La entidad señaló que la iniciativa busca avanzar en la reparación social y política de todas las personas asesinadas por el terrorismo de Estado en el país sudamericano.
En ese sentido, la agrupación expresó que la dictadura militar chilena comandada por Augusto Pinochet contó con la complicidad de civiles que "aún gozan de impunidad".
Esta declaración fue presentada por los familiares de ejecutados políticos en un comunicado publicado por medios internacionales.
Por otra parte, la entidad manifestó que la presentación de las querellas coincide con el Día Nacional del Ejecutado Político.
Asimismo, expresaron que con dicha iniciativa culmina la campaña llamada "Impunidad Jamás", donde señala que el Estado chileno "no ha tenido la voluntad política de iniciar ninguna investigación de estos crímenes".
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos acusó al ministro de Interior, Rodrigo Ubilla, de tener en su poder más de "100 querellas que se ha negado a firmar".
La organización denuncia que durante más de 22 años los Gobiernos de turno se negaron a investigar y sancionar a los agentes del Estado que cometieron asesinatos durante la dictadura pinochetista.
Según informes oficiales, durante el gobierno de facto de Pinochet, unos 2 mil 300 chilenos fueron asesinados por agentes del Estado.
Mil 192 aún permanecen como desaparecidos, mientras otros 28 mil fueron torturados y encarcelados por causas políticas.