Los feriantes de Guaymallén que fueron desalojados a principios de enero de la Estación Belgrano se concentraron en la explanada de la municipalidad para obtener una respuesta a su reclamo por parte de las autoridades de la comuna. Oscar Puebla, uno de los feriantes, aseguró que no hay protección por parte del Estado y que el sábado pasado, cuando intentaron trabajar, fueron brutalmente reprimidos. En la otra vereda, desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad insisten con que el desalojo se trata de un “ajuste a derecho” para todos los vecinos de Guaymallén.

Oscar Puebla comentó en diálogo con Unidiversidad que el conflicto entre los feriantes y la Municipalidad comenzó en noviembre del año pasado, cuando desde el Municipio les pidieron que desalojaran la estación. Ya en el 2014 habían sido echados de la Feria de Guaymallén. El 31 de diciembre pasado les llegó nota de desalojo, pudieron extender la situación hasta el 9 de enero y, según el feriante, no hubo más posibilidad de diálogo.

También aseguró que el pasado sábado 14, cuando intentaron trabajar en sus puestos, fueron  brutalmente reprimidos y 6 de ellos resultaron procesados sin saber por qué. Afirmó que hubo gases lacrimógenos, que fueron golpeados y maltratados. Por esa situación hoy se autoconvocaron a la explanada de la Municipalidad a esperar una respuesta del intendente Marcelino Iglesias.

“Queremos que se normalice la actividad o que se dé el traslado inmediatamente”, pidió Puebla. Dijo, además, que son 560 familias las que dependen de ese trabajo y que desde la Municipalidad mienten al decir que no tienen liibreta sanitaria ni cursos de manipulación de alimentos. “El Intendente lo sabe porque estuvo en nuestra feria. Comió de nuestras comidas y tomó de nuestros jugos, y ahora sale a decir todo lo contrario”, explicó el trabajador. Y agregó que al no poder trabajar, la están pasando muy mal porque “la crisis es grande y el hambre, también”.

En tanto, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Guaymallén, Nicolás González, contó una versión totalmente distinta. Aseguró que en octubre las autoridades municipales informaron a los feriantes que no podían seguir realizando su actividad en el espacio público. Lo que exigía la Municipalidad era, según González, que los productos sean de procedencias justificables y que la actividad económica se desarrollara bajo parámetros correctos. “Tenemos que ordenar la actividad económica que se realiza en la calle”, afirmó el secretario.

También contó otra historia con respecto a la intervención de la policía el sábado pasado: “un grupo minoritario se quiso manifestar en Godoy Cruz y Mitre; la policía lo único que hizo fue ajustarlos a derecho. La policía obró de manera proporcionada, no hubo balas de goma ni gases”, fue la versión de González.

Por otro lado, el funcionario municipal pidió que los feriantes se acerquen a Furrier y Tropero Sosa para que completen una encuesta socioeconómica y se pueda abordar su problemática de manera “integral” para el feriante y la familia.

Respecto de lo “público” de la problemática, para González la actividad que realizan los feriantes es una actividad privada: “Son ellos los que deben decidir en qué espacio privado se desempeñarían”, y que en ese sentido la municipalidad los podría ayudar “subsidiándolos temporalmente” en el sector privado. En tanto, en ese mismo aspecto, Puebla expresó que lo único que conseguirían si fueran a algún lugar privado sería beneficiar a algún “amigo” de la Municipalidad.