por la Justicia Federal. Es evidente que el encono personal entre González y Carniello trasciende este caso, además de una sospecha de cierto oportunismo para impulsar esta causa coincidente con la imputación que Carniello le impuso a dos exfuncionarios peronistas.

3- Dos exfuncionarios K condenados a prisión por la tragedia de Once.  El Tribunal Oral Federal N.º 2 sentenció a los imputados luego de 3 años, 10 meses y 7 días exactos de ocurrido el desastre. El juicio duró 22 meses, fueron 138 audiencias y más de 200 testigos. Claudio Cirigliano, el dueño de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), fue condenado a 9 años de prisión y los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, a 8 y 6 años respectivamente. El fallo aparece como trascendente en el tiempo venidero porque ha quedado la sensación de que se venció la impunidad y de que se trata de un caso en el que la corrupción, orquestada por un privado y el Estado nacional, produjo la muerte de más de medio centenar de personas.

4- Un presidente sobreseído en un caso de escuchas ilegales. El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales a su excuñado y a un familiar de una víctima del atentado contra la AMIA. Hay una diferencia entre las responsabilidades “políticas y las responsabilidades penales” y la tarea de la Justicia es reunir pruebas para penar estas últimas, según explicaron fuentes judiciales, consignan las crónicas del pronunciamiento del juez.