Después de años de lucha, los integrantes de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura festejaron el aval que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza le dieron a la Ley 7722. Ahora, el colectivo buscará poner énfasis en su objetivo de que todos los proyectos que afecten de algún modo el medio ambiente –sean mineros o de otras industrias– cuenten con la licencia social de los vecinos del lugar donde se instalará y que el Ejecutivo tenga en cuenta esta necesidad antes de dar el visto bueno a cualquier iniciativa.

El geógrafo Marcelo Giraud, integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, festejó el fallo de la Corte que avaló la constitucionalidad de la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros. Un festejo que los integrantes de todas las organizaciones que se conformaron en la mayoría de los departamentos harán colectivo el domingo, en un encuentro que realizarán en Pareditas, San Carlos, uno de los lugares donde se inició la lucha.

Giraud reconoció la lucha de este colectivo que se gestó en 2003 a raíz de la presentación de un proyecto en la Laguna del Diamante, contra el que la organización Oikos, Red Ambiental presentó un amparo que frenó la iniciativa. Luego colaboraron en la elaboración del proyecto de ley 7722 y tuvieron una participación activa en el análisis de cada una de las iniciativas que presentaron las empresas mineras.

El profesor de la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras aseguró que el colectivo, que tiene como bandera la defensa del agua, es un movimiento socioambiental, que no responde al perfil de una organización de la sociedad civil (OSC) o una fundación, sino que está más cerca de los grupos que se formaron en el 2001. Aseguró que sus integrantes son variopintos en profesiones y en edades, y que los une el objetivo común de defender el medio ambiente.

Giraud aclaró que, si bien aún no se reunieron los integrantes de todas las asambleas, la intención a futuro es seguir de cerca el avance de proyectos mineros como San Jorge, ya que aclaró que la ley 7722 no prohíbe la minería sino que le pone restricciones. A esto sumará una mirada más amplia para poner el foco en otro tipo de actividades contaminantes, como la industria petrolera o la agrícola, así como temas relacionados con el ordenamiento territorial.

El integrante de la asamblea recalcó que continuarán ampliando las líneas de acción en las que trabajan, teniendo siempre como bandera la lucha contra las diferentes expresiones del modelo de extracción.  

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El jefe de gabinete de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Eduardo Sosa, aseguró que el Ejecutivo está en sintonía con el planteo de las asambleas populares por el agua, de exigir que cualquier emprendimiento que afecte de alguna manera los recursos naturales cuente con licencia social.

Sosa explicó que este requisito ya está en las leyes ambientales mendocinas, puesto que estipulan la necesidad de que los proyectos cuenten con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la que se evalúan todas las aristas de una iniciativa, incluido el impacto social que tendrá. Dijo que lo novedoso es que el Ejecutivo tenga en claro la necesidad de lograr este aval social, sin el cual es imposible imponer una iniciativa en cualquier comunidad.