El jueves 14 a la tarde, Alberto Fernández ratificó que la primera etapa de vacunación contra la COVID-19 será únicamente a través de la Sputnik V, si Vladimir Putin cumple con su promesa y envía 30 millones de dosis de la vacuna rusa antes de que concluya marzo.

Ese día en la Casa Rosada, antes de protagonizar la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el presidente dialogó con Noubar Afeyan, titular de la empresa farmacéutica Moderna. La conclusión fue casi una obviedad: Moderna puede vender sus vacunas aprobadas en Estados Unidos, pero recién llegarían a la Argentina en el segundo semestre.

Afeyan es amigo del empresario Eduardo Eurnekian y juntos exigen a nivel global que Turquía reconozca su responsabilidad política en el genocidio armenio. Eurnekian habló con Alberto Fernández antes de fin de año y lo puso en contacto con Afeyan, que lidera una compañía que ya cerró acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Israel y la Unión Europea

La Casa Blanca desembolsó en Moderna cerca de 1000 millones de dólares para apoyar la producción a gran escala y la vacuna se muestra efectiva en los grupos de riesgo de mayores de 60 años. Este aspecto técnico es clave: la Sputnik V no alcanza a este grupo etario y aún no se sabe cuándo las autoridades sanitarias de Rusia aprobarán su aplicación.

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En su despacho de Balcarce 50, Alberto Fernández dialogó con Afeyan durante treinta minutos. Estaban también Ginés González García, ministro de Salud; Carla Vizzotti, secretaria de Salud, y Cecilia Nicolini, asesora del jefe de Estado. “La charla fue una aproximación y, si al final nos ponemos de acuerdo, las vacunas llegarían después del segundo trimestre”, comentó el presidente en la Casa Rosada.

El pronóstico de Alberto Fernández ratificó que la vacunación en la Argentina –primera etapa– dependerá de la buena voluntad del Kremlin. Putin ya remitió 300 000 Sputnik V –dosis una y dos– que se aplicarán a los trabajadores esenciales. A continuación, debería llegar un volumen cercano a las 30 millones de dosis –una y dos– antes de que concluya marzo.

Sin embargo, esta promesa tiene un problema logístico. En Moscú reconocen que esas 30 millones de dosis aún no están todas fabricadas –en las plantas de Corea del Sur y la India– y no dan precisiones respecto a la autorización oficial para aplicar esas vacunas a los mayores de 60 años.

Frente a este contratiempo verosímil, el Gobierno no tiene plan B. Todavía no se cerró el contrato con la empresa china Sinopharm; si ello sucediera, el primer embarque de un millón de vacunas –dosis una y dos– recién aterrizaría en Ezeiza hacia mediados de febrero. Al igual que con la Sputnik V, la vacuna china aún no fue autorizada para aplicarse al grupo de riesgo de mayores de 60 años.

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La ausencia de un eventual plan B puede derivar en un nuevo tironeo político entre la Casa Rosada y las 24 provincias. Alberto Fernández debió modificar su plan de prohibir la circulación nocturna para atenuar el rebrote de la COVID-19 frente al rechazo de los gobernadores, que optaron por una estrategia más laxa para atender el humor social de sus distritos y la compleja situación económica del interior. Esa rebelión política, que se resolvió entre bambalinas y se explicitó en un tenue decreto reglamentario, puede tener una escalada si las vacunas rusas no llegan o si la población de determinadas provincias resiste la posibilidad de usar la Sputnik V.

Hasta ahora, el Estado Nacional concentra la decisión institucional de comprar las vacunas y después distribuirlas –en términos proporcionales– a las 24 provincias, pero en los últimos días, ciertos gobernadores empezaron a evaluar la posibilidad de solicitar al Presidente la autorización para comprar vacunas por afuera del Estado, si lo único que llega es la vacuna rusa, hay resistencia a su uso o no es posible aplicarla a mayores de 60 años. “Definitivamente, no”, dijo Alberto Fernández en Olivos cuando le preguntaron al respecto, y concluyó: “Firmamos acuerdos por 51 millones de dosis, a nadie le faltará su vacuna”.