Ariel Omar Villegas y Mónica Mariela Cari no se conocen, pero sus vidas se parecen: él cría cabras en su puesto de San Rafael, ella cultiva verduras y hortalizas en su finca de Maipú. Hay otro aspecto que los une: ambos aseguraron que el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci) –que anunció el Ejecutivo nacional– los deja abandonados, más solos, sin la asistencia técnica, sin la capacitación, sin el acompañamiento de esos profesionales que caminan los surcos desde hace años, que comparten sus saberes con el objetivo de mejorar la calidad y cantidad de la producción y las ventas.

El testimonio que brindó Ariel a Unidiversidad y el que Carina compartió con el programa Media Data, de Señal U, van a contramano de las razones que dio el Ejecutivo nacional para fundamentar el cierre del instituto: que tiene 900 trabajadores y trabajadoras y una flota de vehículos que carecen de impacto y de llegada en el territorio.

Para Ariel y Carina, en cambio, quienes los acompañan desde la sede de Mendoza del Instituto tienen un gran compromiso con las familias productoras, con ese otro campo muchas veces invisibilizado, pero cuyas manos crían y cultivan el 60 % de los alimentos que se consumen en el país.

Mónica Cari dijo que el cierre del Instituto deja desamparadas a las familias productoras. Foto: captura de imagen de Señal U

El anuncio de cierre

El 19 de marzo, el Ejecutivo anunció la eliminación del organismo y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. El primero, con su actual denominación, se creó en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque la política pública para el sector comenzó hace treinta años, durante el mandato de Carlos Saúl Menem, que lanzó el Programa Social Agropecuario.

Durante la conferencia de prensa en la que comunicó el cierre del organismo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fundamentó la decisión. “Para que tomen dimensión de la fiesta que había en el gasto público solo en este instituto, además de los 964 empleados, tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero; uno de cada tres empleados era delegado; tenía 204 vehículos, y el 85 % del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una empresa de empleo político. Además, se transferían fondos discrecionales donde actuaban cooperativas, organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo está a las claras, ya que, como se fue comunicando en estos días, no hemos recibido ni una sola queja ni reclamo de productores o de trabajadores del sector”, fueron las palabras del funcionario.

Amalia Guisasola es ingeniera agrónoma e integra la planta de 30 profesionales de la sede mendocina del instituto. Foto: Captura de imagen de Señal U.

A contramano de lo que planteó el vocero, hubo quejas. Amalia Guisasola, ingeniera agrónoma de la sede del instituto en Mendoza, dijo al programa Media Data, de Señal U, que esta política pública no lleva un año, sino 30, que el 60 % de la flota de vehículos está roto y el 40 % restante no se puede utilizar desde diciembre por orden oficial, por lo que 30 profesionales van en sus vehículos a las fincas para continuar acompañando a las familias con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, de producción y de ventas del sector.

Guisasola habló frente al ingreso de la sede local del instituto, en calle 9 de Julio, de Ciudad, donde se reunieron los y las trabajadoras luego del anuncio oficial. Hasta ese lugar llegó la productora Mónica Cari para dar testimonio de la labor que realizan.

Datos oficiales permiten dimensionar el alcance de este sector. En 2022, se inscribieron 76.869 unidades productivas de la agricultura familiar de todo el país en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), dependiente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). El número significó un incremento del 13 % de las unidades productivas, 8939 más respecto a las 67.930 registradas en 2021. Del total de las 76.869 unidades productivas familiares, las provincias que registran mayor cantidad fueron Buenos Aires (8810), Mendoza (8489), Corrientes (7327), Chaco (6937) y Misiones (5818).

Ariel explicó que profesionales del Instituto colaboraron con la comunidad para mejorar la calidad de la producción. Foto: gentileza Ariel Villegas

Un sector invisibilizado

Cari, que pertenece a la comunidad Intik Wawan, produce verduras y hortalizas en una finca del distrito La Primavera, en Maipú, lamentó la decisión oficial. “La medida nacional nos deja desamparados y no reconoce nuestro trabajo, no nos conocen, no nos valoran. Esta gente va en sus propios vehículos a nuestras fincas, yo los he visto, por eso ahora nos sentimos desamparados”, comentó. La productora contó en qué consiste ese acompañamiento: capacitación técnica, impulso para organizar una red de familias productoras y estrategias para evitar intermediarios y vender su producción en forma directa a través de ferias, algo que lograron hace tiempo.

Ariel vive con su esposa y sus tres hijos en el Puesto Los Leones, ubicado a 40 kilómetros del Nihuil y a 115 de San Rafael. Se dedica  a la cría de ganado caprino, un oficio que aprendió de su abuelo y su padre y que ejerce desde los 16 años.

En esa comunidad viven 18 familias crianceras que venden su producción caprina en San Rafael, ya que es una carne muy apreciada por turistas que visitan la zona.

Ariel vive en el puesto ubicado a 115 kilómetros de la Ciudad de San Rafael, junto a su esposa y sus tres hijos. Foto: gentileza Ariel Villegas

Ariel, que integra la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST), destacó el acompañamiento de profesionales de Agricultura Familiar. Explicó que su trabajo le permitió comprender a la comunidad la importancia de unirse para mejorar la calidad de la producción, para la compra de insumos y para vender a mejor precio el ganado.

El productor comentó que –una vez al mes– los visitaba un profesional, con el que evaluaban las problemáticas de la producción y buscaban alternativas para resolverlas. Además, colaboraban para mejorar las ventas, el  precio de los cueros de cabra, así como la carne. Hasta estuvieron a un paso de exportar, pero, a último momento, trabas burocráticas los llevaron a buscar un intermediario.

El criancero destacó que, gracias a la asistencia profesional, comenzaron a trabajar con fondos rotativos y con compras comunitarias de insumos. “Siempre nos sentimos acompañados, ellos nos visitaban una vez al mes y analizábamos los problemas que teníamos en la producción y la venta, y buscábamos soluciones”, comentó.

Ariel consideró que las políticas oficiales se olvidan de la agricultura familiar. “Al ser pequeños productores, no tenemos beneficios, solo existe el más grande, el empresario. Parece que el pequeño productor es un estorbo, pero nosotros seguimos en la lucha, aunque la producción caprina tiene muchas trabas”.

Ariel consideró que esta falta de políticas públicas para el sector incentiva el éxodo rural. “Yo no quiero salir del campo, porque ¿de qué voy a trabajar? ¿De albañil, cosechando? Acá el trabajo es duro, pero no tengo patrón, me levanto y sé qué tengo que hacer, siempre hay tareas, porque están los animales, la huerta. Lo que sí me gustaría es que los jóvenes se queden en el campo, que cuando nosotros no estemos, sigan con esta labor”, expresó.