Pasaron casi 22 meses desde que el Gobierno provincial presentó el ítem aula. Con la idea de mejorar la productividad docente, el Ejecutivo propuso el adicional que generó el enojo del SUTE y que terminó, luego del fracaso en las paritarias, aplicado por decreto. Luego de casi dos años de su presentación en la negociación salarial, la Suprema Corte de Justicia se encamina a sentenciar sobre la constitucionalidad del adicional. Para el Gobierno fue un éxito, para el gremio es una extorsión que no mejoró la calidad educativa. Por eso la pregunta que se abre es ¿cómo será sanción sobre el polémico adicional?

Para Pablo Teixidor, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza, la resolución de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad, o no, del adicional no cambiará el fondo del problema. Señaló que la iniciativa no es mala en sí misma “pero deben considerarse algunos elementos”. En comunicación con Unidiversidad señaló que “el fundamento es lógico pero hay que rediseñar algunos elementos”, explicó el abogado al tiempo que consideró que existió una mala comunicación sobre el ítem.

Ante esto anticipó que si el Máximo Tribunal considera el incremento como constitucional, el gremio docente podrá apelar la decisión ante un tribunal superior aunque el margen a su favor será menor. “La Corte puede llegar a establecer algunos parámetros pero no modificaría la situación inicial”, explicó.

El resistido ítem aula pasó de las paritarias a la Legislatura, lugar donde se trató el aumento por decreto y luego llegó a la Justicia. Desde la casa de las leyes, el senador Juan Carlos Jaliff explicó que de acuerdo a los datos del Ejecutivo la medida fue un éxito para reducir el ausentismo docente. Sin embargo, el creador del proyecto para ampliar la Suprema Corte aprovechó para criticar las demoras en la definición. Un poco dolido luego de que fracasó el proyecto para incrementar de la Corte local, el funcionario señaló que el proyecto quería evitar las dilaciones en la Justicia y pidió “que se hagan cargo los que votaron en contra”, señaló.

En la otra punta, Héctor Fresina aseguró que acompañarán al gremio docente. El legislador aseguró que la implementación del adicional no mejoró la calidad educativa sino que se aplicó una medida extorsiva que, en su visión, hizo que los docentes fueran a trabajar en condiciones inhumanas. “Sea constitucional o no, seguiremos acompañando a los docentes en las calles”, espetó el legislador que estuvo presente durante la vigilia por el ítem aula convocado por el secretario general del gremio, Sebastián Henríquez.

Así las cosas desde el Ejecutivo no se atreven a decir nada. El secretario de Justicia, Marcelo D´Agostino prefirió no hablar sobre el tema. El gobernador Alfredo Cornejo si bien no se expresó sobre el eventual fallo de la Corte, fustigó contra los docentes que reclamaron un aumento de 50% de salario. En este caso, agregó: "Alguien que pide un 50% de recomposición salarial está para el psiquiátrico".  

El recorrido del Ítem Aula

El 15 de febrero de 2016, el Ejecutivo presentó el ítem aula. El Gobierno argumentó que el adicional era un incentivo a los docentes que se encontraban en el aula y apuntaba a aumentar el presentismo docente. El SUTE calificó la propuesta como “vergonzosa”. Después de tres reuniones fallidas, el 23 de febrero el Gobierno ratificó la posibilidad de otorgar el incremento por decreto. El sindicato docente, que en ese momento estaba bajo el mando de Adrián Mateluna, anunció jornadas de paro para el comienzo del ciclo lectivo de ese año.

Un mes después de la primera negociación, el 15 de marzo de 2016, el gobierno presentó el proyecto para aumentar el sueldo por decreto, con el adicional incluido. La noticia se conoció luego de siete reuniones paritarias fallidas. El 18 de ese mes se aprobó en el Senado y el 23 de marzo en la Cámara de Diputados. La sanción se dio de manera positiva luego de que los socios de Cambia Mendoza, Marcos Niven (PD) y Marcos Niven (FR) dieran quórum aunque votaron en contra.

Luego de varias marchas, el SUTE presentó el planteo de inconstitucionalidad en la Justicia. Así el debate pasó hasta el 2017. En marzo de este año, la Corte estaba en etapa de pruebas. En abril se conoció un fallo de la Procuración que sentenció que el ítem aula era constitucional. Si bien la decisión no es vinculante, los fundamentos del texto que dio la procuraduría puede tener relación con la sentencia del máximo tribunal.

Quedará esperar qué sucede en la Sala II, Penal y Laboral. Una de las medidas más resistidas del gobierno de Cornejo tendrá solución.  

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