Hay 60 conflictos por la tierra entre campesinos y privados

Sociedad

Yugra explicó que la Dirección de Activos del Ex Banco Mendoza (DAABO) estaba al tanto de la situación de las familias, pero aseguró que en 20 años “no hicieron nada” para regularizar la situación de las mismas. En 2018 -comentó- el gobierno de Mendoza puso en remate la finca, que fue adquirida por la empresa “Comercial La Sebastiana SA.

A partir de ese momento, y siempre según el relato de las familias productoras, representantes de la firma intentaron amedrentarlos y desalojarlos .

Frente a esta situación, las familias nucleadas en la Asociación Arroyo Creciente, solicitaron ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que se suspenda la ejecución del remate. A raíz de esta presentación, a fines de 2020 la Justicia se realizó una inspección ocular en la finca, pero no tomó ninguna decisión.

Las familias campesinas  producen en forma agroecológica y venden sus productos en ferias. Foto: Gentileza UST Campesina y Territorial.

Frente a la falta de respuestas judiciales, quienes integran la Asociación presentaron un recurso jerárquico ante el Ministerio de Hacienda y el gobernador Rodolfo Suarez, quien resolvió que la posesión no se vería afectada por el hecho de que la venta de la finca. Frente a esta respuesta, presentaron una acción procesal administrativa, en la fundamentaron que la decisión coloca a las familias “en una situación de desprotección de nuestros derechos como poseedores”, de acuerdo al comunicado de la organización.

En octubre de 2022, la firma que adquirió la finca demandó a las familias, y presentaron documentación de la compra. “Esta fue una acción totalmente ilegal teniendo en cuenta que la presentación contiene datos falsos, es decir que falsificaron un documento público. “Queremos poner en conocimiento a la comunidad sobre este atropello y las irregularidades que se cometieron” explicó Emilia José, otra de las integrantes de la familia.