El femicidio de Úrsula Bahillo puso sobre la mesa un tema que como sociedad no podemos obviar: ¿qué pasa cuándo el denunciado por violencia de género es un policía? Luego de 18 denuncias, la joven mujer fue asesinada por su exnovio, un oficial de la Policía Bonaerense.

Ni Una Menos nacional organizó una movilización para el jueves 17 de febrero y en la imagen de la convocatoria se pinta una bandera sostenida durante los reclamos de justicia por el femicidio de Bahillo: “¿De la policía quién nos cuida?”.

Al respecto habló María del Carmen Verdú, referenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi): “Cuando se interceptan, la violencia machista y la estatal se potencian”.

A pesar de haber sido denunciado numerosas veces ante la Comisaría de la Mujer, Martínez nunca fue separado de la fuerza ni se tomaron medidas disciplinarias. El policía tenía licencia psiquiátrica desde diciembre. Correpi acuñó la expresión "femicidios de uniforme" como “la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal”.

VER TAMBIÉN: Femicidio de Úrsula: el atacante, un policía, tenía denuncias previas 

Cabe recordar uno de los casos más resonantes. El 4 de febrero se cumplieron 20 años del femicidio de Natalia Melmann en Miramar, adolescente secuestrada, violada y asesinada por policías bonaerenses locales. Tres de ellos fueron condenados a prisión perpetua y otro está a la espera de un juicio en su contra.

El Observatorio Adriana Marisel Zambrano, dirigido por La Casa del Encuentro, publicó en 2020 el libro Por ellas… 10 años de informes de femicidios en Argentina, que reúne cifras y estadísticas sobre el tema entre 2008 y 2017. En estos 10 años de informes, se registran “157 femicidios cometidos por actuales o ex fuerzas de seguridad”.

“Las mujeres que están atrapadas en situaciones de violencia machista deben sortear mayores dificultades si sus agresores son o fueron parte de las fuerzas de seguridad. Esta circunstancia trae aparejada un aumento del riesgo, como así también un incremento en los obstáculos para pedir ayuda”, publica en el libro “Por ellas…”.

VER TAMBIÉN: En 2020 hubo un femicidio cada 29 horas en Argentina

El monitoreo desde 2018 hasta la actualidad de La Casa del Encuentro revela que 214 femicidas pertenecen o han pertenecido a alguna fuerza. Los números, siempre alarmantes, son publicados por numerosas organizaciones especializadas en el tema. 

El Observatorio de Mujeres de MuMaLá asegura que el 12% de los femicidios de enero fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. De ese total, el 33% fue con el arma reglamentaria. Por su parte, Ahora que sí nos ven relevó que en 2020, quince femicidas pertenecían a alguna fuerza; y en enero de 2021, tres (dos militares y un policía).    

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) posee una plataforma que “reúne datos actualizados sobre lesiones y muertes producidas por las fuerzas de seguridad argentinas para contribuir a monitorear sus intervenciones y orientar políticas de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos”. Según publican, entre 2010 y 2010, solo en el AMBA, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías. 

VER TAMBIÉN: “Falta voluntad y decisión para aplicar las leyes contra la violencia de género"

"Una de las cuestiones que se repiten -que no se vio en el caso de Úrsula- es el rol del arma reglamentaria. Los policías en general la portan las 24 horas. Hay episodios en que aparece como la herramienta con la que se hostiga, se amenaza o se infligen heridas sobre las víctimas", señaló Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS.

En 2020, el Ministerio de Seguridad reforzó su política para quitarle el arma reglamentaria a los agentes federales denunciados y Darraidou aseguró que "sería relevante extender esta normativa a todas las policías", refiriéndose también a las provinciales. Además, se hace necesario establecer otros mecanismos para la investigación en casos de femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad: 

"Por lo general en casos de violencia institucional las respuestas policiales tratan de hacer valer su propia versión. La Policía cumple una de sus funciones, que es ser auxiliar de la Justicia, y tiene un rol en la escena de un crimen. Hay casos que muestran cómo se trata de entorpecerla para hacer valer la versión policial. Lo importante sería que se disponga la intervención de otra fuerza distinta a la que el implicado pertenece", propuso la coordinadora para desarticular el encubrimiento policial.

María del Carmen Verdú reflexiona en el mismo sentido: “Las comisarías de la mujer son la misma comisaría de siempre con un cartelito que dice 'de la mujer'. Creo que tenemos que sacar del escenario a las fuerzas. Hay otros lugares de recepción de denuncias atendidos por personal civil". 

VER TAMBIÉN: Ni Una Menos: “Es mentira que la policía tiene perspectiva de género” 

Aseguró que el problema era estructural, ya que “el aparato judicial y represivo están construidos a imagen y semejanza de los intereses y privilegios que defienden”. “La misma fiscalía que investiga el femicidio de Úrsula es la que no le dio pelota con las amenazas. ¿Se va a sancionar a sí misma?", ironizó Verdú.

La ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, se ha mostrado atenta a este tema. El miércoles 10 de febrero encabezó el primer encuentro virtual de la Mesa Federal de Seguridad, Género y Diversidad, que busca crear un "espacio de diálogo e intercambio" entre las áreas especializadas en temáticas de género y diversidad de las carteras de seguridad provinciales y el Gobierno nacional. El objetivo es promover y diseñar políticas públicas tendientes a "garantizar el respeto por los derechos humanos en el accionar de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y provinciales".

VER TAMBIÉN: Caso Florencia: “En este país, nadie tiene confianza en la policía”