Malvina Luera (41) y Cristóbal Cardozo (55) integran una especie en extinción en el Cinturón de Verde (CV) del Gran Mendoza: el de las familias productoras que cultivan hortalizas en esa franja que rodea al área metropolitana y que se consumen en todo el país. El número de esas pequeñas explotaciones se reduce desde hace años, aunque esa caída no se refleja en la cantidad de hectáreas cultivadas, ya que pasan a manos de empresas que concentran la producción.

Malvina y Cristóbal no quieren ser parte de una especie de extinción. Dicen a Unidiversidad que esa franja productiva es vital para la vida y la alimentación de los habitantes. Tienen razón: el 95 % de la verdura fresca que se cultiva en sus 25 mil hectáreas se consumen en todo el país, a lo que suma su valor ambiental, por ser un pequeño pulmón ubicado entre el campo y la ciudad.

Existen razones alimentarias, económicas, ambientales y productivas para cuidar esa zona. Y también sociales: porque para Malvina, que vive en Maipú, y para Cristóbal, que produce en Lavalle, esa tierra es el lugar donde quieren vivir y hacer lo que saben hacer: plantar, podar, cultivar, producir.

“Nosotros nos seguimos quedando porque es el lugar donde nacimos, es lo que queremos seguir siendo, seguimos resistiendo. Nos preguntan todas las semanas cuándo vamos a lotear, y mi papá y yo respondemos que no queremos lotear, que queremos seguir estando acá, seguir trabajando en la finca, queremos seguir resistiendo. Estamos en esa pelea, porque para mi papá y para muchos otros, esta es su vida”, resume Malvina.El avance inmobiliario sobre las mejores tierras productivas es uno de los factores que amenaza a la zona. Foto: Unidiversidad

Entre la ciudad y el campo

Mabel Pereyra, coordinadora de la Plataforma Periurbanos Productivos de Mendoza y San Juan, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), define a esa franja parecida a un cinturón que rodea a la ciudad –de ahí su nombre– como un agroecosistema. Dice que comienza en  el sur de Lavalle (El Vergel y Las Violetas), pasa por Guaymallén (Los Corralitos, Kilómetro 8, Kilómetro 11, Colonia Molina, Colonia Segovia y Puente de Hierro), continúa en Maipú (Colonia Bombal, Coquimbito, Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán, San Roque y General Ortega) y termina en Luján de Cuyo (Agrelo, Ugarteche, parte de Carrizal y Perdriel), aunque aclara que la inclusión del último departamento es materia de discusión, porque es un sector dinámico, cuyos límites se corrieron en los últimos años hacia las periferias.

El área –comenta la ingeniera agrónoma– se caracteriza por la producción de alimentos frescos, con preponderancia de hortalizas, tanto las denominadas pesadas (ajo, papa, cebolla), como las livianas, de hoja, a las que se suman frutales, vid, olivos, especias y flores, aunque en menor medida. Esa producción se vende a través de los mercados de concentración de Mendoza y a otras regiones del país.

Pereyra explica que en los 90 comenzó la retracción de explotaciones pequeñas, que el 24 % dejó de producir, aunque las hectáreas cultivadas –25.698– no se redujeron en la misma proporción, sino que se mantuvieron, de acuerdo a los datos del último Censo Nacional Agropecuario.

En este sentido, la socióloga y profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO Caterina Dalmasso subraya la necesidad de definir claramente la retracción de esa franja productiva, porque explica que –si bien hay menos explotaciones pequeñas– la superficie no varió, e incluso se amplió en algunos sectores, como en el caso que estudió del distrito de Fray Luis Beltrán, en Maipú. Esto, comenta, marca un proceso de concentración de la producción en manos de grandes explotaciones, lo que significa la pérdida de la fuente laboral y del lugar de vida para las familias campesinas.

Teniendo en cuenta que la cantidad de hectáreas cultivadas no se redujo, ¿qué problema implicaría la concentración de la producción? Dalmasso responde: “No podría decir el problema a futuro, pero puedo decir lo que intuyo: que la estructura productiva esté más concentrada impacta en cómo nos alimentamos, en el encarecimiento de los productos, porque no hay competencia, no hay diversidad. Además, el costo del corrimiento del Cinturón (hacia zonas más alejadas) es grande, es perder al pequeño productor, porque hay que tener en cuenta la relación entre ese corrimiento y el agua, porque más lejos hay que hacer infraestructura, pozos, que es muy cara, además de las restricciones hídricas existentes”.

Presiones e intereses sobre la zona rural

¿Por qué se reduce la cantidad de familias productoras? ¿Por qué venden las fincas? Pereyra y Dalmasso coinciden en explicar que –como en cualquier problemática compleja– no hay una razón, sino una multiplicidad. Y enumeran las centrales: el avance de la urbanización sobre distritos rurales, la escasa rentabilidad y tecnificación, la falta de recambio generacional y de infraestructura en las zonas rurales, el éxodo de jóvenes y las restricciones hídricas, entre muchas.

Martín Pérez, docente e investigador del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO y de INTA, resume todas las razones en una que considera central: la económica. “Hay que tener en cuenta que esto es propio de un sistema capitalista. El suelo adquiere un valor central, no hay otra explicación más que económica. Mientras la renta del suelo siga siendo la que manda, mientras un proyecto inmobiliario sea más rentable que la actividad productiva, será complejo. El otro aspecto es que, si la producción está muy atomizada, no puede enfrentar el capital de mercado, por eso es necesario buscar soluciones”.

Pese a la complejidad de la problemática, el profesor subraya la necesidad de proteger esta franja productiva y da las razones: brinda alimentos frescos de cercanía (es decir que no necesitan largos traslados), es el lugar de vida de muchas familias productoras y aporta un valor ambiental y ecológico, muy cerca de la ciudad. Explica que este proceso de presión sobre los cinturones verdes no solo se da en Mendoza, sino en el resto de las provincias productoras y en la mayoría de las capitales del mundo, y que su profundidad depende de los mayores o menores controles que existen sobre las áreas rurales.

Malvina asegura que quiere seguir viviendo y produciendo en el campo. Foto: gentileza Malvina Luera

De la teoría a la práctica

Todas esas razones de la academia las enfrentan a diario Malvina y Cristóbal, cuyas historias son un reflejo de las de cientos de familias productoras.

Malvina vive y produce en la misma finca de dos hectáreas en la que nació, ubicada en Fray Luis Beltrán, Maipú, a 30 kilómetros de la Ciudad. Ahí, junto con su papá José, su mamá Andrea y su hermana Analía, cultivan todo tipo de hortalizas.

La mujer cuenta que en el 2000 comenzaron a lotear fincas para hacer barrios y que el proceso no se detuvo. “Ha sido un cambio grande el avance de la construcción. Nosotros estamos rodeados, tenemos tres barrios alrededor y uno que se está construyendo enfrente, y se nota mucho, cambió nuestra vida. Antes podías cruzarte por las fincas, teníamos 30 hectáreas para caminar, charlabas con los vecinos, teníamos un pozo de agua comunitario, había una comunicación fluida. Hoy el contraste con los barrios es tremendo. No es que no tengamos relación, pero es mucha cantidad de gente y ya sabés que las primeras filas y las últimas las perdés, porque se llevan todo”.

La productora explica que la urbanización también produjo un retroceso en la situación económica y social de muchas familias, que antes eran dueñas de la tierra o la alquilaban y, ahora, deben trabajar para otros o buscar nuevas alternativas laborales.

La urbanización, la baja rentabilidad y la escasa infraestructura en la zona rural llevaron a un grupo a formar en 2008 la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo (Aprepo), en la que participan 500 familias de Maipú, San Martín, Junín y Rivadavia. Entendieron que la organización era clave y lograron algunas ayudas de la comuna maipucina, como insumos y un aporte directo a 200 familias que sufrieron pérdidas totales por las inclemencias climáticas.

“En la asociación hay muchos jóvenes y lo que estamos haciendo es por ellos, para que no se vayan, para que tengan mejores condiciones, para que tengan la posibilidad de decidir si quieren quedarse a trabajar aquí, y no que sean expulsados porque no tienen condiciones mínimas para vivir”.

Pese a las dificultades, Malvina cuenta las razones por las que decide quedarse. “Esto es lo que sabemos hacer, nos criamos trabajando la tierra. No lo digo como una explotación, sino en el buen sentido: aprendimos esta cultura que es importante, que es distinta. No le decimos no a la ciudad, sino que es distinta. Acá existe ese respeto de la gente, ese silencio, podés escuchar los pájaros”, resume.Cristóbal cuenta que cultivan en la finca que tienen en comodato con el Estado, luego de la quiebra de la agrícola en la que trabajaban. Foto: gentileza Cristóbal Cardozo

Cristóbal Cardozo vive en una finca ubicada entre el distrito de Las Violetas y el de Los Álamos, a 17 kilómetros de la villa de Lavalle. En 2015, debido a la baja rentabilidad, formó con otras 20 familias la Cooperativa Agroecológica Nueva Colonia, que fue el inicio del cambio de la producción tradicional a una sin agroquímicos. Cuenta que no fue fácil, pero, después de años de pruebas y errores, hoy venden todo lo que cultivan –unas 14 variedades– en la feria del Parque Central, de Ciudad.

Cristóbal comenta que producen en una finca en comodato entre las familias y el Estado. Esto, luego de que la mayoría quedara sin empleo cuando quebró la empresa agrícola en la que trabajaban.

El productor enumera los problemas que enfrentan: la urbanización de las tierras, la concentración de la producción en manos de grandes empresas y la falta de agua, que obligó a la organización a reducir a la mitad la producción, que pasó de 15 a 8 hectáreas.

Cristóbal dice que la gran apuesta de la organización es mirar a las nuevas generaciones. “La construcción de barrios se produce porque el campo no da ganancias, entonces los jóvenes se van a la ciudad, buscan oportunidades en lugares más céntricos. Nuestra lucha es por los jóvenes, no solo para que se queden a producir, sino también para darle valor a la tierra, al campo, porque esta es una doble cara, el campo sin gente no funciona”.Veinte familias que producen en Lavalle reconvirtieron su producción de tradicional a agroecológico y hoy venden en la feria del Parque Central. Foto: gentileza Cristóbal Cardozo

Frenar el avance urbano

Uno de los factores que presionan al Cinturón Verde es la urbanización. La Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, el plan provincial y los municipales son instrumentos jurídicos que permitieron determinar las zonas urbanas, las rurales y las de interfase de las comunas, así como las actividades permitidas y prohibidas en cada una de ellas. Sin embargo, funcionarias del Ejecutivo, departamentales e investigadoras advierten que ese es un primer paso, pero que no es suficiente.

Guaymallén es una de las comunas más afectadas por la urbanización de la franja productiva. En 2016, por medio de un decreto, frenó los nuevos emprendimientos en el área rural hasta tanto se aprobara el Plan de Ordenamiento Municipal, lo que se concretó en 2021.

La directora y la subdirectora de Planificación de la comuna, Cintia Brucki y Claudia Navarrete, respectivamente, explican que con la nueva zonificación quedó claro dónde se permite y dónde no la urbanización, y que ahora todos los emprendimientos se evalúan en esa repartición, que brinda o no la factibilidad con base en esos criterios. Además, iniciaron un proceso de diálogo muy fuerte con integrantes del Concejo Deliberante para evitar que aprueben excepciones, una forma habitual de permitir que avance un loteo en zonas rurales no aptas para ese fin.

Además del instrumento legal, las funcionarias impulsaron una campaña de comunicación para evitar que las personas compren un lote en sitios prohibidos para la urbanización, ya que muchas siguen siendo engañadas. Esto, explican, evita problemas futuros, porque les venden barato en zonas donde está prohibido asentar emprendimientos inmobiliarios.El suelo de la zona productiva de Guaymallén tiene características únicas para el cultivo de hortalizas. Foto: ilustrativa / Télam

Brucki y Navarrete consideran que las herramientas legales son importantes pero insuficientes para proteger el cinturón productivo, porque dicen que, más allá de la zonificación, siguen existiendo problemas de rentabilidad, de acceso al agua, falta de recambio generacional. Por eso, subrayan que el Gobierno provincial debe tener un plan para el sector que incluya una mirada genérica e instrumentos económicos para apoyar a las familias productoras.

“Al cinturón productivo hay que protegerlo con normativa, como la de Ordenamiento, pero, por otro lado, es necesario apalancarlo y fortalecerlo para que sea rentable, porque, si no, el productor se va a ir, porque los jóvenes que vieron sufrir tanto a los padres no quieren seguir. Por suerte, he visto mucha gente joven que viene con otras ideas, con ganas de sumar tecnología. No son hijos de productores, pero quieren seguir con la labor”, explica Brucki.

En el mismo sentido, Pereyra, Dalmasso y Pérez comparten la idea de que hace falta una visión estratégica provincial sobre el cinturón productivo que incluya su estudio, características, dinámicas y problemáticas, y, a partir de esa base –junto con organismos científicos, técnicos y las organizaciones– generar políticas públicas para protegerlo, como herramientas económicas, ayudas efectivas, incentivos para el sector productivo más vulnerable, porque las leyes por sí solas no modificarán nada.

Pereyra advierte sobre las consecuencias de no proteger a ese sector. “La tierra que se urbaniza no se puede recuperar, tiene características especiales para el cultivo que no se pueden replicar, y donde se puso cemento no se puede volver atrás. Es necesario desarrollar políticas para sostener esa ruralidad, ese sitio, y también la condición de productores. Perder ese sector tiene un doble problema: es perder ese alimento fresco de cercanía y tener una población sin salida laboral, que intenta sobrevivir con otros trabajos, como los de albañilería, venta de comida, y que además se traslada hacia la ciudad”.

La representante del Ejecutivo en la Agencia de Ordenamiento Territorial, Nadia Rapali, resalta la importancia del andamiaje jurídico con el que cuentan Mendoza y las comunas para determinar los usos del suelo, aunque coincide en la necesidad de sumar ayudas económicas específicas para ese sector productivo. La geógrafa explica que la Agencia, en conjunto con el CCT Conicet, presentará en un mes dos informes referidos al Cinturón Verde, que se realizaron con aportes no reembolsables del Fondo Mundial del Medio Ambiente: uno de base referido a las características y problemáticas de la zona y otro sobre los humedales ubicados en el sector. Un aporte que considera clave, porque destaca que ese material es la base para delinear políticas públicas que tiendan a su protección.

Proteger el Cinturón Verde y a quienes viven y cultivan en ese sector es el reclamo de las familias productoras. Y es el reclamo de Malvina Luera y Cristóbal Cardozo, que no quieren ser parte de una especie en extinción.

* Esta nota se publicó originalmente en Unidiversidad el 14 de abril de 2023.