Todas las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en Mendoza son mujeres. Todas. Mujeres con escasa instrucción y que son sostén de familia. Por eso los fiscales lo consideran un delito enmarcado en la violencia de género. Así surge de las causas que lleva adelante la Justicia Federal en la provincia, la mayoría de las cuales tiene como fin la explotación sexual, seguida por la laboral, según explicó el titular de la Fiscalía N.º 2, Fernando Alcaraz.

Más allá de las definiciones legales, Alcaraz dijo que la trata de personas no es otra cosa que un sistema de explotación de un ser humano a manos de otro. Sus fines pueden ser la explotación sexual, la laboral, la extracción de órganos o cualquier práctica análoga con la esclavitud, aunque en Mendoza las causas se concentran en los dos primeros.

Alcaraz consideró que desde 2010 cambió la situación respecto de este delito, y explicó que la razón fue la visibilización del problema, el involucramiento social y las políticas públicas que se pusieron en marcha. Para el fiscal, ese cambio no hubiera sido posible sin la lucha de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, secuestrada en abril de 2002 en Tucumán. La mujer no sólo abrió la Fundación María de Los Ángeles, que brinda asistencia integral a las víctimas, sino que fue la impulsora de la ley y de sus modificaciones.

El fiscal comentó que la visibilización del delito también llevó a los explotadores a cambiar: ya no pueden poner avisos de oferta sexual, pero promocionan “casas de masajes” y utilizan otras herramientas para captar a sus víctimas, como las redes sociales, que les brindan la oportunidad de seducir y engañar. También cambiaron sus métodos: no hace falta encadenar a una persona para que se prostituya o para que trabaje todo el día sin cobrar. El enorme grado de vulnerabilidad de las víctimas y las amenazas constantes sobre ellas y sus familiares, especialmente sus hijos, suelen ser suficientes.

Para el abogado, las víctimas de trata no se parecen a ninguna otra víctima, no sólo por su situación de vulnerabilidad, sino por la intensidad de los padecimientos a los que son sometidas. Alcaraz destacó la única situación que no cambió: la existencia de personas con alta vulnerabilidad social, cultural y económica, que son potenciales víctimas. Y la existencia de varones y mujeres dispuestos a explotarlos.

Un delito complejo

La trata de personas es un delito federal, lo que permite a los fiscales realizar actuaciones en cualquier lugar del país y contar con el auxilio de las fuerzas federales para evitar la posible connivencia de los uniformados locales. En la provincia hay tres fiscalías que investigan este delito: dos en el Gran Mendoza y una en San Rafael.

La mayoría de las causas se inician por denuncias realizadas a la línea nacional 145, por una causa abierta en la Justicia provincial o por denuncias presentadas por la Subsecretaría de Trabajo o la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sólo en la Fiscalía N.º 2 –que lidera Alcaraz– de enero a septiembre de 2016 se iniciaron 22 investigaciones por trata de personas con fines de explotación sexual, 10 menos que en igual período pero de 2015. Por el contrario, en idéntico lapso pero de este año, se abrieron nueve causas por ese delito con fines de explotación laboral, mientras que en igual período del año pasado se iniciaron cinco.

Alcaraz explicó que la determinación judicial del delito es compleja. Por eso, la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) capacitó a los empleados y fiscales de todo el país y elaboró protocolos que incluyen hasta cómo deben entrevistar a una víctima. El funcionario judicial comentó que la mayoría de las víctimas con fines de explotación sexual son mujeres, sostén de familia, con escasa instrucción, mendocinas –aunque hay extranjeras–, desde adolescentes hasta 45 años. En cuanto a la explotación laboral, la mayoría son
varones, con familia a cargo, extranjeros, en un rango etario que va desde la adolescencia hasta el inicio de la tercera edad.

El fiscal opinó sobre la postura de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), que asegura que se confunde el ejercicio de la prostitución con la trata de personas. El letrado aclaró que la prostitución no está penada por ley, pero sí la actuación de un tercero que explota a otra persona y limita su ámbito de libertad.

“La mujer explotada debe tener relaciones aunque esté embarazada, debe abortar porque de lo contrario no rinde como debería en un ámbito prostibulario. Entonces, si existen esas prohibiciones a la autodeterminación de la mujer, a su libertad, que afectan sin duda la dignidad de la persona, entonces estamos hablando de un delito de trata de personas”, argumentó.

Alcaraz explicó que existe un subsistema prostibulario donde no tiene el poder el Estado, sino el prostituyente, y en el que la víctima ni siquiera se visualiza como tal, ni como un sujeto de derechos. Y que es ahí donde comienza el trabajo de los tres poderes para revertir esa situación.