Familia es el fuero olvidado del Poder Judicial de Mendoza. Jueces, juezas y trabajadoras pensaron que ese olvido llegaba a su fin con la acordada de la Suprema Corte que visibilizó el problema, el número excesivo de causas que manejan y dispuso el traslado de personal desde el fuero Civil. La esperanza duró poco: el máximo tribunal dio marcha atrás con la medida, se peleó con el Ejecutivo y ellas y ellos se quedaron –otra vez– con 2200 causas cada uno, intentando cumplir con la descentralización, con la oralidad y –sobre todo– respondiendo lo mejor posible a la creciente demanda en materia de violencia, sin la estructura ni los recursos humanos ni edilicios necesarios.

La sensación en los juzgados de Familia es similar. Agobio, cansancio, bronca y enojo son las palabras que repiten quienes trabajan en distintos juzgados del Gran Mendoza y Lavalle, que conforman la primera circunscripción judicial, donde, según las estadísticas oficiales, el número de causas creció el 60,30 % entre 2006 y 2018, y sigue en aumento.

Daniela Peralta, Carlos Neirotti y Daniela Alma son tres juezas y jueces de Familia que celebraron la acordada porque, aseguraron a Unidiversidad, que por primera vez la Corte reconocía un problema histórico e implementaba un principio de solución. Ahora, después de la marcha atrás, sus niveles de esperanza –mejor de dicho, de desesperanza– están directamente relacionados con la cantidad de tiempo que lleven advirtiendo sobre la situación y solicitando recursos: los dos primeros hace nueve años que son magistrados y la tercera es titular del Juzgado N.º 13 de Luján de Cuyo, desde agosto de 2019.

Nanclares criticó a jueces civiles y defendió el traslado de personal

Fue en el acto de apertura del año judicial. Si bien insistió con que está bien la medida que prevé el traspaso de personal desde el foro Civil al de Familia, reconoció que hubo fallas en el cómo se hizo.

Con 20 años en la Justicia y 9 al frente del 8.º Juzgado de Familia de Godoy Cruz, Peralta habla sin eufemismos. Dice que ella -y el resto de los y las magistradas- no son víctimas, que eligieron este fuero por vocación y que les pagan por prestar un servicio, pero asegura que se sienten agobiados, con un nivel de exigencia, de responsabilidad y de estrés terribles por la cantidad de causas que manejan y la naturaleza de los conflictos que dirimen sin contar con las herramientas necesarias.

Pese a este agobio, Peralta repite que no son lo importante, pero que en el medio de esta marcha atrás quedaron los que sí lo son: los ciudadanos y las ciudadanas que buscan respuestas para un abanico enorme de conflictos familiares, entre ellos, los relacionados con la violencia y que necesitan respuestas urgentes.

En el mismo sentido, Neirotti deja en claro que a la conflictividad social –cuya caja de resonancia es este fuero– no se le puede poner un freno, un tope, que se deben recibir las denuncias e intentar brindar las mejores respuestas posibles. Aquí se trata –recalca– de la vida, de la defensa de derechos básicos, de la integridad de las personas.

Alma asegura que las causas fueron en aumento, especialmente impulsadas por las problemáticas de violencia familiar y de género, y que esa demanda social, en algunos casos, no fue de la mano con la infraestructura. Pese a esto, se esperanza con que la Corte busque nuevos mecanismos para brindar respuestas.  

Ninguno de los tres opina sobre la rebelión de los jueces civiles que logró frenar el traslado de 60 personas. Aseguran que de lo único que hablan es de Familia, de la situación que enfrentan y de la necesidad de contar con recursos indispensables para brindar un buen servicio a la comunidad. 

La titular del 8.º Juzgado de Familia, de Godoy Cruz, Daniela Peralta, aseguró que están agobiados por la cantidad de causas. Foto: Ariela Pientro

Marcha y contramarcha

El 17 de febrero de 2020, a través de la acordada N.° 29489, la Suprema Corte de Justicia visibilizó por primera vez la sobrecarga del fuero. Como un principio de solución, decidió el traslado de 60 empleados de los juzgados civiles a los de Familia, con la intención de reforzarlos.

El fundamento central de los supremos para tomar esa decisión fueron las estadísticas. En la misma acordada consignaron que, de 2006 a 2018, las causas en el fuero Civil disminuyeron el 56 % (pasaron de 19 628 a 9303) y que, en promedio, los 30 magistrados que trabajan en la primera circunscripción tienen en sus manos 288 procesos al año cada uno. En contraposición, en Familia y durante el mismo período, las causas se incrementaron el 60,30 % (pasaron de 21 256 a 28 980) y cada uno de las 13 juezas y jueces maneja en promedio 2229 causas al año.

Suarez enviará un proyecto para regular salarios en el Poder Judicial

El gobernador, Rodolfo Suarez, anunció el envío de un proyecto de ley cuyo foco será "regular que el salario tenga directa relación con la prestación y función que se ejerza y ratificar que nadie puede cobrar más que el Gobernador".

En el último punto de la acordada, la Corte solicitó al Poder Ejecutivo el visto bueno para nombrar a diez jueces de Familia, consignando a qué departamento serían destinados. Esta solicitud es indispensable, ya que en 2017 el entonces gobernador Alfredo Cornejo introdujo un artículo en la ley de Presupuesto que detalla que el Poder Judicial no puede ocupar los cargos que quedan vacantes sin pedirle permiso al Ejecutivo, lo que continúa vigente. Esto, pese a que el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, reclamó en reiteradas oportunidades la necesidad de recuperar esa facultad por los inconvenientes que les genera. 

Los jueces civiles y las asociaciones de magistrados y funcionarios se rebelaron ante la acordada por considerar que fue una medida inconsulta y que no se podía resolver un problema generando otro. En medio del tire y afloje con la Corte, se dio a conocer a algunos medios de comunicación que un grupo de 80 empleados judiciales –entre ellos, la propia secretaria de Nanclares– tenía atado su sueldo a los de los jueces (aunque no lo son ni rindieron para ello) y que llegaban a percibir sueldos de hasta 400 mil pesos. El dato enojó al gobernador Rodolfo Suarez, que presentó un proyecto de ley, que aún no se trató, para regular salarios y evitar estas equiparaciones.

El último artículo de ese proyecto fue otro mazazo para las esperanzas de los empleados y empleadas del fuero de Familia, ya que el gobernador ató la posibilidad del nombramiento de los nuevos 10 jueces y juezas al ahorro que haga el Poder Judicial poniendo en caja los sueldos de ese grupo de empleados que cobran como magistrados cuando no lo son.

Nanclares hizo mea culpa por el modo en que trasladó personal

El titular de la Suprema Corte de Justicia lamentó "haber hecho emplazamientos en 24 horas" y no dialogar con los jueces civiles antes de tomar la medida de traspaso de personal de ese fuero al de Familia. No obstante, defendió la medida.

Los trabajadores del fuero de Familia aseguraron a Unidiversidad que quedaron en medio de la discusión, algo así como si fueran los protagonistas de ese entretenimiento infantil llamado “el tonto al medio”: ven pasar la pelota, corren de un lado a otro, pero no logran atrapar el balón.

Luego de la marcha atrás de la Corte, se decidió formar una comisión para analizar qué personal podría pasar a los juzgados de Familia y se abrió un registro de voluntarios que quieran trasladarse, un proceso que continúa.

La problemática del fuero fue planteada por Nanclares, cuando presentó el pedido de presupuesto ante los legisladores, momento en que solicitó 7205 millones de pesos (pauta que ya se aprobó). Ese día explicó que se otorgarían 19 millones de pesos para la descentralización de la Justicia de Paz y Familia, con el objetivo de seguir mejorando el servicio en las distintas jurisdicciones.

“Se necesitan recursos humanos y tecnológicos, especialmente cubrir los cargos de jueces de familia, ya que hoy se hace imposible cumplir con toda la carga de trabajo”, fueron sus palabras.

Unidiversidad intentó conocer la opinión del supremo Julio Gómez, el ministro de la Corte designado como responsable del proceso de transformación en el fuero de Familia, pero la requisitoria no obtuvo respuesta.

El titular del 1.º Juzgado de Familia, Carlos Neirotti, explicó que es necesario contar con recursos humanos y materiales para brindar respuestras.  

Las razones del colapso

Existen múltiples razones que explican la sobrecarga de este fuero, pero se pueden englobar en dos grandes grupos: el primero, relacionado con las múltiples competencias que tiene y, el segundo, derivado del proceso de transformación del servicio de Justicia que impulsaron el Ejecutivo (durante el mandato del exgobernador  Alfredo Cornejo) y la Corte, que incluyó la modificación de los códigos de procedimiento, entre ellos, el de Familia y Violencia Familiar, la descentralización, la oralidad y los juzgados de gestión asociada.

Fuero penal colegiado

La promesa fue clara: los ciudadanos acusados de cometer un delito, sus familias y la de las víctimas tendrán una resolución de la causa en forma más ágil y rápida con la implementación del Fuero Penal Colegiado, un nuevo sistema que arrancó hoy (martes 3 de abril) en el Gran Mendoza y que funciona en el resto de las jurisdicciones desde marzo.

En cuanto al primer grupo, una jueza o juez de Familia tienen competencia en materia civil; por ejemplo, todas las acciones derivadas de los matrimonios, las uniones convivenciales y sus hijos o hijas, divorcio, responsabilidad parental, las derivadas del nombre, de la identidad de género y la adopción, entre muchas otras, y actúan ante la denuncia por violencia en el ámbito familiar, ya que toman las medidas urgentes, como la prohibición de acercamiento del agresor, y realizan el seguimiento. Además, tienen competencia en la protección de derechos esenciales (antes se llamaban tutelares), por lo que controlan la legalidad de las medidas excepcionales que toma el Ejecutivo para proteger a un niño o niña, como cuando lo separan de su hogar, así como de las internaciones derivadas de enfermedades psiquiátricas.

Aunque todas las materias son complejas, las denuncias por violencia en el seno familiar fueron las que dispararon la cantidad de causas que manejan. En este sentido, se acordó un protocolo con el Ministerio Público Fiscal en el que se estableció que los fiscales (del fuero Penal) debían avisar al magistrado de los casos graves, pero la realidad es que les dan aviso de todos los casos a través de una compulsa, con lo cual cada juez o jueza recibe un promedio de entre 4 y 7 causas por día, cifra que en algunos casos se eleva a 11.

El edificio de los juzgados de Familia de Godoy Cruz no cuenta con las condiciones fìsicas adecuadas para la cantidad de gente que acude a diario

Descentralización y oralidad

En cuanto al segundo grupo de razones que produjeron el colapso, es decir, los cambios que se imprimieron al sistema, uno de ellos fue la descentralización hacia los departamentos. Antes, los juzgados de Familia para el Gran Mendoza y Lavalle se concentraban en el edificio de Mitre y Montevideo, de Ciudad, pero a partir de 2011, dejaron cinco en ese lugar y crearon nuevos en Las Heras, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

Otros cambios que impulsaron vinieron de la mano de la implementación del nuevo Código de procedimiento de Familia y Violencia Familiar, que impuso la oralidad de los procesos con el fin de que el juez o la jueza estén presentes en la audiencia y se logren resoluciones más ágiles. A esto se sumó la implementación de los juzgados de gestión asociada, es decir que dos juzgados comparten el personal administrativo y funcionarios como secretarios y prosecretarios, mientras los y las magistradas se concentran en tomar las decisiones.

El ciudadano es protagonista en el Código Procesal Civil

La modificación sustancial del proyecto del nuevo Código Procesal Civil -que el Ejecutivo presentó en la Legislatura- es que pone el acento en el ciudadano y en la resolución ágil del conflicto que lo llevó a los tribunales, no en el juez o en la jueza ni en los abogados.

A simple vista, todas las modificaciones fueron positivas, porque en definitiva buscaron acercar el servicio de justicia a la comunidad y acelerar los tiempos en que se brindan las respuestas. El problema –aseguraron trabajadores y trabajadoras– fue cómo se implementaron en el fuero de Familia: sin los recursos humanos, edilicios ni tecnológicos adecuados, lo que generó –y genera– más colapso.

Hay otro aspecto que nadie menciona a viva a voz, pero es un hecho: estos mismos cambios en el servicio de justicia se realizaron primero en los fueros Penal y Civil, pero ahí se inyectaron más recursos (provinciales y otros nacionales del programa Justicia 2020) para que dieran fruto. Algo muy distinto a cómo se busca implementarlos ahora en Familia.

La situación del 8.º Juzgado de Familia, de Godoy Cruz, es una muestra de esta realidad dispar, donde 15 empleados y empleadas hacen malabares para atender la demanda. Primero funcionó en una casa que colapsó y luego se trasladó a un edificio que adquirió el Poder Judicial, pero en el que no hicieron las mejoras necesarias. El acceso es difícil porque las escaleras no están pensadas para tanta gente y tienen accesibilidad nula para personas con problemas de movilidad, los espacios de atención son ínfimos (incluidos los destinados a las víctimas de violencia, donde se necesita privacidad), no hay sistema de calefacción ni refrigeración, no hay seguridad, no hay un lugar para que esperen los niños y niñas mientras el adulto hace la denuncia, no hay sanitarios adecuados para tantas personas. "No hay" son las dos palabras que mejor definen al lugar.

Divorcios exprés y adopciones ágiles: es ley el nuevo Código Procesal de Familia

Las esperadas reformas al Código Procesal de Familia y Violencia Familiar ya son ley y solo resta que la norma llegue al Ejecutivo para su reglamentación. Este martes, en el Senado, los legisladores avalaron por unanimidad la iniciativa presentada por el gobernador Alfredo Cornejo en julio pasado y que se fue afinando en la Bicameral de Familia, Niñez y Adolescencia.

Otros juzgados tuvieron más suerte con la parte edilicia, con la puesta en marcha de la gestión asociada, pero comparten la misma realidad respecto del gran número de causas que deben resolver. A las deficiencias edilicias se suman las de personal, porque –aunque existen excepciones– en la mayoría son muy pocas manos para resolver tanto. En esos contextos, los jueces y juezas intentan resolver 2200 causas al año. ¿Cómo hacen? “Como podemos”, fue la respuesta de los consultados.

Familia es el fuero olvidado dentro del Poder Judicial. Y aunque sus trabajadoras y trabajadores pensaron que eso cambiaría con la acordada de la Corte, la marcha atrás de la decisión produjo enojo y los dejó –otra vez– a cada juez y jueza, y a sus colaboradores, con 2200 causas para resolver cada año, relacionadas con la integridad y con el respecto de derechos básicos de las personas.